Akal / Qué hacemos / 11

Alejandro Inurrieta, Edurne Irigoien, Nacho Murgui y José Manuel Naredo

Qué hacemos con la vivienda

 

 

 

 

Diseño de portada

RAG

 

Nota a la edición digital:

Algunos de los proyectos artísticos mencionados en el libro ya no son accesibles en la red. No obstante, por motivos historiográficos, se mantiene la referencia a la web original.

© Alejandro Inurrieta, Edurne Irigoien, Nacho Murgui y José Manuel Naredo, 2013

© Ediciones Akal, S. A., 2013

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Qué hacemos

¿Qué hacemos cuando todo parece en peligro: los derechos sociales, el Estado del bienestar, la democracia, el futuro? ¿Qué hacemos cuando se liquidan en meses conquistas de décadas, que podríamos tardar de nuevo décadas en reconquistar? ¿Qué hacemos cuando el miedo, la resignación, la rabia, nos paralizan?

¿Qué hacemos para resistir, para recuperar lo perdido, para defender lo amenazado y seguir aspirando a un futuro mejor? ¿Qué hacemos para construir la sociedad que queremos, que depende de nosotros: no de mí, de nosotros, pues el futuro será colectivo o no será?

Qué hacemos quiere contribuir a la construcción de ese «nosotros», de la resistencia colectiva y del futuro compartido. Queremos hacerlo desde un profundo análisis, con denuncias pero sobre todo con propuestas, con alternativas, con nuevas ideas. Con respuestas a los temas más urgentes, pero también otros que son relegados por esas urgencias y a los que no queremos renunciar.

Qué hacemos quiere abrir la reflexión colectiva, crear nuevas redes, espacios de encuentro. Por eso son libros de autoría colectiva, fruto del pensamiento en común, de la suma de experiencias e ideas, del debate previo: desde los colectivos sociales, desde los frentes de protesta, desde los sectores afectados, desde la universidad, desde el encuentro intergeneracional, desde quienes ya trabajan en el terreno, pero también desde fuera, con visiones y experiencias externas.

Qué hacemos quiere responder a los retos actuales pero también recuperar la iniciativa; intervenir en la polémica al tiempo que proponemos nuevos debates; resistir las agresiones actuales y anticipar las próximas; desmontar el discurso dominante y generar un relato propio; elaborar una agenda social que se oponga al programa de derribo iniciado.

Qué hacemos esta impulsada por un colectivo editorial y de reflexión formado por Olga Abasolo, Ramón Akal, Ignacio Escolar, Ariel Jerez, José Manuel López, Agustín Moreno, Olga Rodríguez, Isaac Rosa y Emilio Silva.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 47. Constitución Española

 

A diferencia de otros países de nuestro entorno, el Estado de bienestar en España ha dejado a un lado el acceso a una vivienda, a pesar de figurar expresamente en la Constitución de 1978. Esta situación no ha permitido converger en este tipo de indicadores con la Unión Europea (UE) a pesar de haberlo hecho en otros como pueden ser sanidad, infraestructuras, educación o renta per cápita. El sueño de tantos hogares por alcanzar el derecho subjetivo de acceder a una vivienda digna en uso, se ha ido difuminando a lo largo de estos años, fruto de la mala praxis pública y también por el brusco cambio de paradigma que ha ocurrido en España a partir de los años 80.

A la extrema situación que vivimos hoy ha contribuido el hecho de que el derecho a la vivienda haya sido utilizado como moneda de cambio en diferentes momentos políticos. Si durante el franquismo se utilizó como una de las principales políticas de afectación al régimen, posteriormente ha servido para amplificar en el imaginario social la idea de riqueza general y de la buena salud del país. Esta forma de gestionar ha dificultado la puesta en marcha de otras políticas que debieran haber estado dirigidas a la satisfacción de un derecho y que, en realidad, han estado destinadas al manejo de la opinión pública y a alimentar los intereses de determinados grupos económicos que han hecho crecer una burbuja desastrosa para el país pero my beneficiosa para ellos.

La vivienda está ahora entre los primeros temas de la agenda social, y la ha situado ahí la presión ciudadana. La inmensa mayoría de los españoles saben ya lo que es una dación en pago o una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), algo impensable hace apenas dos años. El movimiento ciudadano está marcando los ritmos en este asunto y no es la primera vez que lo hace. De hecho la movilización social es lo que ha permitido que se hayan producido avances en las políticas de vivienda encaminadas al ejercicio del derecho.

El problema de la vivienda es muy complejo y está atravesado por elementos sociales, ambientales, políticos y económicos, tal como se expone en este texto. A veces es especialmente difícil cuando nos adentramos en el entramado financiero que lo rodea, pero lo que hay que tener presente es que hablamos de él porque los ciudadanos lo han elevado a cuestión central. En un proceso de creciente preponderancia de las pautas del mercado en el diseño de las políticas económicas, el movimiento ciudadano ha introducido reivindicaciones, demandas y propuestas en la agenda política, en la que el bienestar de las personas, la garantía de un derecho básico y el diseño colectivo de un modelo distinto de ciudad han estado en su centro. Han forzado a tener otra mirada.

Por esta razón, antes de abordar las características específicas de las políticas de vivienda en nuestro país, y con el fin de poder interpretar y comprender sus peculiaridades, es preciso conocer brevemente de dónde arranca el impulso social en este ámbito.

 

I. No hay agenda política sin acción colectiva: el movimiento vecinal y la vivienda

Durante el franquismo, nuestro país se caracterizó por contar, por un lado, con una estructura industrial con clara dependencia de la tecnología y de la inversión extranjeras, y, por otro, con un aparato estatal de gestión autoritaria. Ambos rasgos diferenciaban a España de buena parte del contexto europeo e influyeron en los fundamentos históricos de nuestro Estado de bienestar y, por tanto, del entramado del sistema de protección social característico de los años 1964-1975.

Aunque el gasto social se consolidó durante la década de los sesenta acompañado de la aceleración del proceso de universalización de la seguridad social, su peso sobre el PIB fue escaso en comparación con otros países de Europa, unido a un bajo nivel de cobertura general de las necesidades. En este contexto, el derecho a una vivienda digna nunca fue una prioridad para unas políticas públicas que se orientaban paulatinamente en la dirección de un modelo de desarrollo cuyas características quedan sintetizadas en la frase atribuida a José Luis Arrese, primer ministro de Vivienda en España (1957-1960): «queremos un país de propietarios y no de proletarios».

El franquismo consagró un modelo de actuación pública en materia de vivienda que consistía en construir y vender, con el consiguiente yugo hipotecario, vivienda protegida para fidelizar a los propietarios al régimen y al sistema financiero. Esta política, realmente dañina, caló entre los políticos que posteriormente iniciaron la aventura democrática y nos ha llevado a la situación actual, con un parque raquítico de vivienda pública en alquiler, un urbanismo depredador y especulativo, y una acumulación de vivienda vacía sin parangón en el mundo desarrollado.

La consecuencia última es que el urbanismo y el acceso a la vivienda en propiedad consagraron un modelo especulativo, donde la vivienda se convirtió en un bien de inversión y no de uso.

Las primeras asociaciones vecinales nacen impulsadas por las reivindicaciones de quienes, llegados desde diferentes puntos de la geografía del país, proveían la mano de obra para el desarrollo industrial de los años cincuenta y sesenta. Decenas de miles de personas procedentes en su mayoría de las zonas más empobrecidas de la península fueron instalándose en la periferia de las grandes urbes, donde dominaba la precariedad y el abandono de las mismas. Durante la noche, las vecinas y vecinos erigían las chabolas a hurtadillas para no ser descubiertos por la guardia civil o la policía.

Así vieron la luz los denominados «barrios de aluvión» en los que miles de trabajadores se agolpaban en viviendas autoconstruidas en lodazales sin urbanizar que el franquismo toleraba en tanto en cuanto eran funcionales para un proyecto desarrollista que, en buena medida, se basó en una mano de obra abundante y barata para trabajar en las fábricas, pero que no estuvo marcado por las inversiones públicas (o privadas) encaminadas a atender las necesidades habitacionales de aquellos nuevos vecinos.

En aquellos barrios, sus habitantes reproducían, en la medida de lo posible, la vida comunitaria y las redes informales y de confianza de las localidades rurales de las que procedían. Rasgos que sin duda influyeron en sus prácticas colectivas y políticas, acompañados de cierta memoria subterránea de los años de la guerra y su relato compartido de la derrota y de la resistencia, que sirvieron de sustrato ideológico para alimentar el nuevo ciclo de luchas que se inauguraba.

Junto a las reivindicaciones políticas y laborales –las que aludían al salario y a las condiciones de trabajo– y de libertades sindicales, aparecían toda una serie de exigencias que hacían referencia a las condiciones de vida en los barrios, a la reivindicación del asfaltado, alcantarillado y alumbrado público, y al salario indirecto. Poco a poco se fue tejiendo un denso entramado organizativo que sostendría la movilización social.

Los últimos años de la década de los setenta vieron cómo de las barriadas autoconstruidas emergía una fuerte movilización frente a los planes parciales, elaborados al dictado de los grandes propietarios del suelo y que pretendían expulsar de aquel suelo a sus nuevos habitantes. La movilización vecinal conquista el derecho a permanecer en los barrios y arranca del Ministerio de Obras Públicas en el año 1979 la «Orden Comunicada» que regula la ope­­ra­ción denominada Barrios en Remodelación, gracias a la cual se construirían 40.000 viviendas para realojar a más de 150.000 vecinos y vecinas en unas condiciones dignas. Esta experiencia ha sido la de mayor envergadura con estas características en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Con la llegada de la democracia también a los ayuntamientos, las asociaciones vecinales prolongaron su actividad en contra del criterio, a veces miope, de quienes desde los propios partidos de izquierda entendían que, una vez conquistado el poder municipal, perdía sentido la existencia de un movimiento ciudadano reivindicativo e independiente.

El curso que tomaron los acontecimientos con la imposición de un modelo económico basado en el mercado inmobiliario, a costa de convertir en un negocio el derecho a la vivienda, y la consiguiente construcción de cientos de miles de viviendas a precios cada vez más desorbitados, que ha tenido como contrapartida la degradación del parque residencial existente, un deterioro medioambiental insostenible y la degradación social de enormes áreas urbanas, acabaron por dar la razón a quienes se empeñaron en mantener viva la llama de las asociaciones vecinales y que han centrado sus práctica política en la reivindicación del derecho a la ciudad, inseparable del derecho a la vivienda.

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