LOS CERCOS DEL DEBATE SOBRE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS
ENCUADRES RETÓRICOS DE LA LEY 1448 DE 2011 EN LA PRENSA COLOMBIANA
NACIONAL Y REGIONAL
MARYLUZ VALLEJO MEJÍA
CATALINA MONTOYA LONDOÑO
Reservados todos los derechos
© Pontificia Universidad Javeriana
© Maryluz Vallejo Mejía
Catalina Montoya Londoño
Primera edición:
Bogotá, D. C., abril de 2017
ISBN: 978-958-781-072-1
Número de ejemplares: 300
Hecho en Colombia
Corrección de estilo:
Guillermo Castillo
Diagramación y montaje de cubierta:
Adriana Rodríguez Conto
Diseño de colección:
Magdalena Monsalve
Impresión:
Javegraf
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Carrera 7.a núm. 37-25 oficina 1301
Edificio Lutaima
Teléfono: 3208320 ext.4752
www.javeriana.edu.co/editorial
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vigilada Mineducación.
Reconocimiento como Universidad:
Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento de personería jurídica:
Resolución 73 del 12 de diciembre de
1933 del Ministerio de Gobierno.
Vallejo Mejía, Maryluz; Montoya Londoño, Catalina, autoras
Los cercos del debate sobre la restitución de tierras: encuadres retóricos de la Ley 1448 de 2011 en la prensa colombiana nacional y regional / Maryluz Vallejo Mejía y Catalina Montoya Londoño. -- Primera edición. -- Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2017. (Libros de Investigación Editorial Pontificia Universidad Javeriana).
248 páginas: ilustraciones, gráficas, mapas y tablas; 28 cm
Incluye referencias bibliográficas.
ISBN: 978-958-781-072-1
1. TENENCIA DE LA TIERRA – LEGISLACIÓN - COLOMBIA. 2. CRÍTICA DE PRENSA - COLOMBIA. 3. PRENSA – INFLUENCIA – COLOMBIA. 4. RESTITUCIÓN – COLOMBIA. 5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS Y OPINIÓN PÚBLICA. 6. LEY 1448 DE 2011 – CRÍTICA E INTERPRETACIÓN. 7. ANÁLISIS DEL DISCURSO. I. MONTOYA LONDOÑO, CATALINA, AUTORA. II. CATALINA MONTOYA LONDOÑO, AUTOR. III. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA.
CDD 346.43 edición 21
Catalogación en la publicación - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.
inp. 05 / 04 / 2017
Prohibida la reproducción total o parcial de este material, sin autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana.
A nuestras hijas
Tabla 1. Composición de la muestra
Tabla 2. Ubicación de la información (noticiabilidad)
Tabla 3. Total de piezas por cada género informativo
Tabla 4. Manejo de géneros informativos por cada medio
Tabla 5. Número de piezas por asuntos y géneros informativos (frecuencias y porcentajes)
Tabla 6. Asuntos y géneros de opinión (frecuencias y porcentajes)
Tabla 7. Tipos de autores y proporción de su presencia en la muestra
Tabla 8. Asuntos de la información
Tabla 9. Frecuencias y porcentajes del uso de razonamientos retóricos
Tabla 10. Uso general de fuentes
Tabla 11. Menciones a los sujetos de la información
Tabla 12. Tipo de comentarios por epicentro de la agenda mediática
Tabla 13. Falacias
Tabla 14. Porcentaje de falacias por tipos de comentarista
Tabla 15. Porcentaje de falacias por objeto de los comentarios
Tabla 16. Tipo de falacias y postura en relación con la perspectiva gubernamental
Tabla 17. Tipo de falacias en relación con los medios analizados
Tabla 18. Tipo de falacias en relación con los asuntos del cubrimiento
Tabla 19. Figuras retóricas
Tabla 20. Porcentaje de figuras por tipos de comentarista
Tabla 21. Porcentaje de figuras por objeto de los comentarios
Tabla 22. Tipo de figuras y postura en relación con la perspectiva gubernamental
Tabla 23. Tipo de figuras en relación con los medios analizados
Tabla 24. Tipo de figuras en relación con los asuntos del cubrimiento
Figura 1. Porcentaje de ubicación de las piezas respecto al total de cada medio
Figura 2. Porcentaje de piezas por cada género y periódico
Figura 3. Proporción de piezas en los asuntos por el total de cada género informativo
Figura 4. Proporción de piezas en los asuntos por el total de cada género de opinión
Figura 5. Porcentaje del tipo de autor por cada medio
Figura 6. Tipos de autor en los géneros de opinión por cada medio
Figura 7. Epicentros de la información
Figura 8. Epicentros de la información por cada medio
Figura 9. Porcentaje del tratamiento de asuntos por el total de cada medio
Figura 10. Porcentaje del uso de esquemas de razonamiento en los medios analizados
Figura 11. Porcentaje del uso de esquemas de razonamiento por asuntos de la información
Figura 12. Manejo de fuentes en El Tiempo
Figura 13. Manejo de fuentes en El Colombiano
Figura 14. Manejo de fuentes en El Espectador
Figura 15. Manejo de fuentes en El Heraldo
Figura 16. Manejo de fuentes en El País
Figura 17. Manejo de fuentes en Hoy Diario del Magdalena
Figura 18. Manejo de fuentes en El Meridiano de Córdoba
Figura 19. Manejo de fuentes en el tema de justicia transicional y derechos humanos
Figura 20. Manejo de fuentes en el tema de desarrollo económico
Figura 21. Manejo de fuentes en el tema del proceso de paz
Figura 22. Manejo de fuentes en el tema de la promoción e implementación de la Ley 1448
Figura 23. Manejo de fuentes en el tema de seguridad y conflicto armado
Figura 24. Manejo de fuentes en el tema de corrupción e ineficiencia estatal
Figura 25. Manejo de fuentes en el tema de cooperación internacional y política exterior
Figura 26. Porcentaje del uso de las fuentes por asuntos de la información
Figura 27. Porcentaje del tipo de evaluaciones referidas a los sujetos de la información en la muestra general
Figura 28. Porcentaje de menciones a los actores por cada medio
Figura 29. Proporción de menciones a los sujetos de la información en El Tiempo
Figura 30. Proporción de menciones a los sujetos de la información en El Espectador
Figura 31. Proporción de menciones a los sujetos de la información en El Colombiano
Figura 32. Proporción de menciones a los sujetos de la información en El País
Figura 33. Proporción de menciones a los sujetos de la información en El Heraldo
Figura 34. Proporción de menciones a los sujetos de la información en Hoy Diario del Magdalena
Figura 35. Proporción de menciones a los sujetos de la información en El Meridiano de Córdoba
Figura 36. Porcentaje de menciones a los sujetos por asuntos de la información
Figura 37. Porcentaje de menciones a los sujetos de la información en el tema de justicia transicional y derechos humanos
Figura 38. Porcentaje de menciones a los sujetos de la información en el tema de desarrollo económico
Figura 39. Porcentaje de menciones a los sujetos de la información en el tema del proceso de paz
Figura 40. Porcentaje de menciones a los sujetos de la información en el tema de promoción e implementación de la Ley 1448
Figura 41. Porcentaje de menciones a los sujetos de la información en el tema de seguridad y conflicto armado
Figura 42. Porcentaje de menciones a los sujetos de la información en el tema de corrupción e ineficiencia estatal
Figura 43. Porcentaje de menciones a los sujetos de la información en el tema de cooperación internacional y política exterior
Figura 44. Total de menciones de algunas fuentes particulares
Figura 45. Total de menciones de algunos sujetos individuales
Figura 46. Tipos de mención por el total de referencias a cada protagonista
Figura 47. Énfasis de los comentarios y comentaristas
Figura 48. Porcentaje del énfasis en comentarios por cada medio
Figura 49. Porcentaje del énfasis en comentarios por cada asunto
Figura 50. Porcentaje del énfasis en comentarios por cada género
Figura 51. Porcentaje de las posturas por objetos de los comentarios en el cubrimiento
Figura 52. Porcentaje de las posturas por objetos de los comentarios en El Tiempo
Figura 53. Porcentaje de las posturas por objetos de los comentarios en El Espectador
Figura 54. Porcentaje de las posturas por objetos de los comentarios en El Colombiano
Figura 55. Porcentaje de las posturas por objetos de los comentarios en El País
Figura 56. Porcentaje de las posturas por objetos de los comentarios en El Heraldo
Figura 57. Porcentaje de las posturas por objetos de los comentarios en Hoy Diario del Magdalena
Figura 58. Porcentaje de las posturas por objetos de los comentarios en El Meridiano de Córdoba
Figura 59. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento sobre justicia transicional y derechos humanos
Figura 60. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento sobre desarrollo económico
Figura 61. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento sobre el proceso de paz
Figura 62. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento sobre promoción e implementación de la Ley 1448
Figura 63. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento sobre seguridad y conflicto armado
Figura 64. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento sobre corrupción e ineficiencia estatal
Figura 65. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento sobre cooperación internacional y política exterior
Figura 66. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento en las noticias
Figura 67. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento en las breves
Figura 68. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento en las columnas de opinión
Figura 69. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento en las entrevistas y perfiles
Figura 70. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento en los reportajes e informes especiales
Figura 71. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento en los editoriales
Figura 72. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento en los análisis
Figura 73. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento en las caricaturas
Figura 74. Porcentaje de los comentarios referidos a objetos del cubrimiento en las crónicas
Figura 75. Tipo de comentarios y comentaristas en la muestra
Figura 76. Tipo y postura de comentarios hechos por los periódicos
Figura 77. Tipo y postura de comentarios hechos por los periodistas
Figura 78. Tipo y postura de comentarios hechos por los columnistas y analistas
Figura 79. Tipo y postura de comentarios hechos por las fuentes
Figura 80. Número de falacias por cada periódico
Figura 81. Falacias y asuntos de la información
Figura 82. Figuras retóricas por cada periódico
Figura 83. Figuras retóricas y asuntos de la información
Desde que el presidente de la república sancionó la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras —presentada por el senador liberal Juan Fernando Cristo el 11 de julio de 2011— comenzó el debate público sobre la que el mandatario calificó de “verdadera reforma agraria”. El tema quedó instalado en la agenda pública y mediática una vez la ley entró en vigencia el 1.º de enero de 2012; un año después, el asunto agrario sería el primer tema de discusión en los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC en La Habana por cuanto la tierra está en el corazón del conflicto armado colombiano.
Cuando firmó la Ley 1448 de 2011, el presidente Juan Manuel Santos afirmó: “El otro año prevemos que serán atendidos unos 13 000 reclamos de restitución y que los jueces fallarán 2000 de ellos. Para el final de nuestro gobierno la meta es haber fallado unos 80 000 casos” (Santos, 2011, 20 de diciembre). Incluso, aseguró que si se cumplían estas metas podría irse tranquilo a la tumba.
De cumplirse este programa bandera de la administración Santos, se produciría la verdadera revolución agraria que saldaría la deuda histórica con las víctimas de la violencia en el campo, lugar donde los actores armados realizaron una contrarreforma agraria con el beneplácito de sectores económicos y políticos en las últimas décadas. Con esta ley se pretende restituir entre dos y seis millones1 de hectáreas de tierras arrebatadas a sus dueños originales durante el conflicto armado a partir del 1.º de enero de 1991.
Esta ley se inscribe en el marco del modelo de justicia transicional que busca garantizar que los responsables de las violaciones a los derechos humanos rindan cuenta de sus actos y se satisfagan los derechos a la justicia, reparación y verdad integral de las víctimas con garantía de no repetición de los hechos. Para dar mayor operatividad a la ley, el Gobierno —en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural— presentó el Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural en marzo de 2011, que inició su trámite el primer semestre de 2012.
A comienzos de 2012, el Gobierno nacional creó las tres entidades directamente encargadas de la aplicación de la ley y nombró a sus responsables, bajo las órdenes del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo. Se trata de la Unidad de Víctimas, encargada de coordinar las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas, liderada por Paula Gaviria; la Unidad de Tierras, responsable de tramitar los casos de restitución ante los jueces y tribunales, encabezada por Ricardo Sabogal, y el Centro de la Memoria Histórica, encargado de reunir y recuperar todo el material documental y los testimonios orales que estarán a disposición de los investigadores y ciudadanos, bajo la dirección de Gonzalo Sánchez. El nuevo aparato institucional reemplazó las funciones que cumplían Acción Social y la Comisión Nacional de Reparación, que desaparecieron con la Ley 1448 de 2011.
También en el año 2012 inició el nombramiento de los jueces y magistrados que se encargarían de dictar los fallos: 134 jueces y 60 magistrados en las 12 zonas priorizadas2 por el Gobierno nacional para la restitución de tierras en los 143 municipios de mayor despojo. Igualmente, el Gobierno expidió el Plan Nacional para la Atención y Reparación de Víctimas, comenzó a montar las unidades de víctimas en el país, fijó las metas en el Plan de Desarrollo Nacional y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y aprobó, con un presupuesto de 6,3 billones de pesos, la ejecución del Plan Nacional para la Atención y Reparación de Víctimas con miras a que, en 2013, la reparación a las víctimas empezara a tener resultados.
Cabe recordar que, con la Ley de Justicia y Paz, una de las políticas ejecutadas durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), solo se restituyeron 60 000 hectáreas. Por su parte, el gobierno de Santos se trazó la meta de devolver 500 000 hectáreas cada año para beneficiar a unas 360 000 familias que fueron despojadas de unos 7 millones de hectáreas en los últimos 15 años.3
Aunque hay consenso sobre la bondad de la ley, esta ha tenido numerosos críticos y detractores por cuenta de sus limitaciones, entre ellos el senador Jorge Robledo, quien convocó a un debate en el Congreso en mayo de 2012. En él, declaró que Santos vendió una “falsa revolución agraria” y que, en lo corrido de ese año, no se había destinado una sola hectárea de tierra entregada por los victimarios. La ley también ha sido objeto de conflictos entre los nuevos dueños de las tierras obtenidas tras procesos de desalojo forzoso y las víctimas del despojo. No obstante, el principal escollo que se le ha presentado es la seguridad: en el periodo 2005-2013 fueron asesinados entre 60 y 70 líderes de la restitución de tierras, mientras que otros han trabajado bajo constantes amenazas. Así mismo, entre los enemigos de la ley han surgido testaferros y usurpadores de tierras; además, comenzó a operar un ejército antirrestitución, y hay sectores de izquierda y de derecha —calificados por el presidente Santos de “mano negra”— que intentan torpedear el proceso.
Dado el impacto social de esta política pública, surge la pregunta por el acompañamiento que están haciendo los medios impresos nacionales y regionales a estos procesos de reparación y restitución que, como es de conocimiento general, se desarrollan en contextos de violencia regional, parapolítica, narcotráfico, corrupción e impunidad. Concretamente: ¿cuál ha sido el rol deliberativo de los medios impresos nacionales y regionales frente a la viabilidad de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras entre los años 2012 y 2013? De este interrogante central se desprenden otros, entre ellos: ¿qué tan posicionada está la Ley 1448 de 2011 en la agenda mediática?, ¿cómo la están tematizando los medios impresos nacionales y regionales?, ¿qué protagonistas del debate han tenido mayor resonancia en los medios?, y ¿cuál es la posición de los medios seleccionados frente a la ley desde sus líneas editoriales?
Por tratarse de un complejo tema de debate público y de una política social de envergadura para la resolución del conflicto y el desarrollo económico del país, conviene analizar de qué manera se ha instalado la Ley 1448 en la agenda mediática y cómo los medios han contribuido a enriquecer la discusión sobre su viabilidad y sostenibilidad.
En una democracia participativa es función de la academia examinar el rol deliberativo que desempeñan los medios en la construcción de consensos y disensos sobre políticas públicas de alto impacto social. Al respecto, Robinson (2002) señala que los medios impresos “tienen una tendencia mayor a expresar opinión política de forma ostensible e influenciar la opinión de las élites” (p. 3). De manera similar, McNair (2007) ha planteado que, en contraste con otros formatos noticiosos, los periódicos generan una información de mayor profundidad y con una articulación más clara de la opinión, basada en su orientación política. Los diarios, en comparación con otros medios de comunicación, tienen la característica de estar menos limitados por la inmediatez informativa y de la imagen que la radio o la televisión. En este sentido, permiten una información más profunda y una mayor articulación de la opinión basada en las orientaciones políticas que el periódico representa (McNair, 2007, pp. 70-72; Robinson, Goddart, Parry, Murray, y Taylor, 2010, p. 7). De este modo, visibilizan con mayor claridad la convergencia entre las agendas políticas y su discusión pública. Así mismo, facilitan la comparación de narrativas en disputa sobre los eventos o asuntos promovidos por actores políticos y su tratamiento en el cubrimiento mediático.
Además, Bennett, Lawrence y Livingston (2007) coinciden en que el carácter de periódico de referencia o de élite (mainstream press) hace que, por ejemplo, El Tiempo “fije el tono del discurso público” (pp. 58-59) y sea, por tanto, objeto de monitoreo y comunicación estratégica por parte de élites influyentes para las cuales es cada vez más difícil gobernar sin un manejo de prensa adecuado. Basta mencionar que detrás de este diario estuvo la familia Santos —que ha puesto dos presidentes y un vicepresidente—, la cual, aunque hoy en día no tenga acciones, disfruta de los réditos que les dejó la empresa como institución política durante casi cien años.
Siguiendo esta lógica, cada departamento colombiano tiene sus propios periódicos de influencia, por lo que es posible observar cómo se han articulado las opiniones, los consensos y disensos frente a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en las regiones más afectadas en relación con el discurso nacional.
Una investigación precedente sobre cubrimiento de elecciones locales en los departamentos de Sucre, Magdalena y Norte de Santander (Morales y Vallejo, octubre, 2011) se enfocó en el tratamiento dado por los medios impresos a los “candidatos de observación especial” vinculados a la parapolítica. El trabajo concluyó que, en contextos de conflicto armado, narcotráfico y parapolítica, algunos medios impresos asumieron la vocería de actores políticos ilegítimos, como ocurrió con Hoy Diario del Magdalena y El Meridiano de Sucre, los cuales apoyaron irrestrictamente las campañas de los “candidatos de observación especial”.4 En el presente trabajo también quisimos abarcar a los medios regionales, cuyas líneas editoriales suelen pasar inadvertidas frente a las cabeceras de referencia nacional.
Pocos trabajos han explorado el cubrimiento mediático de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y la mayoría de ellos se han focalizado en periódicos de alcance nacional. Vélez López (2013) observó la discusión en el Congreso, previa a la aprobación de la ley, en El Tiempo, El Espectador y la revista Semana, concluyendo que en el cubrimiento predominó una postura acrítica sobre la importancia histórica de la ley. Así mismo, Pardo Abril (2013) exploró la noción de “metáfora multimodal” en cuatro caricaturas políticas sobre la ley publicadas en los dos diarios nacionales y, en particular, cómo las caricaturas condenaron la violencia física y las maniobras legales contra los campesinos para tomar posesión de sus tierras.
Esta investigación contribuye al desarrollo de la metodología del Observatorio de Medios de la Pontificia Universidad Javeriana desde la perspectiva teórica de los marcos interpretativos. No solamente incluye el cubrimiento nacional y regional de la ley, sino que también integra el análisis retórico y de encuadres de manera sistemática. Así mismo, pretende aportar a los estudios de opinión pública y democracia, específicamente a la manera como se utilizan las plataformas de los medios, sus discursos y narrativas para conducir las representaciones sociales, los imaginarios colectivos y las percepciones de las audiencias.
Podríamos considerar con Silverstone (2004, p. 202) que cuando los medios indagan en la memoria de los hechos para verificar el cumplimiento de los derechos ciudadanos (justicia, verdad y reparación), propios de los procesos de restitución de tierras, reconstruyen situaciones, entrevistan testigos y recogen material de archivo. Ahora bien, con estas prácticas están contribuyendo, al mismo tiempo, a la revelación de pruebas, lo que apuntala una “retórica de la verdad”.
Valga recordar que la retórica nació en Siracusa en el siglo V a. C. para resolver los litigios sobre la propiedad de la tierra ante los jurados populares. Y surgió además como una necesidad jurídica: enseñar a los litigantes a ganar una causa en favor de los desterrados (Díaz, 2009, p. XI).5 Entonces, como hoy, los conflictos de poder comenzaban por la propiedad de la tierra y de los medios de producción. Sin embargo, hace 2500 años no existían los medios de comunicación que hoy tienen la responsabilidad de ofrecer información de calidad a las comunidades sobre el estado de los procesos de restitución, explicar cómo acceder a los beneficios, discutir los resultados de la ley y vigilar su cumplimiento, más aún, considerando que se trata de una política pública de gran envergadura social.
Este libro pretende entonces entender las implicaciones de un debate cercado por tantos intereses como sectores de opinión hay involucrados en la restitución de tierras. Este objetivo se desarrollará a partir del análisis discursivo de una voluminosa muestra compuesta por 1474 piezas (noticias, reportajes, entrevistas, columnas de opinión, editoriales, breves, etc.) de siete periódicos seleccionados por su influencia regional y nacional.
La primera parte del libro presenta los resultados del análisis teniendo en cuenta la noticiabilidad generada por la Ley 1448, los géneros periodísticos más utilizados para construir la agenda informativa, los autores, epicentros, asuntos de la información y los razonamientos retóricos que prevalecieron en las piezas de opinión. Posteriormente, el trabajo describe el tratamiento de los sujetos y fuentes de la información, esto es, los actores de los que más se habló en relación con la ley, así como aquellos cuyo discurso tuvo mayor resonancia en las agendas informativas. En tercer lugar, el libro describe el tipo de discusiones centradas en eventos, actores o problemáticas estructurales de la ley. De igual manera, ahonda en los niveles de favorabilidad u oposición del debate mediático hacia la narrativa gubernamental, así como en la resonancia de falacias y figuras retóricas en los debates sobre la ley. Más adelante, profundiza en las líneas editoriales de cada medio para concluir con un capítulo que ofrece una panorámica general sobre lo que estas vetas de análisis nos dicen con respecto al debate público y mediático de la Ley 1448.
Y tras las conclusiones derivadas del estudio cualitativo y cuantitativo, se presenta un capítulo final de actualización al cumplirse cinco años de la Ley 1448, cuya vigencia expira en el año 2021. Allí proponemos que, en general, los encuadres retóricos estudiados han tenido continuidad, sin desconocer que han surgido nuevos actores en el escenario mediático, además de la nueva Ley 1776 de 2016 (ley Zidres) para favorecer la producción agroindustrial en terrenos baldíos, que choca con el espíritu de la restitución de tierras.
Queremos agradecer a todas aquellas personas e instituciones que apoyaron la realización de este trabajo. Ana María Ocampo Cuesta, asistente de investigación de este proyecto, ayudó en la consecución de la muestra y la codificación de la información en la base de datos diseñada para ese propósito. Andrew M. Wilde, Senior IT Officer de la Universidad de Manchester (Reino Unido), brindó asesoría constante para el diseño de la base de datos. Carlos Arturo Montoya Londoño, director de Planeación de la Universidad Católica de Colombia, apoyó el diseño del instrumento para el análisis de la información codificada. También agradecemos a aquellos académicos y periodistas que nos permitieron profundizar en el contexto de la investigación y enriquecer nuestros hallazgos. A la Pontificia Universidad Javeriana y a la Liverpool Hope University, que nos respaldaron con la financiación de este proyecto. Y, en especial, a la Vicerrectoría de Investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana que apoyó esta publicación y a la Editorial Pontificia Universidad Javeriana por el esmero que le puso.
La perspectiva teórica de esta investigación explora la confluencia de los marcos de interpretación y de la argumentación en el análisis del discurso deliberativo. A través de ella, confiamos desbrozar un nuevo camino para la comunicación política y el periodismo.
Aquí comprendemos los medios como actores que construyen opinión frente a la política de restitución de tierras, su desarrollo e implementación, y, así mismo, como escenarios donde se legitiman o trastocan los roles de los actores del conflicto. Ejemplo de ello es la narrativa sobre cómo los victimarios se transforman en las “verdaderas víctimas” (ganaderos, palmicultores y testaferros) y los campesinos desplazados en “falsas víctimas”, tal como se evidencia en el discurso de detractores de la ley como José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán).
De manera más amplia, asumimos que los medios de comunicación actúan a la vez como difusores o testigos del diseño e implementación de la Ley 1448 de 2011, es decir, en calidad de escenarios de competencia política entre los promotores y los protagonistas del debate público sobre ella, a través de la generación de opinión (Exeni, 2005, p. 40). Retomando el modelo de competencia política de Wolsfeld (1997, pp. 3-4), los medios tienen un papel en conflictos políticos en el establecimiento de la agenda, la magnificación o aceleración del éxito o fracaso político, la vocería de las víctimas, la movilización de terceros partidos y la construcción de marcos de interpretación sobre un conflicto. Respecto al rol como escenarios de competencia política advertido por Exeni (2005, p. 40), Wolfsfeld (1997, pp. 2-3) igualmente sostiene que los medios noticiosos se han convertido en una arena central de los conflictos, en la cual, las luchas por el acceso y la significación de los actores en estos deben comprenderse en un contexto más amplio por el control político.
Tales luchas por la significación nos llevan al problema de los marcos de interpretación. El marco es usualmente definido como una idea organizativa formada por un conjunto de artefactos simbólicos y argumentativos que definen eventos, sugieren causas y cursos de acción basados en principios o metas más amplias sobre acontecimientos, problemáticas o actores sociales (Entman, 1993, p. 52; 2004, p. 5; Gamson y Modigliani, 1989, pp. 3-4; Pan y Kosicki, 1993, p. 64). Desde una perspectiva constructivista, estas narraciones intervienen en la construcción social de la realidad en la medida en que la definen y explican. A su vez, participan en la conformación de consensos y disensos políticos, en tanto contienen propuestas de solución fundamentadas en principios que reafirman o retan los órdenes sociales existentes.
Los marcos de interpretación pueden encontrarse en la cultura política más amplia, los actores sociales que defienden públicamente sus agendas políticas y los medios de comunicación (desde sus líneas editoriales), e implican procesos de selección, jerarquización y organización de la realidad percibida.
Así, los marcos de interpretación han sido definidos como esquemas cognitivos que filtran y ayudan a dar sentido a la realidad social tal y como ha sido percibida por sus actores. Igualmente, se refieren a las características de textos noticiosos y discursos de actores políticos que reflejan los intereses de sus promotores. Los marcos contienen dispositivos retóricos que se apoyan en la organización jerárquica de los textos, así como en sus estructuras narrativas; despliegan cadenas argumentativas basadas en esquemas de inferencia u operaciones de pensamiento —definir, comparar, contrastar, clasificar, sintetizar, analizar, ilustrar, inferir, implicar, establecer analogías y nexos causales, predecir consecuencias, formular hipótesis, entre otras— (Díaz, 2009, p. 46). También utilizan símbolos como tropos y figuras retóricas, dichos y proverbios populares, ejemplos e imágenes visuales que permiten condensar los significados.
Más importante aún, los marcos contienen dispositivos de razonamiento que sugieren causas y consecuencias de los eventos y apelan a principios para promover cursos de acción particulares. De acuerdo con ello, Entman (1993, p. 52) ha sugerido que enmarcar involucra, esencialmente, resaltar y seleccionar aspectos percibidos de la realidad para promover la definición de problemas, las interpretaciones causales, las evaluaciones morales y las recomendaciones de acción.
Una teoría interesante respecto a la difusión de los marcos en el debate público es el modelo de activación en cascada del framing (Entman, 2003, p. 419) que, en nuestro caso, empieza en el Gobierno nacional, sigue en los actores políticos, en los medios, en los gremios, continúa en la academia, en las organizaciones no gubernamentales y en las FARC, para retornar al origen. Según Entman, para activar la cascada y lograr imponer un marco se requieren cuatro factores: motivación, poder, estrategia y congruencia cultural. Si la mayoría de los asuntos públicos derivan en una lucha de marcos (frames), los actores buscan consolidar su poder mediante una estrategia que consiste en planificar deliberadamente la activación de determinadas asociaciones mentales, contando con un saber cultural compartido (congruencia); entonces también estamos hablando de una activación retórica. En este sentido, asumimos que los dispositivos retóricos conforman los “ganchos” donde se activa la resonancia cultural de los marcos de interpretación. Esta activación comienza con un análisis retórico de los textos para examinar cómo se elaboran los significados mediante tropos y figuras del discurso y cómo expresan la favorabilidad o la oposición a la ley. Volviendo a Entman, mediante recursos simbólicos y argumentativos se definen eventos, temas y actores, se sugieren causas y se invocan principios para promover ciertas acciones (1993, p. 52; 2004, p. 5).
Jim Kuypers (2009, p. 298), quien en años recientes ha explorado la noción de encuadre retórico preguntándose cómo las opciones de lenguaje permiten entender un asunto o evento, se enfoca en temas emergentes en las narrativas políticas y noticiosas y su encuadre desde la crítica retórica. Su enfoque no solo se concentra en qué se dice en estas narrativas, sino en cómo se dice. Para ello, el autor aplica la crítica retórica (rhetorical criticism), que consiste en saber interpretar los artefactos retóricos que operan con símbolos y que sirven para persuadir a las audiencias —por ejemplo, convencerlas de que una política podría ser mejor que otra—. Cuando se ejerce la crítica retórica mediante el análisis de los artefactos es posible ver cómo opera la persuasión con su doble apelación racional y emocional.
Al respecto, y retomando la noción de dispositivos argumentativos de Entman, planteamos que la definición del problema se asimila al esquema de razonamiento por definición o etimología, que busca restituir el sentido original de las palabras. Según la clasificación de Perelman (1997), corresponde a los argumentos cuasilógicos que establecen conexiones similares a las de la lógica formal. En esa operación de redefinición, que además contribuye a desmontar falacias lingüísticas —como los eufemismos o el lenguaje enrevesado para restituir el sentido original de los términos—, los autores también suelen echar mano de los tropos y figuras retóricas.
En las atribuciones causales se emplea el esquema de razonamiento por el nexo causal que, en la clasificación de Perelman (1997, p. 90), corresponde a argumentos basados en la estructura de lo real, que remiten a los nexos de sucesión. En esa causalidad se funda la coherencia de la argumentación.
En las recomendaciones de acción se apela al logos6 y al ethos del autor, a la credibilidad que proyecta por su conocimiento del tema y por su integridad. Así mismo, los principios y juicios de valor están regidos por el ethos y el pathos del autor con el que se identifican sus lectores e interlocutores. No olvidemos que la retórica es un escenario de intercambio de valores porque se mueve en el ámbito de la moral pública. En este análisis retórico se evalúa si los encuadres contienen razonamientos ilegítimos o falacias, entendidas como estratagemas y trampas del lenguaje que usan los distintos actores para lograr la adhesión a sus ideas a expensas de la verdad, y que los analistas procuran develar.
Los marcos contienen dispositivos retóricos que se apoyan en la organización jerárquica de los textos, así como en sus estructuras narrativas. Por ejemplo, para Gamson y Modigliani (1989, pp. 3-4), los dispositivos de encuadre son metáforas, ejemplos históricos de los cuales se desprenden lecciones, frases de cajón, descripciones e imágenes visuales. Entman (2004, p. 9) sostiene que algunos actores tienen más poder y habilidad que otros para proyectar sus marcos de interpretación en la esfera pública. Sin embargo, la prensa debería ofrecer, más que información poco digerida y fragmentada, un debate en el que marcos y contramarcos sean lo suficientemente visibles y completos para que los ciudadanos tengan perspectivas en competencia.
Los dispositivos retóricos inherentes a los marcos nos instalan en la teoría de la argumentación que provee esquemas de inferencia o razonamiento similares a las cuatro funciones de los encuadres ya señalados: de definición, de causalidad, de propuestas y de principios, aunados a esquemas de analogía, de contraste, de síntesis, de predicción, de generalización, de razonamiento hipotético, de dilema, de pregunta retórica, de argumento de autoridad, de modelo, de antimodelo, de ilustración, de enumeración, de presentación cronológica, entre otros, potenciados a su vez por tropos y figuras retóricas como la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, la hipérbole, la ironía (para subrayar lo disfuncional, lo absurdo, lo inmoral), la anáfora, el paralelismo, la paradoja, la personificación, la alusión, la enumeración, la elipsis, los juegos de palabras, etc. Pero no cabe duda de que la metáfora es la estrategia más útil de enmarque conceptual, en particular aplicada al discurso político, que permite encuadrar realidades con base en principios morales y políticos, como lo han evidenciado, en su estudio pionero Lakoff y Johnson (2001) y, en solitario, Lakoff (2004).
Para la filosofía política es imprescindible entender el lenguaje en escenarios de guerra. Al estudiar la mecánica del conflicto armado colombiano en perspectiva metafórica, Fernando Estrada Gallego plantea que
la guerra ha fomentado usos inconscientes de palabras, frases, metáforas, proverbios, titulares y expresiones de sentido común. Principalmente, las metáforas han contribuido a crear actitudes y comportamientos colectivos, creando disímiles concepciones de vida política, definiendo espacios de dominio y de poder. Su uso en el conflicto armado ha penetrado la conciencia del ciudadano corriente. (2000, p. 1)
La retórica contemporánea estudia el rol de los argumentadores en los debates públicos —particularmente en el parlamento—, ámbito donde los esquemas argumentativos están más institucionalizados. Al analista le corresponde desmontar esos discursos para comprobar la legitimidad o ilegitimidad de los medios de prueba. Vega Reñón (2008) habla de la lógica del discurso civil como una nueva perspectiva de la argumentación para analizar la calidad y eficacia de los razonamientos del discurso público (deliberativo) y del razonamiento práctico mediante la deliberación:
Entiendo por deliberación en este contexto una interacción argumentativa entre agentes que tratan, gestionan y ponderan información, opciones y preferencias, en orden a tomar de modo responsable y reflexivo una decisión o resolución práctica sobre un asunto de interés común y debatible, al menos en principio, mediante los recursos del discurso público. […] Supone no solo una interacción dialéctica entre alternativas, sino una confrontación personal de los proponentes, cuya presencia real puede propiciar tanto estrategias de poder e influencia como actitudes de cautela e incluso inhibición de maniobras descaradamente falaces […]. Serán falaces las maniobras discursivas torpes o deliberadas que vengan a bloquear la comunicación entre los agentes deliberativos, a reprimir su participación libre e igualitaria o a sesgar de cualquier otro modo el curso o el desenlace de la deliberación en contra del interés común y en favor de intereses “siniestros”. (2008, p. 200)
El rol de los medios como arena de debate público frente a los actores que compiten por legitimar sus propias agendas de asuntos sociales ha sido definido como de manufacturación del consenso (Herman y Chomsky, 1990), en la esfera de consenso (Hallin, 1986), o servil a la autoridad (Wolfsfeld, 1997) cuando esencialmente la información reproduce las perspectivas, valores y marcos de las fuentes oficiales o en el poder. También los medios pueden reproducir una esfera de disenso legítimo (Hallin, 1986) o comportarse como agentes “semi-honestos” (Wolfsfeld, 1997), cuando perspectivas contrapuestas son visibles en la información, particularmente de actores legitimados en el ámbito político. Por último, mientras algunos autores incluyen la posibilidad de que los medios puedan asumir la vocería de los débiles y oprimidos que retan al establecimiento (Wolfsfeld, 1997), otros sostienen que actores y perspectivas ilegitimadas políticamente son excluidas de los medios de manera sistemática y que los actores débiles solo son incluidos cuando apoyan perspectivas de fuentes oficiales y de autoridad.
Cottle y Rai (2008) han propuesto igualmente la noción de “marcos comunicativos” como estructuras noticiosas que sirven a la elaboración y representación de posturas y voces en conflicto y que permiten mayor o menor amplitud en el debate mediático. Tales marcos incluyen el marco de cobertura (informativo, sin contexto o debates), dominante (definido por una fuente), de competencia (oposición binaria), disputa (más de dos visiones contrapuestas), de campaña (editorializante, prevalece la postura del medio), investigativo (revela información oculta), de servicio (consensuada, aconseja a la audiencia), de intereses colectivos (énfasis en intereses compartidos), de reconocimiento cultural (que activa cuentos míticos en la cultura y, por lo tanto, resucita valores, símbolos y narrativas efectivas), y de reportaje (descripciones complejas de la realidad).
La pregunta es: ¿cómo voces y perspectivas opuestas son presentadas y discutidas en los medios? Cottle y Rai (2008) retoman a teóricos de la democracia deliberativa —como Benhaib, Dryzek y Habermas— para sostener la importancia de las conversaciones públicas sobre el bienestar social entre los actores con valores o ideas contrapuestas. Sin embargo, es de mencionar la evidente falta de reconocimiento por parte de todos estos autores del potencial de los medios para facilitar procesos de deliberación pública con réplicas y contrarréplicas.
Silverstone, quien ha estudiado los medios y el marco político en el que actúan y al que moldean, opina que tienen el poder para fijar la agenda, así como para destruirla, porque son parte decisiva del sistema político tanto en las democracias como en las tiranías (2004, p. 231). Los medios cumplen su rol deliberativo cuando se asumen como foro público para el debate y el intercambio de ideas, para propiciar consensos y disensos de opinión en un clima de tolerancia y de respeto. En este sentido, no pueden centrar el debate en argumentos extremos, sino dar cabida a la pluralidad de opiniones: “El foro público debe incluir las amplias zonas de consenso a las que pertenece la mayor parte de la ciudadanía y en las que se encuentran las soluciones a los problemas de la sociedad” (Kovach y Rosenstiel, 2004, p. 188).
En el caso de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que nos ocupa es importante que los medios incluyan las voces de todos los sectores implicados, porque si privilegian unas en detrimento de otras estarán sesgando la interpretación del problema.
Este debate de la coyuntura nacional también se inserta en matrices de pensamiento conservador y progresista, que aquí entenderemos desde Perelman (1997), redescubridor de la vieja retórica, quien recuerda la existencia de valores concretos y abstractos. Los primeros se atribuyen a seres en particular, a grupos, a sociedades, a instituciones, a todo aquello que es cuantificable, medible e intercambiable. Por su parte, los valores abstractos se asocian con ideas de libertad, justicia, solidaridad, fidelidad, honor, etc. En ese sentido, para Perelman “los razonamientos fundados sobre valores concretos parecen característicos de sociedades conservadoras. Al contrario, los valores que sirven más fácilmente a la crítica estarían ligados a la justificación del cambio, al espíritu revolucionario” (Perelman, 1997, p. 51).
Una posibilidad sería asumir que el objeto de estudio corresponde a un valor abstracto (la ley entendida como un acto de justicia, verdad y reparación de las víctimas), sin embargo, la realidad nos sitúa en marcos de representación basados en valores concretos (la tierra defendida por terratenientes, parapolíticos, empresarios, inversionistas). Dispuesto así, la tierra como valor concreto representa el statu quo y pone en tensión el discurso de la sociedad civil y el de la sociedad política en el marco de la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En esta perspectiva, los medios impresos deben registrar de manera veraz esa disputa entre intereses de poder político y económico en favor de los derechos ciudadanos mediante sus relatos, opiniones y posiciones editoriales. En otras palabras, están llamados a señalar los sesgos del discurso, que como indicamos en el título de este libro, corresponden a cercos, a encuadramientos.
Ahora bien, la articulación entre deliberación y teoría de la argumentación se encuentra en los marcos de interpretación porque
en el núcleo de la persuasión y la raíz de la retórica están los tópicos, los topoi, sin los cuales no puede haber conexión ni creación: ni memoria ni invención. Los tópicos son las ideas y valores, marcos de sentido, compartidos y compartibles por hablantes y oyentes. Son lo conocido en lo cual se basa lo novedoso, lo obvio y lo descontado […]. Abrevan en los conceptos y recuerdos compartidos de los participantes […]. Convocan un marco de cognición y reconocimiento sin el cual los intentos persuasivos resultan infructuosos […]. Los tópicos enuncian lo que podría pasar por opinión pública. También dependen de ella. (Silverstone, 2004, p. 63)
Los marcos de interpretación garantizan la eficacia del discurso en cuanto manejan palancas de razonamiento compartidas por auditorios particulares y universales. Qué marcos sobre la Ley 1448 se privilegiaron en el corpus de la investigación, quiénes fueron sus voceros y qué resonancia alcanzaron será el objeto de esta pesquisa.
La muestra de análisis incluyó 1474 piezas de información y opinión seleccionadas de siete periódicos nacionales y regionales, representando así una variedad geográfica y editorial interesante en términos de algunas de las regiones priorizadas por la Ley 1448 y las posturas frente a esta. Las piezas se tomaron de El Tiempo, El Espectador (de ámbito nacional), El Colombiano (Antioquia y Córdoba), El Heraldo (Atlántico y Costa Caribe), El País (Valle y Cauca), El Meridiano de Córdoba (Córdoba y Sucre) y Hoy Diario del Magdalena, periódicos de los cuales presentamos una reseña de su trayectoria en el apartado final de líneas editoriales.
Las piezas elegidas para el análisis fueron aquellas que se enfocaron en la Ley 1448 de manera primaria. Muchas trataron la ley en relación con asuntos como la cooperación internacional, su promoción y aplicación, el proceso de paz con las FARC, el desarrollo económico del país, la seguridad para líderes de víctimas y reclamantes o la justicia transicional. Parte del análisis consistió en discernir los asuntos informativos con los que se relacionó el cubrimiento de la ley. Sin embargo, es importante aclarar que, para la selección de la muestra, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y su aplicación fue el tema central de todas las piezas. En consecuencia, aquellas que tocaron la ley de manera tangencial respecto a otros temas centrales del cubrimiento fueron descartadas del análisis. En la fase inicial del proyecto, y a manera de contexto histórico, se hizo una cronología de los hitos de la Ley 1448 desde que entró en vigencia, en enero de 2012, hasta diciembre de 2016 (véase la cronología de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, al final del libro).
Dado que la muestra fue organizada por orden cronológico, es evidente que en los primeros meses el asunto predominante fue el de la promoción e implementación de la ley para difundir lo que estaba haciendo el Gobierno en esta materia. Hubo picos informativos cuando se discutió el primer punto del acuerdo de paz en La Habana (enfocado en el tema de la Reforma Rural Integral), de donde surgió el debate sobre las Zonas de Reserva Campesina a raíz de la propuesta de las FARC.