Siglo XXI

Joan E. Garcés

Soberanos e intervenidos

Estrategias globales, americanos y españoles

Prólogo: Mario Benedetti

 

 

 

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RAG

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© Joan E. Garcés, 1996, 2012

© Siglo XXI de España Editores, S. A., 1996, 2012

para lengua española

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ISBN: 978-84-323-1653-1

 

 

Prólogo

En el campo de la política internacional abundan los politólogos profesionales y los augures espontáneos que nos brindan a diario superficiales diagnósticos sobre el presente y el futuro de este mundo, cada vez más complejo, en que sobrevivimos. Pocos de esos profetas se acuerdan del pasado, como si allí no hubieran nacido todos los buitres y todas las palomas que hoy nos sobrevuelan; como si la caída del muro de Berlín, la guerra del Golfo, la explosión interracial de la ex Yugoslavia o los bombardeos rusos sobre Grozny, fueran el resultado de una partenogénesis ideológica y no la consecuencia de antiguas confrontaciones, de viejas disputas no resueltas en su hora o de la hipócrita asunción de las componendas a que suelen llegar las naciones más poderosas. «Recuerdo lo que no quisiera recordar» –dijo Cicerón hace más de dos mil años–, «y en cambio no puedo olvidar lo que quisiera dar al olvido». Y en fecha mucho más cercana escribió Borges: «El mayor defecto del olvido es que a veces incluye la memoria».

De ahí que los más conscientes y rigurosos investigadores de la historia, esos viajeros de la memoria colectiva que con paciencia y tesón van reconstruyendo y/o descubriendo el pasado que es de todos, hayan luchado siempre con enormes dificultades, ya que por lo general eso que descubren, ese ayer que corrigen o destapan, resulta demasiado incómodo a los decididores (el término es de Lyotard) de hoy e incluso invalidan algunas de sus hipótesis más difundidas. Su mérito es por tanto innegable, ya que su exploración, que tiene la pujanza de lo verdadero, va siempre contracorriente. Y como no existe un sindicato que agremie a estos trabajadores de la verdad, su faena suele constituir un desvelo aislado, que pocas veces encuentra adecuadas vías de difusión y menos aún figuras políticas dispuestas a rever su propia fábula.

El español Joan E. Garcés es uno de esos empecinados y lúcidos restauradores de la historia política de este siglo xx a punto de extinguirse. Su currículo incluye un período que fue decisivo en su posterior tarea investigadora: integró el equipo asesor de Salvador Allende durante el gobierno de la Unidad Popular y fue uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza del Presidente, a quien acompañó hasta sus últimos momentos en el palacio de La Moneda. Si finalmente pudo salvarse y salir de Chile, fue gracias a la decidida intervención del embajador de España en Santiago. Desde entonces ha seguido con profunda atención las complejas evoluciones de la situación chilena.

Esa estrecha vinculación con la realidad latinoamericana, agregada a su militancia política (anterior y posterior a su estancia en Chile) en Europa y particularmente en España, le han convertido en un testigo excepcional a la hora de evaluar y medir los vaivenes y las dimensiones de los asuntos públicos (y no tan públicos) en ambos continentes. Pero Garcés no se ha conformado con expresar sus opiniones y pronósticos. Científico político y abogado de profesión, siempre ha sido consciente de la importancia de las pruebas, documentos y testimonios que validan o invalidan un juicio. En su función de insobornable verificador de antecedentes y localizador de hechos y dictámenes hasta ahora ocultos, Garcés no ha vacilado en instalarse durante un largo período en Estados Unidos y usufructuar (debido al lapso, ya transcurrido, que a esos efectos establecen las leyes norteamericanas) la «desclasificación» de documentos top secret, custodiados hasta ahora en organismos de extrema seguridad: Office of Strategic Services, Combined Chiefs of Staff, y en general los National Archives of the U.S. Hay incluso algunos de esos documentos que fueron “desclasificados” a pedido expreso del autor.

Sin embargo, Garcés no se limita a rescatar (su libro incluye reproducciones facsimilares) tales invalorables testimonios. Su erudición es apabullante y le permite ir vinculando esos legajos hasta ahora secretos con declaraciones públicas de determinadas figuras políticas (de ambas orillas del Atlántico) y sobre todo con controvertidas actitudes de esos mismos personajes. Soberanos e intervenidos, que es un título perfecto, también podría haber sido (si Graham Greene no lo hubiera usado en una novela de 1948) The Heart of the Matter o quizá mejor aún su título en castellano: El revés de la trama. Por eso, y mucho más, el libro de Garcés resulta fascinante. Hasta tiene algo de enigma policiaco, ya que al final nos enteramos de quién era el asesino.

Creo que desde ahora Soberanos e intervenidos será un libro insoslayable para quienes intenten profundizar en la trama internacional de este siglo. Por una parte, las intervenciones de Estados Unidos (invasiones, asesinatos programados, chantajes económicos, penetración cultural, etc.) en los países de América Latina, con evidente menoscabo de su soberanía y, por otra, las interconexiones en clave de poder en la propia Europa, con determinaciones de enorme trascendencia para los respectivos pueblos pero resueltas a espaldas de los mismos; unas y otras acotadas por una documentación irrefutable, convierten al libro de Joan Garcés en una lectura obligada para quienes pretendan recoger del pasado las duras lecciones que a veces sirven para clarificar el presente. «Se puede ser pesimista a fuer de realista» –escribe sensatamente el autor. El optimismo frívolo e hipócrita no llevará jamás a una humanidad más justa y solidaria, pero no cabe duda que de un pesimismo realista como el de Garcés puede surgir una vislumbre de progreso. Y un progreso, por cierto, nada superficial.

Mario Benedetti

Abreviaturas

ABC	American-British Conversations
ACHA	Acción Chilena Anticomunista
AID	Agency for International Development
APRA	Alianza Popular Revolucionaria Americana
ASEAN	Asociación de Naciones del Sureste de Asia
BCS	British Chiefs of Staff
CAME	Consejo de Ayuda Económica Mutua
CCS	Combined Chiefs of Staff
CDU	Christlich-Demokratische Union
CECA	Comunidad Europea del Carbón y del Acero
CEDA	Confederación Española de Derechas Autónomas
CEE	Comunidad Económica Europea
CENTO	Central Treaty Organisation
CIA	Central Intelligence Agency
CSCE	Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea
EFTA	European Free Trade Association
ETA	Euzkadi y Libertad
FBI	Federal Bureau of Investigation
FDP	Freie Demokratische Partei
FMI	Fondo Monetario Internacional
FO	Foreign Office
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
JCS	Joint Chiefs of Staff
JSP	Joint Staff Planners
JSSC	Joint Strategic Survey Committee
JWPC	Joint War Planning Committee
MAP	Military Assistance Program
NAFTA	Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte
NSC	National Security Council
OCDE	Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
OCEE	Organización para la Cooperación Económica Europea
OEA	Organización de Estados Americanos
ONU	Organización de Naciones Unidas
OPD	Operations Division, War Department Staff
OPEP	Organización de Países Exportadores de Petróleo
OSS	Office of Strategic Services
OTAN	Organización del Tratado del Atlántico Norte
OTASE	Organización del Tratado del Sureste de Asia
PCCh	Partido Comunista de Chile
PDC	Partido Demócrata Cristiano
PPS	Policy Planning Staff
PSOE	Partido Socialista Obrero Español
RDA	República Democrática Alemana
RFA	República Federal Alemana
SEATO	Organización del Tratado del Sureste Asiático
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPS	Strategic Policy Section
SWNCC	State-War-Navy Coordinating Committee
TIAR	Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
UCD	Unión de Centro Democrático
UEO	Unión de Europa Occidental
URSS	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
VSA	Viener Staats Archiv

Introducción del autor

Los Estados se forman, existen y perecen. Los pueblos con conciencia de tales permanecen. Mantener la neutralidad en las guerras de los Imperios fue una constante predominante en las corrientes democratizantes de los siglos xix y xx, que evitó a españoles y latinoamericanos ser arrastrados a la guerra hegemónica de 1914-1918. ¿Hubieran sobrevivido las fronteras de España si hubiera entrado en aquella Coalición bélica? La primera guerra mundial confirmó la separación de la naciente República de Irlanda de la Corona británica. El Tratado de Versalles reorganizó el mapa político de Europa, sustituyó el principio del Congreso de Viena de 1815 –el libre derecho de los reyes a mandar sobre los pueblos–, por el de los pueblos a gobernarse a sí mismos. Su concreción redistribuyó los pueblos de la derrocada Corona de los Habsburgos entre los nuevos Estados de Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Austria, Yugoslavia y Polonia, el resto fue sumado a Italia; amputó del Imperio de los destronados Hohenzollern los pueblos de Prusia oriental, Memel, Danzig, Poznan y Alsacia-Lorena. En un proceso autónomo aunque paralelo, el derrocamiento de los zares fue seguido del nacimiento de los Estados de Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania; una cadena de plebiscitos modificó casi todas las fronteras anteriores a 1914; los pueblos del Imperio turco fueron a su vez repartidos entre Francia, Gran Bretaña, Italia y Grecia.

El Tratado de Versalles de 1919, a diferencia del Congreso de Viena un siglo antes, no supuso la emergencia de una potencia dominante sobre Europa. La guerra de 1914-1918 terminaba en armisticio, no en el aplastamiento del expansionismo1. Al cabo de pocos años, casi todos los nuevos Estados se hallaban intervenidos por las potencias hegemónicas, que los utilizaban en sus combinaciones económicas, diplomáticas y militares, mientras sometían a sus pueblos a dictaduras militares o fascistizantes: en Polonia, golpe militar de Pilsudski –mayo de 1926; en Estonia, dictadura de Constantino Päts –marzo de 1934; en Letonia, dictadura presidencial tras el golpe de Estado de Ulmanis –mayo de 1934; en Lituania, dictadura de Voldemaras –diciembre de 1926– y régimen de partido único –diciembre de 1932; en Yugoslavia, golpe de Estado del rey Alejandro –enero de 1929; en Bulgaria putsch militar y gobierno Zankov –junio de 1923–, régimen autoritario del coronel Kimon Georgieff –1934–, dictadura del rey Boris VII –enero de 1935; en Rumanía, régimen personal de Carol II –febrero de 1938– y golpe de Estado que impuso la dictadura del Rey; en Albania, dictadura de Ahmed Zogou –enero de 1925. En la zona de influencia británica se sucedieron también los golpes militares: en España, dictadura militar entre 1923-1931, sublevación de un sector del Ejército en julio de 1936 que al cabo de tres años de guerra instauró la dictadura de Franco; en Portu­gal golpes de los generales Gómez da Costa –mayo de 1926– y Antonio Carmona, dictadura de Antonio de Oliveira Salazar (1932-1974); en Grecia golpe de Estado del general Ioannis Metaxas –agosto de 1936. En un contexto más original, Mussolini había marchado sobre Roma –octubre de 1922– y Hitler ganado las elecciones en Alemania –enero de 1933.

La derrota de los imperios germánicos en 1918, la influencia de las movilizaciones populares y de autodeterminación nacional en el centro-este de Europa, tuvieron su repercusión política entre los españoles. El 15 de noviembre de aquel año Alfonso XIII convocaba al líder de la burguesía catalana, Francesc Cambó (Lliga Catalana), para decirle:

El Ejército alemán está en plena derrota, los socialistas han tomado el poder en Berlín; en Viena la tropa insubordinada hace causa común con obreros y presos liberados; la Suiza alemana está sublevada [...]. Yo temo que venga un estallido revolucionario en Cataluña; que los obreros se unan a los soldados [...] no veo otra manera de salvar situación tan difícil que satisfacer de un golpe las aspiraciones de Cataluña, para que los catalanes dejen de sentirse en este momento revolucionarios y mantengan su adhesión a la Monarquía [...]. Hay que dar la Autonomía a Cataluña inmediatamente [...]. Es preciso que usted vaya a Barcelona en seguida para provocar un movimiento que distraiga a las masas de cualquier propósito revolucionario2.

Cuenta Cambó lo que manifestaba en aquellas horas el embajador británico:

ésta es la hora de Cataluña. Ahora ha llegado el momento de que los ingleses borremos la mancha que en nuestra historia pusieron los ministros de la reina Ana al traicionar a Cataluña [1714]. Diga a sus amigos catalanes que Inglaterra no consentirá ahora que se les atropelle si reclaman su autonomía: ellos han estado con los aliados durante toda la guerra, mientras que en el resto de España la inmensa mayoría estaba con Alemania3.

Cambó y el presidente del Consejo de Ministros, el conde de Romanones (Partido Liberal), ejecutaron la instrucción de Alfonso XIII y doce días después designaban a dirigentes de todos los partidos políticos para formar una comisión redactora de un proyecto de autonomía para Cataluña, que debía ser presentado en las Cortes para su aprobación. Figuraban en aquélla desde Antonio Maura y Eduardo Dato a Julián Besteiro, Alejandro Lerroux y Lluís Companys. La respuesta de los socialistas Pablo Iglesias y Francisco Largo Caballero (diputado por Barcelona del psoe, que tenía en el Parlamento español seis diputados), fue dirigirse «a los republicanos catalanes diciéndoles que si entraban en la Comisión desligaban a Cataluña de la causa de la República [...]. A [Marcel·lí] Domingo, Layret, Companys y otros republicanos catalanes les convenció plenamente este argumento, se impusieron al resto» y no se incorporaron a la Comisión4. Los proyectos políticos de socialistas y republicanos eran autónomos de los partidos conservadores. Dos meses después, seguro de que la revolución europea no alcanzaba a España, cuenta Cambó que el propio Monarca saboteaba el proyecto de Estatuto catalán.

El antecedente de 1918-1919 es interesante a más de un título. El 15 de junio de 1977, en las primeras elecciones después del fallecimiento del general Franco, los electores de Cataluña dieron cerca del 70% de sus votos a quienes se presentaban bajo siglas y símbolos ilegalizados desde 1939 por la Dictadura: socialistas (psoe), comunistas (psuc) y republicanos (Esquerra Republicana). La reacción del gobierno presidido aquel 1977 por Adolfo Suárez admite ser comparada con la de Alfonso XIII en 1918: convocó a Palacio al representante simbólico del autonomismo catalán –esta vez en el exilio, Josep Tarradellas, sucesor de Lluís Companys en la Presidencia de la Generalitat–, le ofreció el reconocimiento inmediato de la autonomía si viajaba a Cataluña a formar un Consejo Ejecutivo de integración que aceptara las limitaciones de soberanía popular y nacional legadas por la Dictadura y su sistema socioeconómico. Así lo hizo Tarradellas, comprometido en secreto desde noviembre de 1976 con el emisario Andrés Casinello5 en «acatar públicamente al Rey, a la unidad de España y respetar al Ejército, [...] a no ser federalista y quedar siempre al margen de los planteamientos valencianistas y mallorquines»6. Lo que en 1977, y después, no encuentra su equivalente respecto del precedente de 1918 es la respuesta que dieron el psoe y la izquierda republicana a la propuesta del Rey a Francesc Cambó. En junio de 1977 no existía al frente de los grupos que se envolvían en las siglas históricas un liderazgo endógeno, ni tampoco un proyecto nacional alternativo al que desde los centros de decisión de la Coalición de la Guerra Fría se había programado para España una vez que falleciera Franco. Desde antes de junio de 1977 se habían comprometido en secreto con aquel proyecto Felipe González Márquez y Santiago Carrillo, sus hombres en Cataluña fueron diluidos en el Consejo Ejecutivo presidido por Tarradellas y, de ese modo, quedó neutralizada la esperanza popular de una alternativa sociopolítica a la herencia dejada por la Dic­tadura. Menos de cinco años después de 1977, la burguesía liberal catalana lograba lo que Alfonso XIII, su Gobierno y la Lliga buscaron sin éxito en 1918. Los propios términos de Cambó podrían describir el sentido de la “operación Tarradellas” de medio siglo después:

[...] a fin de dar un sentido al movimiento [...] desencadenado en Cataluña y conservar su control, propuse que [...] se reuniera la Asamblea General de la Mancomunidad, con la colaboración de los parlamentarios de Cataluña, para elaborar el Estatuto de Cataluña y [...] en nombre del principio de autodeterminación [...] ¡se presentara al Parlamento español para que fuera sancionado! La música era revolucionaria pero la letra, si bien se mira, era conservadora. El fijar una tarea a hacer, que duraría días, calmaba las pasiones y quitaba a las izquierdas la dirección [...]. Y si al redactar un Estatuto de Auto­nomía de Cataluña llegábamos a un acuerdo todos los partidos catalanes, que fuera también aprobado por las izquierdas españolas, quedábamos cubiertos [...] de peticiones [...] que en el porvenir formularan las izquierdas [...] a base de la República y la revolución social7.

Un lustro después de 1977, en efecto, las siglas democráticas históricas habían sido reducidas a minoría en el Parlamento autónomo y en la mayor parte de los municipios de Cataluña, eran excluidas del gobierno de la Generalitat, el psuc se desintegraba y Tarradellas era agraciado con el título de Marqués. Las causas estructurales de semejante desenlace se describen en los capítulos que siguen, sus precipitantes coyunturales fueron las operaciones puestas en marcha para mantener intervenida España más allá del régimen de dictadura. Una fase de las operaciones de intervención me tocó vivirla de cerca cuando era yo investigador de la Fondation Nationale des Sciences Politiques de París, después que en mayo de 1974 había formado parte del equipo personal de asesoramiento del candidato de Unión de la Izquierda (ps-pc-mrg) en las elecciones a la Presidencia de la República francesa, François Mitterrand. Integraban aquel equipo buenos amigos, entre otros Jacques Attali y Michel Rocard. La atención estaba entonces centrada en un país ibérico perteneciente a la otan, Portugal, donde el 25 de abril de ese mismo año capitanes agrupados en el clandestino Movimento das Forças Armadas, sin disparar un tiro, habían derrocado a la más larga dictadura conservadora europea. La hospitalización del general Franco el 19 de julio siguiente anunciaba el final inminente de la otra dictadura ibérica. A la vuelta de aquel verano de 1974 mi amigo Pierre Guidoni8 (Partido Socialista francés) me invitaba a asistir a un cónclave de «jóvenes socialistas españoles» en las afueras de París (Suresnes). Se organizaba en Francia con financiación alemana, aprobación de Washington y conocimiento de los servicios de información de Franco. Decliné la invitación de ir a Suresnes. El camino de la recuperación de la soberanía nacional y las libertades democráticas, dije a mi amigo, no debiera pasar por una intervención preventiva como aquélla, de manual, en previsión de que la ruptura de Portugal con el régimen de dictadura pudiera extenderse al resto de la Península Ibérica. En el desierto político producido por casi cuatro décadas de sustracción de la soberanía popular –con la complicidad activa o pasiva de los Estados coa­ligados en la otan–, lo de Suresnes parecía una manera de cooptar a personas que, con financiamiento masivo oculto y apoyo diplomático-mediático abierto, contribuyeran a conducir la España posdictadura hacia los puertos señalados desde los propios Poderes intervencionistas. Lamento no haber errado en mi anticipación. El 24 de mayo de 1984, ante la Comisión del Parlamento de la R.F. de Alemania que investigaba la evasión fiscal del consorcio Flick (industria de armamentos), el socio de éste –Günter Max Paefgen– afirmaba que dinero negro evadido entre 1973 y 1976 era entregado a Alfred Nau –tesorero del spd y presidente de la Fundación Friedrich Ebert– y desviado hacia Mario Soares y Felipe González «para mantener la situación en esos dos países, que estaban a punto de pasarse completamente al otro lado (sic), para estabilizar la situación en la Península Ibérica y América Latina»9. Después de 1977 la alemana Ebert continuó financiando al equipo de González, que además fue subvencionado desde bancos y grandes empresas en cuantías que sumaban miles de millones de pta –siempre en forma oculta10. En marzo de 1994, el Parlamento germano respondía a una interpelación del Partido Bündnis 90 que las fundaciones Ebert (socialdemócrata), Adenauer (democristiana), Seidel (socialcristiana) y Neumann (liberal) habían estipendiado aún en 1992 a dirigentes de organizaciones políticas homónimas de la Península Ibérica por una cuantía de 902 millones de pta, y en 1993 por 831 millones adicionales11.

La cuestión a tener presente es que entrar en una coalición militar supone asumir el riesgo de provocar que países y alianzas rivales, so pretexto de combatir a su respectivo adversario, programen intervenir en el territorio de nuestro propio Estado. Cuando en 1942-1943 Norteamérica preparaba el desembarco de su ejército en el Continente europeo y una de las variantes retenidas era hacerlo por Euzkadi, sus servicios especiales sondearon al Partido Nacionalista y al gobierno vasco en el exilio, que empezaron a recibir ayuda material de EEUU. Si el régimen de Franco hubiera sido beligerante entonces junto a Alemania, ¿cabe alguna duda sobre la intensidad y naturaleza que hubiera alcanzado la intervención en España de la coalición antigermana? Volveremos con más detenimiento sobre este extremo.

Un efecto de la larga dictadura vivida es la ideología, predominante en algunos círculos dirigentes, según la cual nuestros pueblos deben ponerse bajo la protección de las Potencias hegemónicas. En propiedad ello es más bien una racionalización, actualizada, del auxilio que en su día pidieron a las Potencias los sectores sociales que apoyaron y sostuvieron el régimen de dictadura. A pesar de que las circunstancias temporales sean distintas, la práctica de tal tesis genera hoy consecuencias semejantes: perseverar en el desmantelamiento de estructuras de las que depende la cohesión de la Nación, disuadir a la sociedad de la necesidad de un Estado democrático que la represente, que defienda a pueblos que aspiran a mantener, o recuperar, su soberanía interna y externa. ¿Qué consecuencias profundas derivaron del hundimiento en 1936-1939 de las estructuras democráticas, de la subsiguiente guerra interna y del aplastamiento de organizaciones cívicas construidas durante generaciones de esfuerzos democratizadores? Un Estado que depende de la Potencia hegemónica para sobreponerse a su propio pueblo es una prolongación del poder imperial. La duradera intervención a que han sido sometidos nuestros pueblos ¿les marca como destino la imposibilidad de construir un Estado democrático? La ocupación de su territorio, mercados y población por las fuerzas de la Coalición que ha sostenido la guerra fría (1945-1992), ¿no es acaso una consecuencia de la articulación de la propia coalición bélica con los sectores locales que apoyaron a la dictadura? La ideología predominante mantiene la fachada de un Estado, aunque intervenido, mientras baliza la disolución de sus supraestructuras en los moldes supranacionales que la guerra fría ha gestado. Son algunas de las cuestiones que abordaremos en los capítulos que siguen.

La subordinación del Estado a la Potencia hegemónica puede ser necesaria para sectores locales con estatus y poder vacilantes, pero con ello activan fuerzas internas y externas de desintegración del propio Estado. Mayores aún si éste es plurinacional. Cuanto más alienado se encuentra un gobierno a la Potencia exterior, mayor es su inclinación a reprimir las expresiones diferenciadas de identidad nacional. En la etapa que sigue al agotamiento de la Dictadura, al socaire de coberturas ideológicas construidas durante la guerra fría se ha formalizado un proceso de progresivo desmantelamiento de funciones y competencias inherentes al Estado democrático-soberano. En vez de reconstruir sus pilares representativos y participativos, la disolución del Estado en las estructuras supranacionales derivadas de la guerra fría ha sido el ariete dirigido contra quienes continuaban empecinados en recuperar constantes históricas opacadas durante la dictadura. Como las de asentar la convivencia entre los pueblos hispánicos en una federación democráticamente pactada, en el no alineamiento tras el Poder imperial de turno, en la libre determinación de cada personalidad nacional y cultural diferenciada. El abandono de los tres postulados exterioriza que “hacer la revolución burguesa” –misión que dijo haberse autoasignado el equipo salido del cónclave de Suresnes, y sus émulos en Portugal y en América Latina– si por un lado buscaba con otros métodos alcanzar fines que la dictadura perseguía con sus peculiares procedimientos, por otro lado ha contribuido a abrir las compuertas a efectos negativos previsibles y, por tanto, cabe pensar que calculados.

Los sistemas con realidades plurinacionales, desde Yugoslavia a Rusia o la India, han construido sus respectivos Estados federando a naciones y pueblos. Toda Potencia imperial que haya pretendido dominar ha buscado crear Estados divididos allí donde existía una sola comunidad nacional (p. ej., escindir Panamá respecto de Colombia, o la República Federal de Alemania respecto de Alemania, gestado el primero por la Administración de Theodor Roosevelt en 1903 y el segundo por la de Truman a partir de 194712). O bien desintegrar el Estado en tantos microestados como entes coexistían en aquél (naciones, conjuntos económico-geográficos, regiones, etnias, etc.). Un ejemplo de esto último fue el destino trágico e inhumano impuesto después de 1991 a los pueblos de Yugoslavia cuando las Potencias interventoras resolvieron poner fin –invocando principios altisonantes– a la continuidad de un Estado federal y no alineado que había preservado la paz y la vida de sus ciudadanos desde 1945. A lo largo del siglo xx, pocos Estados integrados por nacionalidades tan caracterizadas como las que confluyen en el de España han dejado de ser fracturados por el “Gran Juego” entre las Potencias –la excepción se ha dado allí donde el respeto interno a la identidad y libertades de cada uno de los pueblos que integran el Estado (amalgama interna) se ha sumado a la voluntad común de no dejarse absorber por una alianza bélica, ejemplo de la Confederación Helvética. Para las estrategias intervencionistas que esgrimen el concepto de los “equilibrios continentales”, una razón de sus políticas es el divide et imperat. En la onu están reconocidos más de cuarenta Estados con una población inferior a la de la sola ciudad de Valencia. Cuando el presupuesto anual de una empresa multinacional es superior al de todo el Estado belga, cuando más de un tercio del intercambio comercial en el Mundo se realiza directamente entre las solas empresas multinacionales, se puede entender lo que para estas últimas significa la mayor parte de los Estados: organizaciones administrativas susceptibles de subordinación y manipulación.

Pero a diferencia de los gobiernos, las grandes corporaciones multinacionales no están sometidas a responsabilidades políticas, ni a condicionamientos electorales, o a los vaivenes de la opinión pública. En cambio sí pueden atacar –o sostener– a los mercados y finanzas de gobiernos y Estados. Cuentan con agentes en los altos puestos de la Administración –que proceden de aquellas empresas o aspiran a entrar en ellas–, en los medios de comunicación y en las agencias donde nace la información. Crean noticias y orientan movimientos de opinión, como demostró Silvio Berlusconi en la Italia de 1994 al llevar el neofascismo al Gobierno por primera vez desde 1944. Y si algo rechazan las corporaciones multinacionales es una organización que las controle. Al Estado democrático-soberano, participado por sus ciudadanos, en principio el solo ente con capacidad-legitimidad para pretenderlo, lo desean débil, pasivo hacia ellas. No quieren ni oír hablar de participación de los trabajadores y consumidores en la dirección de las empresas, por cuanto limitaría el libre desplazamiento de un capital indiferente a la suerte de los puestos de trabajo y a los intereses a largo plazo de la economía de las naciones. Hoy pocos Estados o conjunto de Estados subordinan a las empresas multinacionales, pero éstas sí dominan a muchos Estados. Si algún gobierno o pueblo entiende reivindicar la libertad para organizarse dentro de sus fronteras, las fuerzas del abusivamente llamado “mercado libre” –las de los Poderes apoyados por y en empresas multinacionales– movilizan contra el rebelde la secuencia conocida de intervenciones encubiertas o preventivas, bloqueos financieros, represión, militarización, dictaduras, guerras internas o externas.

A pesar de lo cual, el sistema económico asentado sobre las empresas multinacionales cruje por doquier, desastres humanos y ecológicos se suceden. Si la anarquía es consustancial a la ausencia de estructuras organizativas, evitarla en las relaciones internacionales requiere la función ordenadora propia de los Estados. Las fuerzas económicas que pavonean su triunfo sobre estos últimos –minándolos o desmantelándolos–, generan con ello las causas de muchas de las manifestaciones anómicas y destructivas que discurren ante nuestros ojos. La alternativa en una economía mundializada debiera ser otra, caminar hacia un orden Planetario inspirado en principios jurídicos democráticamente gestados e igualitarios en su aplicación, que respete la identidad de los pueblos y sus libertades, avanzar hacia una Confederación de Estados que reconociera a sus miembros la libertad de decidir dentro de sus fronteras la forma de gobierno y el régimen económico de su elección. Sin embargo, en las relaciones internacionales continúa activo el principio según el cual cada cual tiene tanto derecho como de fuerza dispone. Ello es la negación del Derecho. Dirigidas España, Portugal y América Latina desde centros neurálgicos de la Coalición de la Guerra Fría, sus instituciones fueron adaptadas a las necesidades genéricas de aquélla. Terminadas las dictaduras de la guerra fría, los latinoamericanos y españoles no son los únicos que no han recuperado aún las funciones propias de un Estado democrático y participativo. En lo que a las funciones económicas se refiere, han sido abrogadas normas básicas de la capacidad reguladora y mediatizadora del Estado; se han desmantelado medios de producción de propiedad pública13 –cuya gestión se renuncia primero a mejorar para cederlos más barato al capital multinacional o especulativo, alejando a los municipios, sindicatos, cooperativas de trabajadores u organizaciones sociales del acceso a las empresas; se ha estimulado la enajenación de los sectores productivos de mayor rentabilidad a las multinacionales (en el alimentario, por ejemplo, estas últimas controlan en España más del 70% desde 1988); se ha cedido el control del comercio exterior, transporte, turismo y mercado de bienes de consumo; también la moneda ha sido subordinada a las decisiones del Banco Central de alguna Potencia.

En proceso complementario, han sido abandonadas las funciones ideológicas propias de un Estado identificado con la identidad de sus ciudadanos. Se ha entregado al capital privado –en gran parte multinacional–, la casi totalidad de los medios informativos que eran de titularidad pública –en el caso de España, los escritos en 1984, los radiales en 1985, los televisivos a partir de 1989, pero con la expresa voluntad del gobierno de Felipe González Márquez de impedir que pudieran disponer de aquéllos los colectivos sociales o cívicos representativos de ciudadanos, de universidades, sindicatos, entidades culturales, etcétera.

No se ha hecho excepción de las funciones inherentes a la defensa nacional, subordinadas a las estrategias del líder de la Coalición de la Guerra Fría. Las funciones estatales de política exterior se sometieron a las directrices de la Coalición y de sus instituciones complementarias. Incluso la concreción de las funciones administrativas y represivas del Estado depende de opciones de política exterior, de defensa y político-ideológicas decididas en órganos de dirección nacidos durante la guerra fría, a los que se reconoce la responsabilidad de delimitar, en último extremo, a quiénes debemos considerar como nuestro amigo o adversario social, político o económico.

¿Sirve semejante “Estado” para mucho más que para preservar una estructura social subordinada al capital migratorio y, en su caso, imponer el desmantelamiento de la estructura productiva al someterla a centros de decisión fuera de control? ¿Hacia dónde lleva tal dinámica? Si las empresas neurálgicas en, pongamos por caso, Andalucía o Madrid son singularizadas como tales no según criterios de interés nacional, o social, sino en tanto que integradas en el circuito del capital flotante japonés, alemán, etc.; si sus productos tienen que competir en el mercado de Galicia en igualdad de condiciones que las asentadas en Edimburgo, sus fuentes de aprovisionamiento están en Indonesia, o Hamburgo, y no en Murcia, su financiación depende de empresas con sede en Nueva York, sus plusvalías las reinvierte en Singapur y no tanto en su propia sociedad, sus bases operativas se deciden en Bruselas, su defensa reside por último en las directrices del Pentágono, si sus circuitos de información canalizan flujos creados por alguna Associated Press o sucursales locales, entonces los ejecutivos de tales empresas, que para viajar usan el pasaporte de la cee, pueden preguntarse en propiedad qué es, para qué les sirve un “Estado” que ha perdido hasta su mercado interior. Si postergan los intereses colectivos y nacionales y no miran más allá de su interés individual o corporativo, pueden esperar que dentro de su horizonte vital semejante “Estado” haya quedado reducido a un marco de administración-ordenación territorial, yuxtapuesto al de comarcas, regiones o municipios, a una referencia de historias pasadas. Lo decía a su manera Jacques Delors al afirmar que el futuro de España es ser la Andalucía de Europa14 –es decir, responden algunos andaluces, un destino de marginación, desempleo y explotación social que quienes lo sufren son los primeros en rechazar. Una reducida elite local puede esperar sacar provecho de semejante singladura –como la que se benefició del subdesarrollo de Andalucía–, la mayoría de la sociedad no.

Al capital local socio, o aspirante a socio –minoritario– del multinacional, le basta con velar que actúen las “fuerzas del mercado” –y los Poderes reales que en los hechos las dirigen–, rendirles pleitesía, para en contrapartida estimarse acreedor de su protección. ¿Contra quién? Ante todo, contra rivales o adversarios internos. Es notable la continuidad de estas posturas con las equivalentes del si­glo xix... Sin embargo, cuando las orientaciones de los gobiernos se deciden, en último análisis, en función de su alineamiento en una órbita exterior, el interés inmediato y a largo plazo de la comunidad nacional debiera radicar en rechazar ser sometida a las consecuencias de semejantes políticas. Los gobiernos que son instrumento de dominación sobre su propia población, más que en defensores de los intereses de ésta se convierten en blanco de sus iras, la Administración es percibida como delegada de un Poder ajeno más que expresión de la libertad e identidad cultural de los ciudadanos.

Nuestros sectores dominantes se dicen hoy deslumbrados por los efectos de la internacionalización del capital. Sus elites se obsesionan en contener, impedir la reemergencia de un fenómeno recurrente en nuestra historia democrática: la interacción entre intereses nacionales, culturales y populares. Sin embargo, existen recursos socioeconómicos y culturales susceptibles de impulsar un proyecto colectivo que recoja y desarrolle la ambición de crear instituciones públicas, y también económicas, abiertas a la participación efectiva de los ciudadanos en su gestión, como instrumentos de salvaguardia de su identidad en tanto que pueblos y culturas abiertos al ancho Mundo, sin xenofobias, autarquías, exclusiones ni subordinaciones –lo que pueblos incluso más pequeños en territorio, demografía y recursos han logrado, o se esfuerzan por alcanzar.

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La vida de nuestra generación ha transcurrido en paralelo a la llamada “guerra fría”, la tercera de las guerras intraeuropeas del si­glo xx. Las tres han sido ganadas por la subcoalición que pudo movilizar en su apoyo los recursos económico-militares del Nuevo Mundo. A la postre, EEUU ha contribuido a liquidar sucesivamente a todas y cada una de las Grandes Potencias que conocía el Mundo a comienzos de siglo. Vistos desde una perspectiva no eurocéntrica, son los pueblos y Estados de Europa los que han perdido las tres guerras continentales. Pero también los de América Latina al reducirse sus espacios de autonomía en la sociedad internacional. A medida que el desarrollo histórico erosiona las estructuras internas y externas sobre las que se apoyan las dictaduras, emergen las realidades profundas de los pueblos. Los intereses sociales y las naciones con voluntad de sobrevivir necesitan construir nuevos instrumentos de interacción organizada. Las soluciones aplicadas durante la dictadura, y después, son conocidas. Sus insuficiencias, incapacidades y consecuencias están a la vista. En los capítulos que siguen las contemplamos bajo el prisma de experiencias de intervención –de sus metamorfosis–, a partir de documentos de Estado en su día secretos que recogen los fines realmente buscados y los medios empleados. Inéditos la mayor parte, en particular los conservados en los National Archives de EEUU –cuya consulta agradezco, así como la autorización para fotocopiar los textos originales que se reproducen, o citan, a lo largo del libro y otros que son su soporte documental16.

Nuestro interés se centra en conceptos estratégicos, en su articulación con decisiones y hechos de Estado. De ahí que nos apoyemos en fuentes documentales primarias, donde conceptos y actos son integrados por centros de decisión estratégica que sobredeterminan la suerte colectiva. Sin determinismos a priori, el lector es invitado a evaluar las interrelaciones de causa a efecto entre hechos y decisiones. De modo que, invirtiendo el ángulo de enfoque usual, podamos observarnos a nosotros mismos desde instancias exteriores. El análisis que sigue se sitúa, pues, en una perspectiva temporal larga, en torno de constantes estratégicas. El lector interesado por conceptos cuya vigencia mantiene al Mundo en estado de guerra encontrará, en la segunda parte, una reflexión sobre su génesis y proyección teórica y práctica. Antes de seguir adelante, sin embargo, quiero también reconocer a los colegas del Institute for Policy Studies, de Washington, D.C., la acogida y colaboración que me brindaron durante mis años de estancia en aquella capital.