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Cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado colombiano

¿Reparación o revictimización? Cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado colombiano. / Ángela Cristina Tapias Saldaña
[y otros cuatro] – Bogotá : Universidad Santo Tomás, 2016.

ISBN 978-958-631-951-5

Reparación (Justicia penal) – Legislación -- Colombia 2. Guerra (Derecho internacional) 3. Víctimas del
conflicto armado -- Colombia 4. Corte Internacional de Derechos Humanos I. Tapias Saldaña, Ángela Cristina II. Fajardo Sánchez, Luis Alfonso III. Gómez Díaz, Lady Paola IV. Suárez Bustamante, Gina Marcela V. Velásquez Vargas, Mónica Andrea VI. Universidad Santo Tomás (Colombia).

CDD 303.6 Co-BoUST

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización previa por escrito de los titulares.

Significado interdisciplinario de las medidas de reparación del componente no patrimonial, en los casos proferidos por la Corte IDH respecto de Colombia. Criterios de medición objetivos y subjetivos

Búsqueda e identificación de personas desaparecidas y entrega de los cuerpos a familiares

Resultados de categorías relevantes para el favorecimiento del proyecto de vida

Apéndice 2
Cuestionario para conocer la opinión de las víctimas sobre el impacto de las medidas

Apéndice 3
Resultados de la validez de expertos del cuestionario para conocer la opinión de las víctimas sobre el impacto de las medidas de reparación

Tabla 4. Resultados de la encuesta sobre monumento y ceremonia en memoria de las víctimas

Esta investigación describe la satisfacción de las víctimas en torno a las medidas de reparación no patrimonial ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado colombiano.

El análisis se realizó a los 11 casos fallados hasta el año 2011, y el trabajo de campo se profundizó en el estudio de los casos en los que se obtuvo el consentimiento de las organizaciones representantes y los participantes. Entre tanto, el abordaje académico se realizó con el apoyo interdisciplinario de ciencias como la sociología, la psicología y el derecho, con enfoque psicosocial y diferencial por medio de metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas. Así mismo, se realizaron análisis de contenidos a la información de narraciones y grupos focales. Esto se procesó con estadísticas descriptivas de la información de las encuestas y finalmente se integró la información con técnicas hermenéuticas para sintetizar los hallazgos.

Respecto a las medidas, se concluye que hubo cumplimiento de las reparaciones de fondo comunitario y trabajo, opiniones de satisfacción parcial en la reparación por medidas de seguridad y protección de testigos e insatisfacción generalizada en atención integral en salud, así como regresos seguros de familiares desplazados –exiliados–, programas de vivienda y monumentos en memoria de las víctimas. Las opiniones de insatisfacción se relacionan con procesos impositivos y revictimizantes, por lo cual se colige lo fundamental que es el proceso de reparación (tanto como el resultado).

Uno de los desafíos actuales de las investigaciones académicas es conocer la incidencia del derecho en las relaciones sociales. En este contexto, el tema central de este libro lo constituyen los derechos humanos como una de las exigencias más importantes en la cultura jurídica y política actual. Por lo tanto, la temática relacionada con dichos derechos constituye la mayor preocupación del ciudadano y de los científicos sociales y filósofos que se dedican al estudio del hombre, del Estado, de la democracia y del derecho.

Esta investigación hace parte de la línea Tomás de Aquino: Humanismo, Política y Derecho de la Universidad Santo Tomás, la cual se caracteriza porque se fundamenta en el carácter interdisciplinario al ser objeto de análisis desde las disciplinas jurídica, sociológica y psicológica, que en esta oportunidad pretende describir las opiniones que poseen las víctimas frente al proceso de reparación planteado en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La proyección social en la Universidad Santo Tomás se ha caracterizado por su interacción con el medio externo, propiciando en las comunidades la toma de conciencia de su ser histórico y, así mismo, la solución de los problemas de orden sociocultural con una visión humanista de valoración del otro. Es así como la Universidad Santo Tomás orienta su proceso de investigación hacia temáticas que impacten no sólo la comunidad académica tomasina, sino que trascienda hacia la consolidación de espacios que posibiliten el emprendimiento de estrategias de fortalecimiento, entre otros, de los sistemas de protección de los derechos humanos y entre ellos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Otro de los principios que fundamenta el trabajo investigativo del proyecto es el carácter interdisciplinario; es objeto de análisis de aspectos históricos, jurídicos, sociológicos y psicológicos, en este caso, del impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, las disciplinas que cooperaron fueron la sociología, la psicología y el derecho, desde sus programas de pregrado y posgrado y la alianza se cristalizó a través de la representación de docentes y estudiantes investigadores.

La pertinencia y actualidad de la investigación en esta línea se refleja en la situación de victimización generalizada que afronta el país, particularmente en los delitos perpetrados con acción u omisión del Estado; lo cual trae como consecuencia que tanto en el ámbito interno como en el internacional, la academia y la sociedad en general se cuestionen seriamente sobre la efectividad de las reparaciones a las víctimas y sus instrumentos de protección. Lo anterior hace inaplazable el estudio de esta problemática desde la perspectiva de la academia y del derecho. Adicionalmente es pertienente ahondar en este conocimiento que podría enriquecer las prácticas de reparación relativas de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

Esta investigación pretende proporcionar elementos para ampliar y ajustar programas más amplios de reparación teniendo en cuenta el ámbito de observación privilegiado por la Corte IDH, la cual se ha referido a la reparación integral, como todas aquellas medidas destinadas a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas y la indemnización. De esta manera se trata de reparar por los daños: material (ejemplo: patrimonio familiar) e inmaterial (ejemplo: al proyecto de vida), y de brindar diferentes formas de reparación que finalmente son traducidas en indemnizaciones, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, aludiendo así a una reparación integral.

En este sentido, la indemnización intenta compensar los daños materiales e inmateriales que corresponden a las medidas patrimoniales o económicas, y que además concierne una suma de dinero que ordena la Corte IDH como compensación a ese daño. Por otra parte, se encuentran las medidas no patrimoniales que corresponden a las de satisfacción y buscan reparar ese daño inmaterial, pero que no adquieren un trascendencia de tipo pecuniario; por el contrario, deben tener un alcance y una repercusión pública de acuerdo a la relevancia y gravedad de los hechos en particular y se establecen considerando las posiciones de los diferentes actores como son: la Comisión, los representantes de los familiares de las víctimas, el Estado y los hechos en sí que hayan sido probados.

Becerra (2014) clasifica las medidas de satisfacción en dos grandes grupos: por un lado, las disculpas públicas que incluyen reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, las conmemoraciones y homenajes a las víctimas que en el modelo de reparaciones de la Corte IDH son conocidos como los actos simbólicos y la aplicación correcta de responsabilidades judiciales; y el otro grupo corresponde a la adopción de un estatuto de limitaciones para que progresen la investigación y sanción cuando se trate de violaciones graves de los derechos humanos en los términos del derecho internacional.

No obstante, es de anotar que las medidas de reparación patrimoniales y no patrimoniales tienen una relación complementaria. De ahí que la integralidad no puede entenderse de manera exclusiva como la sumatoria de medidas, sino que deben ser asumidas como una postura ética y como un enfoque que parte del supuesto de la interdependencia de las medidas. En este sentido, el efecto reparador de unas y otras no puede separarse fácilmente al punto que en algunos casos la reparación económica incida en el sentido o la satisfacción de otras medidas.

Desde esta perspectiva se realiza un abordaje integrador e interdisciplinar al componente no patrimonial en las medidas de reparación de los fallos de la Corte IDH con respecto a Colombia; se convierte en una investigación muy oportuna dada la situación actual que presenta nuestro país en cuanto a violaciones a los derechos humanos y superación del conflicto sociopolítico. Es imperante, para la academia y la interdisciplinariedad, incursionar en esta investigación sobre la reparación integral de las víctimas en Colombia beneficiadas por el sistema interamericano. Al mismo tiempo, resulta un aporte para la academia en tanto contribuye a la construcción de conocimiento y coopera en el trabajo conjunto de una sociedad civil que hace exigibilidad de los derechos.

Los investigadores, luego de analizar los aspectos necesarios para hacer seguimiento al impacto de los fallos proferidos por la Corte Interamericana, especialmente en medidas de reparación no patrimonial, podrán ofrecer entonces recomendaciones para que a futuro el cumplimiento de las sentencias de este importante organismo internacional de protección se adapten a los constantes cambios que se producen en la sociedad dentro de la perspectiva de armonización de intereses contrapuestos; partiendo de situaciones claras como que se encuentra que los tiempos de cumplimiento por parte del Estado cada vez se prolongan más, que se ofrece un cumplimiento de las medidas sin contemplar las condiciones y necesidades de las víctimas y sus familiares, que existe aún percepción de inseguridad en las víctimas, deseos de conocer la verdad y que se haga justicia, generándose también la necesidad de que las víctimas se organicen para que haya reconocimiento de las mismas y efectividad en el cumplimiento de las sentencias.

Para el equipo de investigación resulta de especial interés analizar el alcance e impacto de las reparaciones inmateriales de las sentencia de la Corte IDH, pues se considera que la adecuación de estas medidas tienen un impacto en las víctimas, las comunidades donde han ocurrido los hechos y en general en la sociedad colombiana.

En las últimas décadas, Colombia se ha visto enfrentada a una creciente condición de riesgo debido a las consecuencias del conflicto armado en sus múltiples formas como son los daños físicos, mentales y económicos causados a las víctimas objetivo de las vulneraciones y sus familiares a causa de los hechos delictivos ocasionados por grupos armados al margen de la ley o por funcionarios del Estado colombiano. Es a partir de estas situaciones que las víctimas tienen derecho a unas medidas de satisfacción y reparación integral diferencial como sujetos de derechos bajo el amparo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En efecto, a partir de una situación de impunidad de derecho interno que obligó a las víctimas a buscar escenarios internacionales para obtener la reparación y el restablecimiento de los derechos, se hace necesario conocer el grado de cumplimiento que el Estado ha brindado, con base en la documentación, así como la opinión de las víctimas frente a estas medidas y sentencias pronunciadas por la Corte IDH; teniendo en cuenta que esta, a través de sus fallos, ha declarado internacionalmente responsable al Estado colombiano, por acción u omisión en la garantía de los derechos humanos, en 11 oportunidades acordes con la Convención Americana de Derechos Humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. Estos fallos ordenan que el Estado deba cumplir con una serie de medidas para la reparación integral a las víctimas.

Por tal motivo, se hace necesario realizar un análisis de la opinión de los participantes en las reparaciones de los fallos proferidos en contra del Estado colombiano en lo que respecta a la aquiescencia y el impacto que las medidas de reparación impuestas por la Corte IDH han generado en las víctimas, así como en sus familiares, las comunidades e incluso la sociedad colombiana en general. En este contexto los investigadores se cuestionan la opinión que tienen las víctimas frente al cumplimiento y la satisfacción de las medidas de reparación ordenadas al Estado colombiano por la Corte IDH.

Como equipo de investigación, la forma de reparar el daño en graves violaciones de DDHH, especialmente en los casos del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos cuestiona sobre los principios fundamentales debido a que confronta en el concepto de ser humano y de sociedad y, por supuesto, conmina a definir una epistemología; es decir, a discutir sobre los fundamentos, los propósitos y los métodos que justifican el saber académico que se va a producir.

De manera breve se exponen los elementos fundamentales que componen el marco epistemológico desde el cual se aborda esta investigación, entre ellos un enfoque de derechos humanos, con perspectiva psicosocial, enfatizando la aproximación diferencial. Todo ello desde un aporte interdisciplinario psico-socio-jurídico. Contexto dentro del cual se han definido cuatro conceptos que atraviesan la problemática y que permiten la convergencia del equipo interdisciplinar: víctima, violencia, cambio y reparación.

La teoría de los derechos humanos ha cambiado de manera radical en los últimos años. Así mismo, los debates entre las escuelas universalistas y los defensores del multiculturalismo y la interculturalidad han dinamizado este campo superando las concepciones exclusivamente occidentales y liberales de los derechos humanos (Fajardo, 2006). La llamada Teoría de las Generaciones que fue utilizada frecuentemente para explicar la evolución histórica de los derechos humanos ha mostrado su inconveniencia y dejando al descubierto su uso instrumental, por parte de los Estados, al crear derechos de “primera”, “segunda”, “tercera” y “cuarta” generación, lo cual ha venido en detrimento de la protección de los derechos humanos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Por eso surgió la Teoría de la Generación de Viena como un desarrollo teórico y práctico de la Conferencia de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, que se caracteriza en el Artículo 5º de la Declaración de la adoptada por la Conferencia de Viena (1993): “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí (...) Se deben tratar los derechos humanos de manera global, justa y equitativa dándole a todos los derechos el mismo peso” (p. 1).

De esta importante conferencia, en la cual 171 países aprobaron la declaración y el plan de acción de Viena, surgieron entre otras conclusiones:

La Teoría de la Generación de Viena, como nueva herramienta de interpretación y desarrollo de los derechos humanos en un mundo global, hace parte de las herramientas para avanzar en la globalización contrahegemónica. Esta teoría permite una mejor y más efectiva protección y promoción de los derechos humanos, especialmente de esos “otros derechos” cuya protección ha sido históricamente muy débil. Igualmente, esta teoría permite leer mejor los contextos históricos de todos los pueblos y culturas, que la globalización liberal y hegemónica ha intentado homogeneizar y borrar (Fajardo, 2005).

Coincidiendo con los planteamientos conceptuales de la Teoría de la Generación de Viena, Adela Cortina, citada por Llop (1995), hace un planteamiento ético frente a los derechos humanos, explicando que deben ser entendidos a partir de unos mínimos y unos máximos éticos y no plantados en la difusión que se ha hecho de estos en primera, segunda y N generación. Los mínimos éticos son garantías básicas que deben otorgarse y exigirse a toda persona por el hecho de ser humano y que componen la idea básica de dignidad; ejemplos de ello son el derecho a la vida, la libertad y la subsistencia. Los máximos éticos son, entonces, los derechos que deben garantizarse en virtud de los intereses, las necesidades y las idiosincrasias propias de cada grupo humano.

Para el presente proyecto, el enfoque de derechos humanos está desarrollado bajo los principios de la Teoría de la Generación de Viena. Esto se evidencia en el hecho de verificar el impacto de las medidas ordenadas por la Corte IDH, la cual ha hallado responsable al Estado colombiano por violaciones graves a los derechos humanos y donde la Corte ha venido desarrollando los contenidos materiales a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Los derechos humanos se consideran una realización del hombre consciente de la capacidad de levantarse en nombre de la verdad, pero como hecho histórico y realidad social plantean un verdadero problema. Desde el momento en que se empezó a reemplazar “el derecho de Dios por el derecho del ciudadano” han sido reiteradas e insistentes las reclamaciones de justicia para todos (Castillo, 2007), Además, en la lógica funcional-relacional que le daría nueva validez a lo normativo (Dux, 2005) se concibe el derecho como un mecanismo formal para lograr cambios e impulsar la calidad de vida de las personas en general, pero especialmente en la recomposición de las víctimas. En materia de derechos humanos se propende por la prevención, pero también por restablecimiento y la sanción cuando estos son vulnerados; es decir, un enfoque que fortalece la humanidad.

Es una perspectiva orientada hacia la promoción, el reconocimiento, la garantía y la restitución de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales culturales y colectivos de las personas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). Este enfoque considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que son titulares de derechos que obligan al Estado, lo que implica cambiar la lógica de los procesos para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar prestaciones y conductas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008).

Desde esta posición la ley es un mecanismo para restablecer los derechos; no se queda en acciones de describir y repudiar, sino que da paso a la acción eficiente para modificar la realidad y ubicar a la víctima en posición en la que se garanticen los derechos. Tampoco se trata simplemente de volverla a la situación anterior que podía ser un estado de vulnerabilidad. Sin embargo, la ley o la norma son insuficientes para el logro de la defensa y la restitución de derechos, incluso los fallos de los más altos tribunales han sido desacatados e incluso ignorados (Fajardo, 2009).

Es importante reconocer que los procesos jurídicos generan efectos terapéuticos en las víctimas al restablecerles los derechos violados; es decir, existe una doble condición de la justicia en su relación con los aspectos psicosociales y de salud mental. Por un lado, los procesos jurídicos generan un impacto en las víctimas, pero la justicia, como uno de los derechos de las víctimas, es un aspecto clave para la recuperación integral de las víctimas.

Partiendo de esta distinción, el tema de reparación por violación de derechos humanos cambia radicalmente, pues sienta la base de garantías mínimas que deberían asegurar los Estados previamente y tras ser responsables de violación deben reparar de forma equitativa a todos los afectados y restituir de manera especial en virtud del perjuicio causado; en otras palabras, la reparación no puede ser simplemente atender los derechos básicos.

Para efectos del presente proyecto, en el marco del Sistema Interamericano, cuando un Estado es declarado internacionalmente responsable por violación a las disposiciones de la convención deviene la obligación de restituir el derecho violado (si ello fuera posible, adecuado y suficiente). De no ser así, se pueden determinar otras formas de reparación tendientes a conculcar los daños y perjuicios ocasionados. La forma, aunque a primera vista sencilla, plantea verdaderos retos en la práctica que han sido abordados con solvencia por la doctrina en general y la jurisprudencia interamericana de manera particular; esto es, existe en el derecho internacional un principio que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.

Lo que para el Estado se traduce en una obligación, para las víctimas se convierte en un derecho que con el paso del tiempo se perfecciona en cuanto a su contenido y alcance, gracias a los innumerables pronunciamientos de la Corte IDH sobre el particular.

La manera como ha sido desarrollado este concepto en el sistema regional toma como punto de partida el concepto de reparación integral o restitutio in integrum y así es reconocido por la Corte IDH desde sus primeras sentencias. En el Caso Velásquez Rodríguez, se afirma que “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral” (Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 1989).

La obligación de reparar, establecida por los tribunales internacionales, se rige como universalmente ha sido aceptado por el derecho internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, modalidades y la determinación de los beneficiarios, nada de lo cual puede ser modificado por el Estado obligado, invocando para ello disposiciones de su derecho interno (Corte IDH, Caso Garrido y Baigorria, Sentencia de Reparaciones).

Los hechos que configuran la responsabilidad internacional están basados en las acciones u omisiones de los Estados que, por un lado, son atribuibles a este desde la perspectiva del derecho internacional y a su vez constituye una violación de una obligación internacional del Estado. Una vez se configura el hecho internacionalmente ilícito, se desprenden una serie de obligaciones, entre ellas ponerle fin si ese hecho continúa, a ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición (si las circunstancias lo exigen), y la más importante de todas: reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito, que comprende todo daño, tanto material como moral, causado por el hecho. Este aspecto es muy relevante para el desarrollo de la presente investigación ya que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos que se van a estudiar, justamente se declaró la responsabilidad del Estado colombiano por esos hechos.

Los siguientes son tres elementos esenciales de la responsabilidad internacional:

La imputación al Estado puede hacerse de forma directa cuando las acciones u omisiones son atribuibles a sus representantes y funcionarios; no obstante, también puede imputarse responsabilidad internacional indirecta cuando el hecho ha sido cometido por particulares o cuando el Estado se ha abstenido de tomar medidas tendientes a prevenir, hacer o poner fin a esta situación, como ha ocurrido por ejemplo en los casos que han encontrado internacionalmente responsable al Estado colombiano por hechos cometidos por terceros en las masacres de Mapiripán, Ituango y La Rochela (Fajardo, 2012).

Los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición han sido expuestos, entre otros instrumentos, en la Resolución del 21 de marzo de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la cual se adoptaron los Principios y directrices básicos sobre el Derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de graves violaciones al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, en los cuales se establece el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y a una reparación plena que incluya las formas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Sin embargo, y con el ánimo de precisar el alcance y contenido de las medidas de reparación no patrimonial, se acudirá a los desarrollos jurisprudenciales hechos por la Corte IDH respecto de otros países.

Con la realización de los derechos humanos debe haber cada vez mayor influencia en los procesos sociohistóricos sobre los sistemas de socialización que influencian de manera más directa la construcción de lo cognitivo, así como los procesos sociales que se fusionan y los cambios políticos. Precisamente el tejido inicial permitió el desarrollo del sistema jurídico y su clave en la jus gentium, hecho anotado como eje central en el desarrollo de los derechos humanos.

La resistencia a los postulados de los derechos humanos por parte de algunos grupos y sectores de poder ha sido una constante; la responsabilidad del Estado ha generado muchos interrogantes, explícitamente en cuanto a que la forma en que se pretende alcanzar justicia frente a los crímenes (Castillo, 2007) exige que se ahonde en el fortalecimiento de la ciudadanía en perspectiva de derechos, con contenidos en el desarrollo de la convivencia, la identidad y la creación de oportunidades para la participación y el desarrollo humano. Es así que en la configuración individuo/sociedad –relaciones de individuos– se puede entender mejor la participación ciudadana como pilar de la democracia en cuanto la expresión en libertad con capacidad de reflexión, lo que incide en las formas de ordenamiento social y de pluralidad para la convivencia.

La Corte Constitucional también ha señalado que la jurisprudencia interamericana relativa al derecho a la justicia, a la investigación, al conocimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a la no repetición tienen una especial “relevancia como fuente de Derecho Internacional vinculante para Colombia, por tratarse de decisiones que expresan la interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (Corte Constitucional, Sentencia C – 370 de 2006).

La psicología jurídica es una disciplina pertinente para el abordaje integral de las víctimas, ya que es una especialidad de la psicología que comprende los conflictos humanos que alcanzan implicaciones jurídicas y propende por los derechos humanos y la salud mental. La psicología y la victimología cuentan con importantes constructos como el duelo, el daño psicológico, la adaptación, la victimización y revictimización, el empoderamiento, los movimientos asociativos de las víctimas, el perdón y la resiliencia, todos ellos pertinentes para los procesos de justicia y reparación.

En la psicología jurídica y la victimología, la víctima es concebida como lo propuso la Resolución 4034 de la ONU: persona (s) que, individual o colectivamente, como resultado de actos u omisiones que violan los DDHH o el DIH han sufrido daños físicos o mentales, sufrimiento emocional o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y que cumplen a su vez un papel activo como sujetos políticos y sociales en la exigencia de sus derechos, en la reconstrucción y reivindicación de la memoria histórica y en su recuperación emocional. La expresión “víctima” es la categoría jurídica que condensa el derecho a la verdad, justicia y reparación integral, así como a las garantías de no repetición.

Desde esta perspectiva se consideran también víctimas a los miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así como a las personas que al intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos.

En consecuencia, el abordaje teórico práctico de esta investigación se plantea desde una aproximación psicosocial y no desde la mirada individual, en la comprensión que un delito cometido a una persona redunda en quienes le rodean y nunca hay una víctima sola, en singular y con mayor razón una afrenta a un colectivo trasciende hacia lo social, lo cultural e incluso lo político. Se comprende lo psicosocial como un sistema que se retroalimenta en las relaciones humanas, sin límites estrictos entre lo individual y lo social, que se cruza con elementos biofisiológicos, pero lo trasciende y colinda con lo sociojurídico; es decir, una comprensión holística integral.

Según Hamber (2006), lo psicosocial expresa el reconocimiento de la relación circular entre el estado psicológico de un individuo y su ambiente social; realza la importancia del trauma político. En este sentido no basta con ayudar a las víctimas y sobrevivientes a lidiar con el impacto, sino también a fomentar la transformación de la sociedad, la reparación de las relaciones y el cambio de las condiciones sociales.

La perspectiva psicosocial cuestiona al enfoque individualista y patologizante, pues resalta el impacto social del daño y contextualiza la explicación en lo sociohistórico, ya que las experiencias traumáticas, secuelas de graves violaciones a los derechos humanos, pueden tener un carácter individual y uno colectivo. En este sentido, autores como Martín- Baró (1990), citado por Beristaín (2010), habla del trauma psíquico como un daño particular producido en una persona debido a una experiencia de violencia, pero también de un trauma social que se refiere al impacto que esos hechos colectivos pueden tener en los procesos históricos o en una determinada comunidad o grupo.

En razón a lo anterior es imprescindible que se analicen y comprendan las problemáticas en un contexto histórico reconociendo los actores sociales; no se puede minimizar el impacto de la victimización confundiendo al afectado como un enfermo biofisiológico, sino como una persona normal que reacciona ante una situación anormal, una violación de origen externo al social y por tanto allí, en el entorno, debe ponerse el acento de la reparación.

La Fundación Dos Mundos (2006) afirma que lo psicosocial requiere una dimensión política y un posicionamiento moral y particularmente en lo atinente a reparaciones integrales por violaciones a los derechos humanos: “Una mirada valorativa de condena social y en consecuencia políticamente se ubica al lado de las víctimas” (p. 2). La reparación integral para las víctimas requiere el ámbito público, pero exige que se haga partícipe a toda la sociedad involucrando ámbitos político, cultural y social, para que no se privatice el daño y se fortalezcan las posibilidades de prevención social.

Esta investigación se identifica con los principios que se asocian al enfoque psicosocial y que guían el acompañamiento psicojurídico, según Óscar Gómez, de la Corporación AVRE (2006), estos postulados son:

De igual manera, para el desarrollo de la presente investigación se tomaron en cuenta parámetros de la orientación jurídica y psicosocial sugeridos por la Defensoría del Pueblo (s. f.) en lo que respecta a la asistencia a las víctimas para su participación en el Proceso de Justicia y Paz.

Estos lineamientos serán adaptados para esta investigación como se plasma a continuación:

La Defensoría del Pueblo (s. f.) también indica la importancia de ser eficiente en la comunicación con las víctimas; esto es, ser moderadamente directivo y que los objetivos de la investigación académica sean ejes de la conversación en los grupos focales. Formular preguntas que no induzcan respuestas y que sean prudentes para que no vulneren su sensibilidad. Expresarle a la víctima que los investigadores, en sus deberes académicos, éticos e investigativos, tienen prácticas de confidencialidad lo que implica no divulgar innecesariamente la información recibida y para fines que no tengan que ver con el desarrollo de la investigación.

Un elemento que incluye y caracteriza el enfoque psicosocial es la perspectiva diferencial, que se describe de manera más detallada. El enfoque diferencial tiene su fundamento en el del derecho a la igualdad, el cual supone que personas en situaciones similares deben ser tratadas de forma igual, y que aquellas que están en situaciones distintas deben tratarse de manera distinta, en forma proporcional a dicha diferencia. No todas las diferencias de trato constituyen discriminación prohibida por el derecho internacional, siempre y cuando los criterios para la diferenciación sean razonables y objetivos. A partir de este principio, es pertinente realizar una diferenciación positiva y no una discriminación; ciertos grupos humanos tienen necesidades de protección diferenciales a raíz de sus situaciones específicas y de su vulnerabilidad. Este enfoque se ve plasmado en leyes y políticas vigentes como las derivadas de la Ley 1448 de 2011 (Artículo 13) que contiene como principio el reconocimiento de poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad, que deben tomarse en cuenta al implementar garantías y medidas de protección, medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral, así como la inclusión de criterios adecuados a grupos especiales expuestos a mayor riesgo de las violaciones como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de los derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado y esfuerzos para eliminar la discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

El enfoque diferencial parte de una visión integral, diversa y compleja del ser humano, invitando al reconocimiento de la diversidad y propendiendo por la materialización de los principios de universalidad, integralidad y equidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008). El abordaje acorde con el enfoque diferencial se ajustó para esta investigación, en la cual se entrevistaron víctimas de todos los casos, que podrán ser grupos vulnerables como mayores de edad, mujeres, niños victimizados (actualmente adultos), líderes comunitarios, etc.

Acorde con el ICBF (s. f.) es un enfoque emanado de la fuente constitucional ya que en la Carta Política Nacional (en los artículos 7, 8, 13 y 70) se reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación, dispone que es obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas culturales y naturales de la misma y establece que la diversidad cultural es fundamento de la nacionalidad, reconociendo la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el país. Este es uno de los principales cambios constitucionales de 1991 pues se pasó del Estado monocultural al Estado multicultural y pluriétnico, donde convive una diversidad humana que debe respetarse, protegerse y garantizar sus derechos. El reconocimiento y la valoración de las formas propias de vida cultural compromete a todas las organizaciones a que estén en concordancia con esas formas, de modo que no se apliquen modelos estandarizados de intervención o atención, sino que estos deben ser conciliados y modificados según las características especiales de cada pueblo.

En Colombia se han definido las categorías básicas para el enfoque diferencial, a través de las sentencias T-602 y T-721, las cuales enfatizaron la necesidad de atención basada en “acciones afirmativas y en enfoques diferenciales sensibles al género, la generación, la etnia, la discapacidad y la opción sexual”. Fajardo, Abondano y García (2008) explican que las acciones afirmativas respetan la diferencia con base en la Corte Constitucional; esta expresión designa políticas o medidas dirigidas a favorecer determinadas personas o grupos para reducir desigualdades sociales, culturales y económicas. También indica cómo este enfoque responde al Artículo 13 de la Constitución Nacional para hacer realidad la igualdad y proteger a las personas que se encuentren en debilidad manifiesta.

A continuación se citan situaciones de aplicación del enfoque diferencial a estas categorías. Por ejemplo, en lo étnico, á