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Prólogo a la nueva edición

Cuatro décadas después

Desde 2007 el sistema capitalista conoce la mayor crisis sistémica desde la vivida en la segunda y tercera década del siglo xx. Esta fue enfrentada con medidas que cabe agrupar en parámetros dentro de dos modelos principales, por un lado el fascista –con variantes italianas, germanas, japonesas y otras– y, por otro lado, el de regulación estatal en alguna de las variantes del new deal iniciado a partir de 1933 por la Administración Roosevelt en EEUU.

La República de Chile conoció aplicaciones contrapuestas del segundo modelo desde la elección del gobierno de Frente Popular en 1938, hasta la insurrección encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército en septiembre de 1973. Bajo la influencia de economistas formados en la escuela de Raúl Prebisch en la Comisión Económica de la ONU para América Latina (CEPAL), el gobierno de la Unidad Popular alcanzó entre 1970-1973 uno de los niveles más altos de democracia económica y social hasta entonces practicados en un sistema político representativo pluralista, de orientación socialista.

Una insurrección armada en 1964 impuso una dictadura sobre los brasileños a la que siguieron otras sobre los pueblos de Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay. Al cabo de una inmensa operación desestabilizadora, la Administración de Richard Nixon logró destruir en 1973 los fundamentos de la democracia también en Chile, con cuyo fin movilizó a sus aliados en Europa, a dictadores latinoamericanos y, también, al gobierno democristiano del presidente Caldera que controlaba los suministros de petróleo procedentes de Venezuela.

Antes, en el extremo europeo del mundo hispánico, la intervención de Alemania e Italia había destruido entre 1936 y 1939 las instituciones republicanas e impuesto sobre los españoles la dictadura fascista del general Franco que en 1969 proyectó sucederse a sí misma designando, en la Jefatura vitalicia del Estado y de las FFAA, a un oficial formado en sus Academias militares y Borbón de apellido.

A partir de 1973 el capital financiero, nacional e internacional, ha apoyado en Chile –y en cuantos otros países ha podido lograrlo– la desnacionalización de recursos, el incremento de los medios de represión social, política, cultural y económica, de discriminación en salud, trabajo, educación, información, igualdad y solidaridad. La interacción entre capital financiero y represión socioeconómica ya la había constatado el primer relator al que la ONU en 1977 confió estudiar dicha relación y los crímenes sistemáticos y masivos a que ha sido sometido el pueblo chileno desde el 11 de septiembre de 1973:

[…] la masa de esa cooperación ayuda a fortalecer y mantener en el poder un sistema que practica una política de violaciones a gran escala de esos derechos […] la actual cooperación económica a menudo es instrumental a la perpetuación o al menos la continuidad de la actual situación de enormes violaciones de los derechos humanos. […] A fin de lograr esa cooperación […] la «solidez» [de los indicadores macroeconómicos] solo puede lograrse con una redistribución del ingreso desfavorable a la inmensa mayoría de la población […] para atraer inversiones la pobreza y atraso del pueblo trabajador no son considerados un factor negativo[1].

Uno de los efectos acumulados ha sido que para 2011 el 10,1 por 100 del ingreso total de Chile se lo estaba apropiando el 0,01 por 100 de la población (1.200 personas), mientras el 0,1 por 100 y 1 por 100 de la población lo hacía, respectivamente, del 17,6 por 100 y del 30,5 por 100 del total del ingreso. Es la escala más desigual de los países de la OCDE, con las consiguientes consecuencias negativas para la sociedad. En España, los porcentajes respectivos de población concentraban el 1,5, 3,9 y 10,4 por 100 del ingreso total nacional[2]. En contraste, durante el gobierno de Allende más del 60 por 100 del ingreso nacional lo percibían los asalariados.

El creciente control sobre el Estado y sus gestores así logrado por el capital financiero, la reducción de las personas a mero valor contable pecuniario, se prolonga hasta hoy, en ósmosis con la continuidad de la propiedad de los medios de producción e información, de la burocracia civil y de los aparatos militares, policiales y judiciales que sostuvieron a ambas dictaduras.

Resulta esclarecedor que la mayoría de la cúpula del Tribunal Supremo español –la denominada Sala del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial– hasta hoy sigue formada por jueces que juraron lealtad al dictador y preservan la impunidad absoluta de los crímenes de lesa humanidad cometidos como medio para destruir las libertades republicanas. En Chile, el mismo paradigma empezó a resquebrajarse solo a partir de 1998, después de que con apoyo de las víctimas lograra yo que jueces europeos ordenaran detener en Londres, a efectos de su extradición y enjuiciamiento, al general responsable de los mayores crímenes de la historia de Chile.

El sufragio universal suprimido desde el 1 de abril de 1939 en España fue restablecido en 1977, pero bajo un sistema electoral que discrimina el voto urbano, que en circunscripciones de ámbito provincial obliga a votar listas cerradas, bloqueadas, de candidatos sometidos a dirigentes oportunamente cooptados y financiados para prolongar el legado socioeconómico de la dictadura. En Chile, el sufragio universal abolido el 11 de septiembre de 1973 fue restablecido en 1989, pero bajo un sistema electoral concebido para asegurar la sobrerrepresentación de dirigentes cooptados con igual propósito.

Las organizaciones políticas así construidas y, por su intermedio, las administraciones públicas que gestionan, se han subordinado a las exigencias especulativas del capital que alimentan la crisis sistémica en desarrollo desde 2007. Ese año el PIB crecía en España al 3,9 por 100 anual, el superávit presupuestario era del 1,9 por 100, la deuda pública el 36,3 por 100 del PIB y el desempleo el 8,3 por 100, desde entonces ha encadenado cinco años sucesivos de recesión inducida con el resultado de que en el primer trimestre de 2013 el PIB continúa cayendo un 2 por 100, el déficit público es del 6,3 por 100 y la deuda pública ha aumentado al 90,2 por 100 del PIB, al imponer a los contribuyentes asumir la carga provocada por la quiebra de bancos privados, mientras el desempleo escala al 27,1 por 100 (al 57 por 100 entre los menores de 25 años)[3]; al tiempo que son reducidos o desmantelados los servicios públicos en sanidad, educación, cultura, justicia, vivienda, y se apertrechan recursos para disuadir o reprimir las protestas.

En España, desde la destrucción de las instituciones republicanas en 1939, los regímenes sucesivos se han sostenido cediendo control sobre el territorio, la población y sus activos a la coalición liderada por Alemania hasta 1945, después por EEUU –compartida con Alemania desde 1977–. Sin política exterior ni defensa propias, perdida en el año 2000 la capacidad de acuñar moneda, en 2011 cedida la aprobación de los Presupuestos del Estado a instituciones europeas fuera del control democrático y subordinadas a las prioridades de otros estados, y elevada a rango constitucional la preterición de todas las funciones del Estado al reembolso de la deuda externa, la deslegitimación del Estado y sus representantes ha llegado a tal extremo que su desintegración territorial ha quedado a merced de que Alemania y/o EEUU la reconozcan… a menos que antes los pueblos de la península Ibérica y/o Europa acuerden y logren recuperar su alienada soberanía popular y se doten de estructuras de democracia participativa que respondan ante aquella.

El gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973 entendía que era perjudicial a la autonomía económica y política de Chile y a los intereses de América Latina permanecer encerrados dentro de las «fronteras ideológicas» fijadas por las potencias hegemónicas que se enfrentaron en la Guerra Fría (1946-1989). En consecuencia, en 1971 el de Chile fue el primer gobierno del continente americano que estableció relaciones diplomáticas con la China Popular y otros Estados de Asia en lucha por emanciparse de gobiernos neocolonizados.

Cuatro décadas después la situación es muy distinta, la mayoría de los Estados de América Latina confluye en acuerdos que aumentan la autonomía de cada uno y la del conjunto, los intercambios directos entre los países del hemisferio sur se han incrementado exponencialmente, mientras en Europa se interrogan sobre las consecuencias del final del ciclo de globalización imperial iniciado en el siglo xvi, y EEUU otea el final del que comenzó en el siglo xix.

Desde 2008, China es el país con mayores reservas financieras y su economía está recuperando el lugar predominante que durante milenios fue el suyo –hasta la segunda mitad del siglo xviii–. Las proyecciones que se consideran más serias estiman que en 2020 los llamados «países emergentes» habrán doblado su parte en los activos financieros y que para 2030 la parte conjunta de EEUU, Europa y Japón en el ingreso mundial habrá descendido del 56 por 100 actual a mucho menos de la mitad, al tiempo que, probablemente, ningún país será hegemónico en un mundo multipolar de redes y coaliciones.

Cualquier proyección o estimación actual será ciertamente modificada por los hechos que sobrevendrán. Nuevas formas de barbarie, xenofobias y belicismos emergerán a favor de la actual manifestación de crisis del sistema capitalista y de las instituciones que le están sometidas. Es necesario concebir y construir alternativas que defiendan de manera efectiva los principios de humanidad y las libertades de los pueblos y las personas, la supervivencia del ecosistema. En ese camino de luchas y esperanzas, de regresiones y avances siempre reversibles, se halla la impronta de los pasos dados por Allende de Chile. El testimonio que publiqué en 1976 se reedita ahora en su versión original íntegra.

Joan E. Garcés

Madrid, 12 de mayo de 2013

[1] A. Cassese, Rapporteur: Study on the Impact of Foreign Economic Aid and Assistance on Respect for Human Rights in Chile, ONU, Economic and Social Council, E/CN.4/Sub.2/412, 20 de julio de 1978, vol. IV, paras. 496-497, subrayado en el original.

[2] R. López, E. Figueroa y P. Gutiérrez, La «parte del león»: nuevas estimaciones de la participación de los súperricos en el ingreso de Chile, Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Economía, marzo de 2013, tabla 14 elaborada en base a datos de The World Top Income Database de A. B. Atkison y T. Piketty, Oxford University Press, 2007, 2010, y A. B. Atkison; T. Piketty y E. Sáez, «Top Incomes in the Long Run of History», Journal of Economic Literature, 2011, 49 (1), pp. 3-71.

[3] Fuentes: Banco de España, Instituto Nacional de Estadística, Eurostat.

Presentación

El proceso chileno ha puesto en evidencia graves lagunas o errores de la praxis revolucionaria dominante en el movimiento obrero y popular. Laguna ha sido, por ejemplo, el desconocimiento que en sus partidos y organizaciones dirigentes existía sobre la política militar antiinsurreccional, particularmente antigolpe de Estado, a través de las técnicas de la defensa civil. La ausencia de una concepción teórica y operativa de estas últimas creó un vacío en la estrategia político-militar de la Unidad Popular (UP) que redujo progresivamente su capacidad de iniciativa y de defensa.

Semejantes insuficiencias se vieron acompañadas por otras más graves. El carácter de la alianza y coexistencia entre clases y sectores sociales, la naturaleza y función del Estado, la necesidad de una dirección unida del movimiento popular, la defensa de la nación como totalidad frente al asedio de una potencia extranjera, son algunos de los problemas de cuya solución depende el destino de un proceso de transformación de un sistema capitalista en favor de una alternativa socialista, y en los que la experiencia chilena ha revelado hasta qué punto algunos de los conceptos más generalizados de la teoría de la transición al socialismo pueden ser inadecuados ante las exigencias cambiantes de la evolución histórica y la especificidad única de cada proceso social.

Todo ello, sin embargo, no debe empalidecer el hecho de que la meta y el camino que intentó seguir el pueblo protagonista de este libro, la denominada «vía chilena al socialismo», reunía un síndrome de elementos definitorios –políticos, sociales, económicos, militares–, que la convierten en la experiencia más moderna hasta la fecha de revolución anticapitalista, conteniendo los gérmenes de una modalidad de transición al socialismo nunca antes desarrollados hasta un nivel comparable: plena vigencia de la democracia como forma de vida en el seno de los sectores y organizaciones integrantes del bloque social popular, reconocimiento de derechos políticos y civiles iguales a la oposición, respeto del Estado de derecho como norma de regulación de la vida colectiva, rechazo de la guerra civil como vía de resolución de las contradicciones sociales, libre ejercicio de las libertades de organización, conciencia y expresión sin más restricciones que las contempladas en un régimen legal fundamentado en la voluntad nacional manifestada a través del sufragio universal, libre, secreto y con pluralidad de partidos, etcétera.

De modo complementario, las técnicas contrarrevolucionarias que fueron puestas en práctica por el gobierno norteamericano y la burguesía criolla para derrotar a los trabajadores chilenos, son un ensayo de un fenómeno de envergadura: la prueba de la capacidad de ciertas tácticas y estrategias aplicadas a la destrucción y escarmiento de un pueblo en busca de su liberación social y nacional en el presente contexto de las relaciones mundiales, en particular en su proyección latinoamericana pero con elementos comunes válidos para otras regiones, incluida Europa Occidental.

En la medida en que tales técnicas contrarrevolucionarias han predominado en la práctica, han demostrado estar de alguna manera más desarrolladas que las utilizadas coetáneamente por el movimiento popular. Y el éxito de su aplicación en Chile entre 1970 y 1973 anticipa, y asegura, su reaparición en otras latitudes donde la supervivencia del sistema capitalista se enfrenta a un desafío de naturaleza comparable.

Algunas de las dimensiones más cruciales de la historia del gobierno de la Unidad Popular, las de orden estratégico, es propio de su carácter que solo fueran plenamente conocidas por la dirección superior del gobierno. Difícilmente puede comprenderse o interpretarse esta experiencia histórica sin ellas. La confianza política y la amistad con que me distinguiera Salvador Allende me situaron en una posición de responsabilidad singular en el periodo comprendido entre junio de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. La masacre del palacio de La Moneda y las ejecuciones de dirigentes que siguieron me han convertido lamentablemente en el único superviviente de los colaboradores políticos personales del presidente Allende. Era mi deber contribuir al entendimiento del periodo que se cerraba aquel 11 de septiembre con este testimonio, que dirijo en primer lugar a los trabajadores chilenos, escrito a partir del ángulo de enfoque que fue el mío: la presidencia de la república, síntesis que era de un gobierno, de la coalición de partidos de la Unidad Popular y de la Central Única sindical, de un Estado institucionalizado y de una sociedad nacionalmente vertebrada.

J. E. G.

París, julio de 1975