FERNANDO VII, EL REY FELÓN

La falla producida, en el Antiguo Régimen, por la invasión napoleónica, la pasividad y el abandono de las autoridades locales y provinciales, ante el moderno Ejército francés, propició la entrada en la escena española de una serie de corrientes que habían sido despreciadas y arrinconadas por los godoyistas. La inteligencia del país se hallaba dividida: en primer lugar, los que todavía creían en el retorno puro y simple de las instituciones del Antiguo Régimen, sin cambios ni retoques, por superficiales que fueran; en segundo lugar, los llamados afrancesados, que veían en Francia un modelo aplicable a España; en tercer lugar, los que, aceptando el imposible retorno del despotismo ilustrado, veían en la tradición monárquica española soluciones aceptables, y, por último, los que creían en un modelo de corte reformista que propiciara la revolución industrial indispensable para el desarrollo de sus intereses, mediante la redacción de una Constitución burguesa.

La guerra contra los invasores franceses transcurría de una forma anárquica y sin dirección posible. Las victorias españolas se debían bien a la ayuda del ejército expedicionario inglés de Wellington, bien a las prudentes retiradas de las fuerzas napoleónicas. Mientras los españoles se batían a muerte en los campos de batalla, Fernando VII felicitaba a Napoleón por sus victorias en el suelo patrio. Incluso, de una forma voluntaria y espontánea, pidió al emperador ser aceptado como hijo adoptivo. Esto último era solicitado en los mismos días en que los ejércitos franceses estaban culminando la ocupación de Andalucía y un puñado de españoles acorralados en Cádiz organizaba la reapertura de las Cortes y se disponía a derramar hasta la última gota de sangre por el retorno de quien creían su leal y valiente rey. El cinismo, la doblez y la cobardía del «rey deseado» todavía daría, en el futuro, innumerables muestras de su peculiar agradecimiento al pueblo español con la más abyecta y traicionera de las conductas.

La obra de las Cortes de Cádiz hace ver claro a los defensores del Antiguo Régimen que el sistema liberal-burgués perjudica en demasía sus intereses y no dudan en incitar a la Iglesia, todavía más perjudicada que ellos, para arremeter contra las Cortes. Llega un momento —con motivo de la campaña electoral para las Cortes ordinarias de 1813— en que los liberales temen perder el control del poder, ante la intensa actividad de los eclesiásticos.

Napoleón, ante el signo desfavorable de la guerra en España, decide devolver el trono a Fernando VII. Y ante el anuncio del regreso del monarca, los absolutistas se mueven diligentemente y traman una alianza con el Deseado para devolverle el poder absoluto y eliminar, así, a los enemigos.

Pero las cosas no iban a resultar tan fáciles. Algo había cambiado en España. El motín de Aranjuez, de 1808, había mostrado que la presión popular, más la acción de los agitadores profesionales, podía derribar un rey. El dilema radicaba en qué pensaba hacer Fernando VII. ¿Iba a aceptar integrarse en el sistema legislado en Cádiz? ¿Iba a inclinarse hacia los deseos de los antiguos privilegiados? Se lo piensa y primero tantea el terreno. Ante todo, quiere conservar su trono y observa cómo se desarrollan los acontecimientos en España.

En la sesión de Cortes del 3 de febrero de 1814 se fijan las condiciones del retorno del monarca al país. Allí saltan las primeras chispas. El diputado por Sevilla, López Reyna, interviene y dice:

Podemos imaginar el alboroto que se produjo. El diputado fue expulsado de las Cortes. La citada intervención no era un síntoma aislado, sino que detectaba una serie de planes paralelos para hacerse con el poder. Uno de ellos era la sustitución de la Regencia, demasiado liberal, por otra presidida por la infanta Carlota y los consejeros de Estado, Castaños y Villamil. Al mismo tiempo se estaba preparando una insurrección en la que aparecían como implicados el presbítero José González Falcó y Juan Garrido, apoyados en la sombra por diputados y destacadas personalidades.

Por aquella época ya se estaba redactando un documento que llegaría a ser famoso y que pasó a la historia con el nombre de Manifiesto de los Persas, documento destinado a servir de pretexto para un futuro golpe de Estado absolutista y cuya redacción acabó el 12 de abril.

El general Copons recibe a Fernando VII en la frontera, le entrega el decreto y le escolta hasta Gerona. Desde este momento, los liberales pierden el control del rey. Las autoridades civiles y militares no colaboran con el Gobierno. El general Palafox se une en Reus a la comitiva regia y le aconseja que vaya a Zaragoza: primera violación del decreto. El 11 de abril se reúnen en Daroca los consejeros del rey y la mayoría opina que Fernando VII no debe jurar la Constitución. Mientras tanto, los periódicos controlados por los absolutistas preparaban el terreno para el retorno del absolutismo, lanzando soflamas contra los «traidores liberales». El día 15, entre Segorbe y Valencia se encuentran el general Elío y Fernando, quien al frente de sus tropas deja traslucir su pensamiento absolutista. El 16 por la tarde entra triunfalmente en Valencia y el presidente de la Regencia, el cardenal de Borbón, le entrega un ejemplar de la Constitución, y Mozo de Rosales, el Manifiesto de los Persas.

También llegan a Valencia Pérez Villamil y Lardizábal, que le entregan al rey un borrador del decreto de 4 de mayo, que restablece la monarquía absoluta. El 23 de abril, el duque de San Carlos ya había informado al embajador inglés que Fernando no juraría la Constitución. El golpe de Estado estaba en marcha. Fernando VII nombra capitán general de Castilla la Nueva a Eguía, con la orden de ocupar Madrid con el apoyo del general Elío y sus tropas. El 10 de mayo, por la noche, empieza la represión: diputados y personalidades liberales son sacados de sus camas y llevados a la cárcel. A la mañana siguiente se cierran las Cortes y se hace público el decreto del 4 de mayo por el que se declaraba nulo todo lo legislado por los liberales. Ninguna institución ni decreto quedó en pie, si exceptuamos la Junta de Crédito Público y el decreto de las Cortes por el que se suprimía el tormento. Se restablecieron paulatinamente los Consejos de Estado, Indias, Real, Inquisición, Hacienda y Órdenes.

Ante este panorama no es de extrañar, pues, que el país fuera de mal en peor. El Estado volvió a adquirir una estructura casi feudal, la Hacienda cayó en un pozo sin fondo, la corrupción se convirtió en norma y los favoritismos en ley.

CUESTIÓN SUCESORIA Y MODELO LIBERAL-BURGUÉS

El tema con el que se iba a producir la cota más alta de la crisis política sería el del problema sucesorio. Este intrincado tema está lleno de complejos y enrevesados razonamientos jurídicos tanto de una parte como de la otra. Después de su cuarto matrimonio con María Cristina, Fernando VII tuvo descendencia femenina: la infanta Isabel. Don Carlos declaró que no la aceptaría como reina. Maniobras y contramaniobras palaciegas, así como importantes presiones de potencias extranjeras, hacen dudar a Fernando que, finalmente, se decide por su hija. Don Carlos se exilia a Portugal y no tomará iniciativa importante mientras viva el rey. Al mismo tiempo, desde Madrid se toman las medidas necesarias para depurar el ejército regular, los ayuntamientos y los órganos administrativos, de elementos proclives a don Carlos. Los moderados se hacen con los resortes del poder. La noticia de la muerte del rey es la espoleta que pone en marcha la Guerra Civil, la llamada Primera Guerra Carlista. La crisis política había tocado fondo.

El término burguesía proviene del francés bourgeoisie, y los autores de la época lo entendían como la clase de ciudadanos que, poseedores de los instrumentos de trabajo o de un capital, trabajaban con sus propios recursos y no dependían de los demás.

El negocio colonial y el tráfico marítimo, fundamentados en las transacciones comerciales, fueron la base de su enriquecimiento. La política de los ilustrados favoreció su expansión, pero, al producirse la crisis colonial, el monopolio se derrumbó. Su alianza tácita con el Antiguo Régimen se rompió, alianza que había dado sus frutos políticos hasta 1808. La burguesía se había mostrado indiferente ante la Revolución francesa, hecho no tan sorprendente si nos atenemos a los resultados de su próspero monopolio del mercado colonial, que le garantizaba la monarquía absoluta. Al fallar y perder el mercado ultramarino, la burguesía comprendió que la solución de la crisis radicaba en orientar sus actividades en su propio país. Para ello necesitaba hacer imperiosamente una serie de reformas que el Antiguo Régimen no aceptó. Pedían la eliminación de una serie de trabas institucionales que favorecieran la articulación de un mercado nacional, inexistente hasta la fecha, que fomentase un desarrollo económico integrado, agrario e industrial.

Josep Fontana (Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Barcelona: Ariel, 1973, pág. 84 y ss.) ha realizado un agudo análisis de este proceso y llega a la conclusión de que la crisis de la economía española, producida por la pérdida de los mercados coloniales, condujo a la burguesía a preocuparse por los problemas globales de desarrollo del país:

Fontana, además, apunta perspicazmente que no es un azar que estos hombres tengan tras de sí al proletariado urbano que dependía de ellos (y que se opone claramente al enemigo común que representa el Antiguo Régimen, engendrador de crisis y miseria, y a sus patronos) y se aproximan al campesinado, con el que se hallan de acuerdo en la lucha contra el régimen señorial.

La versatilidad de la burguesía y su pragmatismo le impulsó a realizar las alianzas de cada momento para alcanzar sus objetivos. Si primero prosperó a la sombra de la política de los «ilustrados», más tarde abandonaría esta táctica para iniciar el asalto al Antiguo Régimen enfrentándose al poder, aliada con el campesinado. Es la etapa que va desde 1814 a 1820. Su lucha contra el absolutismo le confirió un papel de líder entre los sectores populares, un liderazgo sobre el papel de tipo revolucionario pero reformista en la práctica. La burguesía no llegaría nunca a consumar su proceso revolucionario. Política y socialmente se decantó hacia las actitudes conservadoras. Una vez instalada en el poder, se inclinaría a los viejos estamentos de tipo feudal, con tal de conservar sus propios intereses y, fundamentalmente, el «orden» social y económico del liberalismo. La resistencia al modelo de sociedad burguesa provino, entre otros, después de 1820, del pequeño campesinado español que en 1833 será uno de los sectores que definitivamente se inclinará por el bando carlista.

Al alumbrar el primer tercio del siglo XIX, la burguesía no formaba un cuerpo homogéneo. Existían diversas burguesías peninsulares: la periférica y la interior. J. J. Vicens Vives (Historia económica de España, Barcelona: Vicens Vives, l972, págs. 463 y ss.) las ha detectado instaladas en algunos lugares característicos:

El éxito económico de la burguesía ya había propiciado en la época de Carlos IV la posibilidad de que la nobleza se incorporara a las actividades mercantiles e industriales, hecho que hasta entonces era legalmente incompatible. Una Real Cédula de 18 de marzo de 1783 señalaba que ningún oficio era valladar para obtener la hidalguía, y que la práctica honrada del mismo durante tres generaciones podía promover a la nobleza. Esta Real Cédula se había promovido a instancias de la Sociedad Matritense de Amigos del País y beneficiaba a ambos lados. A la nobleza, porque se incorporaba a la obtención de pingües beneficios que reportaban las especulaciones industriales y mercantiles, y a la burguesía, porque le posibilitaba el ascenso en la escala social.

De momento, mantengamos estos escuetos datos sobre la burguesía, o las burguesías, hispana. Más adelante veremos que la atomización de las burguesías españolas, producto de la no coincidencia de los ejes desarrollo económico/desarrollo político, periferia contra meseta, pacto tripartito entre la burguesía. Cerealistas y terratenientes de Castilla, Andalucía y Extremadura y aristocracia absolutista, y polémica proteccionismo-librecambismo van a señalar las contradicciones del movimiento burgués y liberal. Contradicciones que conducirán al fracaso de la revolución burguesa, producto de la no consolidación de la revolución industrial. Pero antes, la alianza burguesía liberal/aristocracia latifundista conseguiría derribar, con la monarquía como árbitro, el sistema del Antiguo Régimen. Y el lógico proceso de la revolución campesina no iba a cuajar. J. Fontana (ob. cit. pág. 26 y ss.) ha visto clara esta evolución y afirma que: