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LA GUERRA VA ALA ESCUELA

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Entre el primero de enero de 1984 y el primero de diciembre de 2015 se cuentan, aproximadamente, 1.901.011 personas que vivieron un hecho victimizante cuando se encontraban en edad escolar, es decir, entre los 6 y los 17 años. Según información de la Dirección de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, del número expuesto, 4.737 menores debieron distanciarse de las aulas porque fueron reclutados en las filas de grupos al margen de la ley; sin embargo, el Instituto Colombia-no de Bienestar Familiar reporta que entre 1999 y 2015 atendió a 5.850 menores víctimas del mismo flagelo.

El paso de la guerra por la escuela también deja maestros desaparecidos, desplazados, exiliados, amenazados y asesinados. Escuelas afectadas en su estructura por el impacto de balas y elementos explosivos; minadas y tomadas como trincheras durante combates o como lugares de campamento por grupos armados legales e ilegales. Y, de cara a toda esta escena, familias de zonas rurales que han decidido que sus hijos no recorran el camino a las aulas para evitar que sus nombres sean fijados en las listas de víctimas. Los siguiente mapas permiten visualizar los departamentos que registran en 2015 altas tasas de matrículas oficiales de desplazados, hijos de desmovilizados y víctimas de minas anti-personal. La información es resultado del análisis de datos que presenta el Ministerio de Educación Nacional.

Antioquia-Bolívar-Caquetá-Córdoba-Huila-Magdalena-Meta Nariño-Norte de Santander-Putumayo-Santander-Sucre Tolima-Valle del Cauca Antioquia-Atlántico-Bolívar-Boyaca-Cauca-Cesar Córdoba-Cundinamarca-Huila-Magdalena-Meta Nariño-Santander-Valle del Cauca Antioquia-Bolívar-Cauca-Cesar-Córdoba Cundinamarca-La Guajira-Magdalena Norte de Santander-Nariño Santander-Tolima-Valle del Cauca

Educación para las víctimas

Finaliza el tercer lustro del siglo XXI y el país aún no cuenta con una cobertura total en educación. Las zonas rurales siguen siendo las más afectadas por cuenta, sobre todo, de la fuerte presencia de grupos armados ilega¬les y la ausencia parcial o total del Estado. Y en las zonas urbanas se detecta la necesidad del componente educativo para las víctimas que llegan huyendo de la guerra. En los siguientes mapas se exponen los lugares del país en los que se precisa de mayor oferta escolar para las víctimas. La información se toma del documento público Lineamientos para la regionalización de proyectos de inversión nacional dirigidos a la atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado. DNP.

Esta clasificación define tres categorías que son alto, medio y bajo. Alto representa la mayor necesidad del componente educación para las víctimas, seguido por las otras dos categorías.

Antioquia-Bolívar-Boyacá-Cundinamarca Nariño-Santander Caldas-Cauca-Cesar-Chocó-Córdoba-Huila-Meta Sucre-Tolima-Magdalena-Norte de Santander Valle del Cauca Amazonas-Arauca-Atlántico-Bogotá-Caquetá Casanare-Guainía-Guaviare-La Guajira-Quindío Putumayo-Risaralda-Vaupés-Vichada


“Cada sociedad es el resultado, en cierto sentido, de un modelo educativo”:

IVÁN CEPEDA

La educación es un tema tímido dentro de la agenda del proceso de paz que se desarrolla en Cuba. No obstante, en un escenario de postconflicto deberá ser un tópico fundamental. Iván Cepeda, Copresidente de la Comisión de paz del Senado de la República, reflexiona sobre el tema en la siguiente entrevista.

¿La Comisión de Paz del Senado de la República ha considerado el impacto del conflicto armado en la educación?

Yo llamo la atención sobre una exigencia que ha hecho la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, quienes han hablado de esa relación entre guerra y educación, lo que lleva a pensar que es necesario que aquí se produzca una transformación radical. Es importante que volquemos muchos recur-sos y potencialidades hacia la educación. Si uno observa las estadísticas, lo que dicen es que de cada diez víctimas, seis son personas de origen rural. Regularmente campesinos y campesinas a quienes se les ha negado el derecho a la educación. En la gran mayoría de los casos son personas que han sido desplazadas una y otra vez. Eso lleva a pensar en la pobreza, en la falta de recursos económicos y la dificultad para acceder a sistemas formales de empleo, de salud, y, por supuesto, de educación.

Si es claro que uno de los derechos vulnerados a las víctimas del conflicto armado es el acceso a la educación, ¿cuál es su opinión frente al presupuesto asignado a este sector en Colombia?

Una sociedad para la paz requiere dar un giro radical frente al problema de los presupuestos hacia la educación. La sociedad colombiana sigue siendo una sociedad volcada a la guerra, a darle cada vez más recursos al aparato de la violencia. Si este año el presupuesto asignado a educación superó por muy poco al sector defensa, eso no significa que hayamos superado ese desbalance.

¿Cuál es el papel que deben cumplir las instituciones educativas en un escenario de postconflicto?