Camilo Tamayo Gómez y Ana Cristina Vélez López
Introducción
No cabe duda de que vivimos un momento sociocomunicativo bastante particular. Manifestaciones contemporáneas puntuales como la tercera fase del proceso social de la globalización (Sassen, 2007), la crisis del Estado nación (Held, 2008), la consolidación de la sociedad en red (Castells, 2009), la profunda crisis del modelo neoliberal (Beck, 2009), la nueva sociedad de la información (Stevenson, 2012) y el advenimiento de una sociedad líquida (Bauman, 2013) han permeado las distintas dimensiones de la estructura social, creando un nuevo marco de derechos y deberes desde los cuales ciudadanos y movimientos sociales han venido focalizando su acción política y comunicativa en los últimos años. Igualmente, en décadas recientes, términos como ciudadanías globales (Falk, 1994), ciudadanías mediáticas (Castells, 1997), ciudadanías culturales (Stevenson, 2003), ciudadanías sexuales (Plummer, 2003), ciudadanías cosmopolitas (Held, 2004), ciudadanías ecológicas (Dobson, 2004), ciudadanías transnacionales (Vertovec, 2009) o ciudadanías transgénero (Monro, 2010) han querido llamar la atención sobre las nuevas formas con las cuales los ciudadanos buscan reclamar, apropiarse, vivir, expresar o experimentar nuevos niveles de ciudadanía y de acción política a través de la conformación de movimientos sociales de cuarta generación (Keane, 2003), algunos de ellos muy ligados a la apropiación de las nuevas tecnologías y en especial al uso del internet.
En este contexto, y siguiendo la línea de pensamiento de algunos académicos sociales (McNair, 1999; Curran y Morley, 2006; Mcloughlin y Scott, 2010; Rinke, 2012), es posible argumentar que la relación entre las tecnologías de la visibilidad, la cultura y el poder ha cambiado totalmente y que ahora conlleva nuevos significados en diversos espacios sociocomunicativos que proveen a los ciudadanos y a los movimientos sociales de nuevas significaciones de pertenencia política y cultural, transformando las estructuras, los roles y las responsabilidades públicas en la arena social de estos movimientos. En otras palabras, asistimos ahora a la “explosión” de nuevos actores y movimientos que buscan reivindicaciones políticas, ciudadanas y sociales que no estaban en la tradicional agenda académica, pública y política años atrás, debido, entre otros factores, a los cambios geopolíticos y socioculturales que han afectado el significado tradicional de la democracia moderna.
De la misma manera, valores liberales fundacionales como la equidad, la diversidad, el respeto, la solidaridad y la libertad están siendo expresados ahora por medio de diferentes narrativas sociales, políticas y mediáticas, afectando con ello las mentalidades y las representaciones de dichas ideas liberales en la opinión pública. Estas nuevas expresiones nos remiten directamente al vínculo estructural entre la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder y la categoría de ciudadanías, que están siendo afectadas hoy en día por la simbólica centralidad de las tecnologías del ser y de la segregación socioespacial (Whitehead, 2009), lo que ha permitido a los ciudadanos y a los movimientos sociales tomar un rol más activo en la conformación de las esferas públicas y en la creación de ecosistemas sociocomunicativos más incluyentes. Como resultado directo, en algunos contextos socioculturales particulares, los ciudadanos cuentan ahora con más recursos comunicativos con los cuales pueden generar acciones colectivas donde la expresividad y las emociones son el motor o “agencia” fundamental para realizar actos públicos de movilización o de exigibilidad de derechos. Este nuevo contexto ayuda a académicos, activistas y ciudadanos a reconsiderar una vez más diferentes perspectivas del “concepto ideal” de esfera pública en las democracias liberales (Taylor, 2005; Koçan, 2008; Keane, 2009; Sicakkan, 2010), piedra angular de la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder, y a empezar a construir un proceso social, político y simbólico donde la sociedad civil pueda demandar más contundentemente un mayor respeto hacia los derechos humanos universales como acción política fundamental al interior de las democracias modernas.
Por otra parte, la urgente necesidad de un nuevo repertorio de derechos de cuarta generación (especialmente derechos comunicativos y transnacionales), que emergen como consecuencia de la tensión entre las categorías de comunicación, sociedad y ciudadanía, resaltan el advenimiento de nuevos regímenes sociocomunicativos y la búsqueda de “otras formas” investigativas para entender el rol de la comunicación, los medios y las nuevas narrativas del poder en las esferas públicas, y cómo este nuevo rol transforma las definiciones tradicionales de algunos conceptos como democracia, representación, derechos, responsabilidades, obligaciones y participación en las contemporáneas estructuras sociales. En suma, estas redefiniciones pueden ser entendidas en este contexto como la excusa perfecta para desarrollar sistemas sociales, culturales y mediáticos más plurales e incluyentes, que, en otras palabras, subrayan el rol central de las acciones colectivas por parte de los movimientos sociales en la configuración simbólica y política de las sociedades contemporáneas.
Teniendo como base el anterior marco exploratorio e interpretativo, este primer capítulo del libro Tecnologías de la visibilidad. Reconfiguraciones contemporáneas de la comunicación y la política en el siglo XXI busca presentar entonces tres particulares desafíos teóricos y metodológicos que se configuran como los más significativos para la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder en ecosistemas comunicativos emergentes, haciendo énfasis sobre el campo de las movilizaciones sociales y particularmente sobre las actuales reconfiguraciones expresivas de las acciones colectivas que llevan a cabo movimientos sociales latinoamericanos y colombianos.
Este capítulo está dividido en cuatro partes. La primera, “Nuevas ciudadanías, nuevas subjetividades”, presenta el primer desafío teórico y metodológico para la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder, enmarcado particularmente en el debate sobre cómo crear herramientas metodológicas para dar cuenta de las nuevas dimensiones de la ciudadanía (en especial ciudadanías transnacionales) en el siglo XXI en contextos comunicativos emergentes. La segunda parte, “Nuevas formas de acción colectiva: una aproximación a las dimensiones expresivas de los movimientos sociales”, expone el segundo desafío teórico y metodológico, resaltando como reto fundamental el poder entender las nuevas dimensiones expresivas de las acciones colectivas de los movimientos sociales como una manera para reflexionar sobre las categorías de hegemonía y poder en contextos frágiles, de conflicto armado o de postautoritarismo (como lo es para el caso latinoamericano). La tercera parte, “Memoria, reconocimiento y solidaridad”, muestra el desafío teórico y metodológico que emerge para la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder desde una perspectiva de los movimientos sociales que tienen su razón de ser en la exigibilidad pública de derechos humanos. Particularmente analizamos cómo estas tres categorías son cruciales para entender las dinámicas de los actuales movimientos sociales de derechos humanos en Latinoamérica y Colombia desde una perspectiva sociocomunicativa y el desafío que tenemos para entender sus luchas y demandas desde una óptica de la agencia sociopolítica. Finalmente, la cuarta parte, “A manera de conclusión”, presenta las conclusiones finales de este ejercicio académico, resaltando el carácter ideológico de la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder, y cómo su operacionalización en contextos comunicativos emergentes es una lucha por el sentido, la significación y la definición de estructuras simbólicas hegemónicas para contextos sociales particulares.
Desde una mirada tradicional, la acción política de los movimientos sociales ha estado ligada a la exigibilidad de derechos de primera, segunda y tercera generación, es decir, a realizar reivindicaciones donde los derechos políticos, sociales y culturales han sido la base de sus diversas manifestaciones en la esfera pública. Estas dimensiones políticas, sociales y culturales de la ciudadanía han empezado a tener cambios significativos en las últimas décadas debido, entre otros factores, a las profundas transformaciones que en la estructura social han llevado a cabo procesos como la crisis del Estado nación, la creación de nuevas subjetividades colectivas e individuales gracias al uso y apropiación de las nuevas tecnologías o la inminente incertidumbre del actual régimen político-económico a nivel global. Pero, sin lugar a dudas, una de las transformaciones sociales contemporáneas más interesantes ha sido el despertar y surgimiento de un nuevo set de derechos que van ligados a las nuevas experiencias sociales (individuales y colectivas), que muchas veces desbordan las estáticas categorías sociales creadas previamente para dar cuenta de estas experiencias. Dos factores concretos, las nuevas experiencias transnacionales y las nuevas dimensiones comunicativas, nos hacen llamar la atención sobre la manera como en este momento los individuos y los movimientos sociales instrumentalizan acciones políticas para buscar una sociedad más justa, equitativa y libre, reconfigurando sus dimensiones ciudadanas y, por ende, su razón de ser en la vida pública. En otras palabras, estos nuevos niveles de la ciudadanía han permitido revigorizar las acciones políticas de los movimientos sociales y ha surgido, a la vez, un nuevo set de derechos que van ligados a las transformaciones sociales contemporáneas.
Autores como Vertovec (2009) y Beck (2009) han argumentado que el “proceso de la globalización ha afectado estructuralmente el convencional modelo del Estado-nación” (Vertovec, 2009: 85) y que ahora el Estado nación se está transformando “en un tipo de organización política o aparato que está involucrando una mayor multiplicidad de jurisdicciones, set de identidades y órdenes sociales que no están más contenidos por las tradicionales fronteras físicas o espaciales” (Beck, 2002: 72), invitándonos estos dos intelectuales a repensar la implicación de estos asuntos con temas como la globalización, la migración, el transnacionalismo y la soberanía política en las actuales estructuras sociales. En este contexto, en su libro Transnacionalismo (2009), Vertovec desarrolla una interesante tríada analítica (identidades/fronteras/órdenes) para considerar las tradicionales implicaciones de los regímenes sociales en la reconfiguración de las identidades sociales y cómo las regulaciones políticas se instrumentalizan por medio de representaciones socioculturales de frontera. En palabras de Vertovec:
Al igual que pasa con el modelo convencional del Estado-nación, un cierto sentido de identidad se presume que caracteriza a un pueblo. Esta dualidad “identidad/ciudadanía” se cree que es contigua con un territorio, delimitada por una frontera y al interior de esta frontera las leyes apuntalan un determinado orden social y político. Este orden social –que ha sido concebido para que sea diferente de “otros órdenes” por fuera de esta frontera– se basa en el sentido de la identidad colectiva. Esta tríada “identidades/fronteras/órdenes” se legitima y reproduce a través de un sistema de narrativas, rituales e instituciones públicas, en las cuales las burocracias estatales (formales e informales) y las relaciones sociales moderan el conjunto de expectativas de la civilidad y de la conducta pública (2009: 87).
En este orden de ideas, ¿qué sucede cuando ciertas condiciones sociales (como el transnacionalismo o los ecosistemas comunicativos emergentes) afectan crucialmente estas tradicionales formas de pensar la relación “identidades-fronteras-órdenes”? ¿Cómo se reconfiguran los derechos y deberes ciudadanos si ya no se amparan solamente en un espacio físico determinado? ¿Cómo afecta esto el accionar político de los movimientos sociales? Desde una mirada a partir de la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder es posible establecer tres aspectos cruciales que dan vida a nuevos sets de derechos que desembocan en ciertas acciones políticas puntuales por parte de los movimientos sociales: primero, la relación entre las identidades que crea el pertenecer a un determinado Estado nación y las dimensiones políticas de la ciudadanía se ven profundamente afectadas, debido a las prácticas transnacionales que los individuos empiezan a generar gracias a la cada vez más fácil movilidad, tanto física como virtual, que han ocasionado los procesos de globalización y de migración en los últimos años (Itzigsohn, 2000; Koehn y Rosenau, 2002). Esto revigoriza la acción política de los movimientos sociales, en la medida en que estas condiciones proporcionan un trabajo colaborativo a escala local, regional y global (no determinado por fronteras, potencializado por internet), que afianza el sentido de pertenencia a movimientos sociales determinados (el movimiento mexicano #Yosoy132 o las acciones del movimiento IM-Defensoras, de Centro América, pueden ser ejemplos relevantes de ello).
Segundo, la vida transnacional ha venido afectando el sentido de pertenencia a una “frontera”, produciendo nuevos “desórdenes” en las identidades colectivas e individuales, que se manifiestan en nuevas formas simbólicas de apropiación de diversos territorios a la vez (Jenkins, 2004). Un ejemplo de esto pueden ser las acciones políticas de ciertos movimientos sociales, en especial ecológicos, que exigen el respeto a un territorio determinado (la Amazonía, la Antártica, etc.) o que buscan frenar el daño al medio ambiente con ocupaciones a plantas nucleares o acciones directas contra edificaciones de compañías que atentan contra aquel, sin importar que los ciudadanos que participan en esos movimientos no tengan vínculos directos con estos territorios.
Finalmente, un nuevo set de prácticas de resistencia empieza a emerger por parte de ciertos movimientos sociales que se identifican entre sí, que enfrentan el poder simbólico y la significación de los territorios (Koslowski 2001). La lucha reivindicativa de derechos de ciertos movimientos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, travestis e inter-sexuales), contra concepciones clásicas de identidad (en este caso sexuales) o la acción política de los movimientos de ciudadanía global que confrontan las concepciones clásicas de identidad ligada a un territorio (el Movimiento Social Mapuche en Argentina o el movimiento Open Borders en Latinoamérica, por citar dos muestras), ejemplifican este tercer crucial aspecto.
Bajo este panorama, es posible establecer que las nuevas dimensiones de las ciudadanías ponen en escena dos procesos complementarios: por un lado, producen un nuevo set de derechos y deberes que trascienden los Estados nación y que hacen que la acción política de los movimientos sociales pierdan su centro, es decir, que busquen repercusiones desterritorializadas, que vayan más allá de la referencia a un territorio en particular. El derecho a la participación política directa por parte de las diásporas, la acción política transnacional como mecanismo directo para incidir en las condiciones democráticas de varios territorios, o la representación política en los escenarios democráticos locales por parte de grupos contrahegemónicos, son solo algunos ejemplos de estos nuevos derechos transnacionales y comunicativos que afectan las antiguas dimensiones políticas, culturales y sociales de la ciudadanía. Por otro lado, el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías por los movimientos sociales transnacionales, en especial del uso de internet, para realizar acciones políticas directas, han logrado generar que estas nuevas dimensiones de la ciudadanía puedan alcanzar repercusiones en ecosistemas comunicativos emergentes antes imposibles de dimensionar. En este contexto, el primer desafío es claro: es necesario crear innovadoras herramientas teóricas y metodológicas para analizar las nuevas dimensiones de la ciudadanía en el siglo XXI en contextos comunicativos emergentes. Las transformaciones descritas anteriormente están apelando en forma directa al campo socio-comunicativo, y solo en la medida en que podamos empezar a construir estas nuevas herramientas podremos analizar, en su real dimensión, cómo los movimientos sociales latinoamericanos están generando, “desde abajo”, transformaciones sociales que van más allá de la tradicional exigibilidad de derechos de primera, segunda o tercera generación.
Mediante una entrada teórica desde la filosofía política es posible argumentar que los movimientos sociales contemporáneos están apelando más frecuentemente al uso y la apropiación de las nuevas dimensiones expresivas de las acciones colectivas como mecanismo válido de acción política en las esferas públicas, e instrumentalizan de este modo una nueva dimensión de la ciudadanía donde la acción emotiva y la agencia comunicativa están en el centro de su dinámica social. Estas acciones expresivas como mecanismo de acción colectiva centran su mirada en las diferentes manifestaciones, procesos, acciones, estrategias y tácticas comunicativas asociadas con la lucha contemporánea por el sentido, el reconocimiento y la significación por parte de los diferentes actores que conforman las esferas públicas, en especial los actores de la sociedad civil (Tamayo, 2012a; 2012b). En este contexto es importante aseverar que la exigibilidad que los nuevos movimientos sociales (en especial latinoamericanos en contextos de violencia) hacen de derechos de cuarta generación, con herramientas expresivas como las demostraciones, los happenings o las performances enlazados a estrategias de difusión que utilizan internet, están logrando fomentar diversos tipos de sentidos y agencias de las ciudadanías comunicativas (virtuales y no virtuales), que permiten construir capacidades para actuar colectivamente en lo público.
Esta capacidad de agencia es la que está permitiendo desplegar, hoy en día, diversos recursos socio comunicativos asociados a la acción ciudadana y a la acción política en la vida pública. Las acciones colectivas con base performativa de los movimientos sociales de víctimas del conflicto armado en Colombia, o las acciones expresivas del movimiento de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en Argentina o del movimiento Nunca Más en Chile, pueden ser ejemplos puntuales de lo descrito anteriormente, si por agencia entendemos
la habilidad de ser capaz de actuar dentro del contexto social y cultural en tanto que realice una diferencia en el flujo de los eventos. La agencia debe entonces no ser pensada como lo opuesto a la estructura, pero depende de las reglas y recursos generados por la estructura social. Para tener agencia, esto se define por la habilidad para intervenir activamente (Stevenson, 2003: 155).
De la misma manera, es importante señalar que uno de los objetivos finales del uso y la apropiación de las nuevas dimensiones expresivas de las acciones colectivas por parte de los movimientos sociales es empezar un proceso de largo aliento de emancipación comunicativa, donde los ciudadanos puedan desarrollar un rol más activo en la configuración de sus propios regímenes comunicativos-simbólicos y competir equitativamente con otros actores sociales por el poder y los recursos comunicativos en las esferas públicas. Se reafirma que el campo de las ciudadanías comunicativas trata de darle mayor relevancia, poder y recursos a la sociedad civil y a los movimientos sociales de cuarta generación en la interacción de estos actores con otras instituciones en el espacio público. Como es sabido, los nuevos derechos comunicativos presentan relaciones estructurales con el Estado, el mercado y los medios de comunicación, y la sociedad civil tiene la oportunidad de reclamar responsabilidades hacia estos actores específicos, en medio de la lucha por el poder simbólico, político y económico en la que se encuentran.
Con ello, estas nuevas formas de acción colectiva pretenden afectar dos dinámicas sociocomunicativas diferenciadas que propone la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder: por una parte, buscan romper el homogéneo concepto de esfera pública para transformarlo en un heterogéneo concepto de esferas públicas, en otras palabras, reconocer una esfera pública central (el espacio social donde los lenguajes oficiales se reproducen junto con sus asuntos, tópicos y argumentos, y que se encuentra como mayor legitimidad en la sociedad), pero al mismo tiempo reconocer minoritarias esferas públicas, espacios temáticos de poder social que superan la esfera pública central y configuran otros tipos de narrativas, actores, estructuras y dinámicas que afectan áreas específicas (Bonilla, 2004). Por otra parte, buscan analizar la formación de procesos comunicativos, estructuras y regímenes al interior de los movimientos sociales, y descubrir a qué escala y a qué nivel la operacionalización de acciones comunicativas y expresivas es una estrategia válida para exigir derechos humanos en contextos de conflicto armado, autoritarios, frágiles o en vías de desarrollo democrático (como es el caso latinoamericano), para lograr que comunidades o grupos sociales tradicionalmente excluidos puedan recuperar el status de ciudadanía y sentido colectivo al interior del mundo social.
Recordando la contemporánea centralidad de la comunicación y los procesos de información en las sociedades actuales, es importante entonces reafirmar que la realización de acciones colectivas expresivas como vehículo social reivindicativo y el ejercicio pleno de las ciudadanías comunicativas en contextos frágiles pueden ayudar a la consolidación de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales en sociedades que han padecido procesos de violencia. En otras palabras, nos encontramos ante una oportunidad histórica de explorar otras vías para promover y reclamar derechos universales desde la perspectiva de las acciones colectivas expresivas y las ciudadanías comunicativas, y para proveer recursos comunicativos a otros actores sociales, como los movimientos sociales, que buscan remodelar las relaciones de poder en la estructura social. Para poder comprender particularmente cómo esta agencia comunicativa se puede rastrear en casos singulares, el Movimiento Zapatista en México y el movimiento social de los Sin Tierra en Brasil, sus procesos hacia la emancipación comunicativa, el rol de internet en ello y la manera como buscan construir sus procesos utópicos de solidaridad civil desde una mirada comunicativa y política, son relevantes ejemplos de lo expresado anteriormente para el caso latinoamericano.
En suma, son seis el grupo de los derechos comunicativos que emergen para ser exigidos por los movimientos sociales en la esfera pública, gracias a las nuevas formas de acción colectiva y a la instrumentalización del campo de las ciudadanías comunicativas por parte de la sociedad civil: primero, la búsqueda de representaciones equitativas y de narrativas plurales en los medios de comunicación; segundo, el acceso libre a la información y datos gubernamentales; tercero, la garantía a la libertad de expresión, prensa y pensamiento; cuarto, el uso de la comunicación para la gobernabilidad y el desarrollo; quinto, las prácticas comunicativas participativas sobre asuntos públicos en las esferas públicas y, finalmente, la diversidad al interior del ecosistema mediático (Tamayo, González y Rueda, 2012). Se enfatiza aquí entonces que el ciudadano, la sociedad civil y la esfera social están en el centro de la dinámica que se genera gracias a la instrumentalización del campo de las ciudadanías comunicativas, y se busca con esta dinámica proveer de más herramientas que permitan construir el proceso utópico de solidaridad civil (Alexander, 2006), el cual entiende la esfera civil como un proyecto en el que la formación de una sociedad civil fuerte en las esferas públicas puede llegar a ser la clave para crear un mundo más libre, equitativo y con reales posibilidades de justicia. En este contexto, el reto teórico y metodológico es contundente: se necesita analizar y profundizar intelectualmente cómo las nuevas dimensiones expresivas de las acciones colectivas de los movimientos sociales están afectando las categorías de hegemonía y poder en contextos de conflicto armado, autoritarios, frágiles o en vías de desarrollo democrático, para así poder determinar hasta qué punto y en qué medida los movimientos sociales están reconfigurando nuevos sentidos colectivos para sectores tradicionalmente excluidos.
Una aproximación a la historia reciente de América Latina permite argumentar que los movimientos sociales de víctimas y derechos humanos son la expresión más plausible de la sociedad civil en los regímenes postautoritarios del continente, y que han contribuido visiblemente a los procesos de democratización después de prolongados regímenes de violencia o autoritarismo. Según Jelin (1994) y Langenohl (2008) es posible determinar tres momentos históricos de procesos de democratización para el siglo XX: el primer momento es después del final de la Primera Guerra Mundial, cuando las monarquías europeas fueron derrocadas o democráticamente transformadas. El segundo momento es después de la Segunda Guerra Mundial, e incluyó dos importantes grupos de países: en primer lugar, Alemania, Italia y Japón (derrotado en la Segunda Guerra Mundial y democratizado desde el exterior); en segundo lugar, las colonias de los imperios europeos en África y Asia que alcanzaron la independencia y aspiraban a convertirse en una parte del orden democrático del mundo. Por último, el tercer momento de democratización abarca América Latina (Argentina, Chile, Paraguay, etc.), Asia (Camboya, Corea del Sur, Taiwán, etc.) y los países de Europa del sur (Grecia, Portugal, España, etc.), cuyos regímenes autoritarios fueron derrocados en el transcurso de los años setenta y ochenta. Lo que queremos resaltar aquí es que este tercer momento de democratización introdujo modificaciones importantes en la relación entre las tecnologías de la visibilidad, la cultura y el poder en el contexto latinoamericano (desde procesos centrados en la teoría de la dependencia hasta iniciativas de comunicación para el desarrollo), y particularmente en la relación entre los movimientos sociales y el desarrollo de acciones colectivas en la esfera pública.
Siguiendo este orden de ideas, nuestro principal argumento es que el rol de las acciones colectivas de la sociedad civil en los procesos de democratización de las sociedades latinoamericanas postautoritarias se puede abordar mediante cuatro perspectivas principales que enfatizan cómo las categorías de memoria, solidaridad y reconocimiento son cruciales para entender las nuevas dinámicas de los actuales movimientos sociales de derechos humanos en Latinoamérica y Colombia desde una perspectiva sociocomunicativa, y permiten develar el desafío que tenemos para entender sus luchas y demandas desde la óptica de la agencia sociopolítica.
Estas cuatro perspectivas son: primero, la perspectiva de la función de la acción colectiva para crear una narrativa sobre estas nuevas sociedades democráticas y pensar cómo desarrollar una transición a la democracia, que se caracteriza por el dilema de combinar la justicia en un marco legal (y en un sentido moral) con la necesidad de la integración política y social de las antiguas víctimas y victimarios. La segunda perspectiva se enmarca en el papel de la acción colectiva en la prestación de un sentido de pertenencia y en la creación de narrativas colectivas sobre el pasado cuando el régimen autoritario o violento llega a su fin, edificando el desafío de una consolidación democrática entre los victimarios y las víctimas, quienes tienen muy diferentes intereses y expectativas. La tercera perspectiva es el reto de construir una nueva narrativa política y cultural sobre el pasado y el presente, cuando los violentos (o sus partidarios) todavía tienen posiciones de influencia en las sociedades postautoritarias, presionando a las nuevas autoridades para que defiendan la impunidad o exoneren a los victimarios. La última perspectiva se centra en el papel de la acción colectiva en el trato con la culpa política, moral y penal, y en cómo esto afecta la integración social y política de los miembros de esta nueva “comunidad imaginada” (Anderson, 1991) en tiempos de postconflicto. En suma, estas perspectivas se centran en debates acerca de la relación entre la acción colectiva y los movimientos sociales, particularmente en el análisis de las dimensiones comunicativas y expresivas de las víctimas como mecanismo para restaurar sentidos de ciudadanía, pertenencia colectiva y de construcción de procesos de memoria, reconocimiento y solidaridad en contextos frágiles, de conflicto armado o de postautoritarismo (como lo es para el caso latinoamericano).
Así las cosas, queda en evidencia el tercer desafío teórico y metodológico que emerge para la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder desde una perspectiva de los movimientos sociales que tienen en la exigibilidad pública de derechos humanos su razón de ser: es necesario generar procesos investigativos de mediano y largo aliento para poder entender sus luchas y demandas desde la óptica de la agencia sociopolítica, y analizar para casos específicos cómo las categorías sociales de memoria, reconocimiento y solidaridad están determinado las actuales dinámicas de exigibilidad de derechos al interior de los movimientos sociales de derechos humanos en Latinoamérica y Colombia. En este contexto, autores como Zelizer (2008) y Erll (2008) aseveran, por ejemplos que la tensión entre las narrativas “oficiales” y las “no oficiales” en contextos de violencia o postautoritarismo demuestra cómo se desafían constantemente las acciones colectivas de los movimientos sociales y sus desarrollos internos y externos de construcción de memoria, reconocimiento y solidaridad en el ámbito público. En resumen, este tercer desafío destaca el valor de la acción colectiva de los movimientos sociales, con el fin de presentar una perspectiva de la sociedad civil en escenarios donde el choque de diversos conjuntos de valores y memorias sociales buscan definir posiciones de poder, realzando la importancia de la creación de múltiples marcos de acción colectiva por parte de los movimientos sociales como estrategia válida para promover procesos de reconciliación social y de transición a la democracia desde la perspectiva de la sociedad civil.
Este texto presentó tres desafíos teóricos y metodológicos que se erigen como los más significativos para la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder en ecosistemas comunicativos emergentes, realizando un marcado énfasis en el campo de las movilizaciones sociales y particularmente en las actuales reconfiguraciones expresivas de las acciones colectivas que llevan a cabo movimientos sociales de cuarta generación en Latinoamérica y Colombia. Al analizar estos desafíos queda clara la importancia de llamar la atención sobre el carácter ideológico de la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder, y cómo su operacionalización en contextos comunicativos emergentes es, a su vez, una lucha por el sentido, la significación y la definición de estructuras simbólicas hegemónicas para contextos sociales particulares. Igualmente, queda claro que el surgimiento de nuevas dimensiones de las ciudadanías (en particular comunicativas y transnacionales) es el resultado de las profundas transformaciones sociales que tienen en la exigibilidad de nuevos derechos y deberes su piedra angular, y que están transformando en su implementación identidades, subjetividades y formas expresivas de la acción colectiva. Este documento resaltó que las categorías sociales de memoria, solidaridad y reconocimiento se establecen como fundamentales para analizar el caso latinoamericano y colombiano, debido, entre otras cosas, a que los ecosistemas comunicativos emergentes han logrado facilitar que ciertos procesos sociales que adelantan particulares movimientos sociales (en especial de derechos humanos) logren tener una mayor trascendencia en la estructura social, mediante la reconfiguración de estructuras simbólicas e identitarias.
Queda claro entonces que nos encontramos frente a unas agendas teóricas y metodológicas inconclusas, pues precisamente el desafío que tenemos actualmente en las ciencias sociales es lograr definir y demarcar de manera adecuada los objetos de estudio de este nuevo campo, que se presentan (por algunos momentos) bastante opacos o porosos como consecuencia de las interrelacionadas complejidades sociales que vivimos contemporáneamente. Por último, es importante reiterar que si en las pasadas décadas la categoría de ciudadanía se había focalizado en crear, o revalidar, un vínculo con los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, es ahora relevante considerar otro set de derechos y obligaciones para entender el desarrollo de la actual estructura social y los nuevos regímenes comunicativos. Si la nueva dinámica social presenta un fuerte vínculo con las transformaciones transnacionales y comunicativas, ¿qué tipo de nuevas experiencias de la ciudadanía emerge cuando el foco y la centralidad es el proceso comunicativo o transnacional en sí? ¿Qué tipo de nuevos derechos, responsabilidades y obligaciones pueden reconfigurarse? ¿Qué papel desempeñan los nuevos movimientos sociales en estas reconfiguraciones? ¿Puede llegar a ser la tríada “régimen comunicativo –democracia – derechos” la clave para entender la relación tecnologías de la visibilidad, cultura y poder desde una aproximación ciudadana? ¿Es posible argumentar entonces que el siglo XXI es la era de los derechos comunicativos y de los ecosistemas comunicativos emergentes? ¿Es la tecnología, y en especial el internet, la herramienta más pertinente para generar cambios socioculturales en estos momentos? Son solo algunas preguntas para iniciar la discusión.
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