Sergio Manuel González Rodríguez
Salvador Carrillo Regalado
coordinadores

Desarrollo regional,
medio ambiente y cultura

Introducción

Sergio Manuel González Rodríguez1

Salvador Carrillo Regalado2

El desarrollo es entendido como un concepto multidimensional (económico, político, social, ambiental, tecnológico y territorial) y dinámico, de tal manera que un mayor desarrollo se asocia a un mayor bienestar individual y colectivo, a un crecimiento continuo y a un largo plazo de la producción, el progreso técnico y el mejoramiento de la distribución del poder, del ingreso y de las oportunidades individuales y colectivas.

Según Grondona (2000), los orígenes de los conceptos de desarrollo y subdesarrollo van de la mano con el nacimiento de la Ciencia Social (mediados del siglo XVIII) que surgió a raíz de la necesidad de explicar por qué Europa había sido la gran triunfadora de la historia. La Teoría de la modernización, que supone que en el camino hacia la modernización hay varias etapas, comunes a todas las naciones, pueblos o áreas, explica las diferencias en el desarrollo de los países de acuerdo con la etapa en la que se encuentra cada uno de ellos. En términos de política económica, esto se tradujo en una preocupación a escala mundial por el «desarrollo» de los países en su avance por la senda universal de la modernización.

Durante la Segunda Guerra mundial, las ciencias sociales, junto con todas las ramas restantes de la ciencia, centraron su actividad en enfrentar los peligros y los problemas acarreados por la guerra. Al término de la guerra, los científicos sociales dirigieron su atención a metas más pacíficas. Entre éstas se encontraban el análisis de los principales problemas que enfrentaban los países devastados por la guerra, así como los países del tercer mundo: en esencia, la cuestión del desarrollo nacional (Grondona, 2000).

En el plano científico, esta época se caracterizó por la presencia y el antagonismo de marcos conceptuales de estudio que debatían para tratar de decidir cómo se debería definir y analizar el «desarrollo nacional», qué significaba ser un país «desarrollado» o «subdesarrollado», cuáles eran las causas del subdesarrollo y cómo podrían, las naciones, evolucionar hacia una mejor posición política y socioeconómica. Además de la teoría de la modernización surgieron otras posturas que trataban de explicar y proponer cómo es que una nación pasaba del subdesarrollo al desarrollo. Tal es el caso de los enfoques evolucionista, estructuralista, del institucionalismo y del culturalismo.

El enfoque evolucionista parte de la visión Darwiniana en el que un organismo vivo se desarrolla, crece durante el proceso evolutivo que va del nacimiento a la muerte. El concepto de desarrollo aparece entonces indisolublemente ligado al de «proceso evolutivo», compuesto por etapas que es necesario recorrer para llegar al final (Arocena, 1995).3 Por su parte, el enfoque estructuralista concibe el desarrollo como un proceso sistemático cuyos componentes estructurales son interdependientes. Desde esta postura, el éxito de un proceso de desarrollo exige una acción sobre la posición estructural, por tanto, la determinación fundamental proviene de la racionalidad de un sistema. Los esfuerzos teóricos se centraron entonces en la precisión de los factores determinantes: ¿Dónde se encuentra la zona sensible del sistema? ¿Cuál será la estructura determinante del cambio? André Gunder Frank abordaba la cuestión del subdesarrollo a partir de la noción de dependencia estructural: el desarrollo de un país se determinaba por las contradicciones que enfrentaba el sistema capitalista, que exigía la existencia de zonas del planeta dependientes y dominadas. Por su parte, Samin Amin señalaba que lejos de generar un conocimiento progresivo, uniforme y planetario, el sistema capitalista producía un desarrollo desigual (Betancurt, 2004).

Desde el institucionalismo, se parte de la idea de que para conseguir el desarrollo es necesario contar con instituciones políticas modernas, diversificadas y estables para capitalizar el desarrollo económico (Huntington y Dahl). Esta postura muestra que sin estabilidad política no puede haber desarrollo económico, pero aclara que no cualquier tipo de estabilidad política lleva forzosamente al desarrollo económico. Douglass North señala que sin leyes que garanticen el derecho de propiedad y otros derechos económicos, por encima de los avatares electorales y políticos, no habrá desarrollo económico, ya que éste sólo se alcanza con inversiones a largo plazo, sólo accesible a países con un marco institucional firme y confiable. Cuando ello no es así, sólo prospera la inversión «de aventura», que viene y va en busca de altos rendimientos de corto plazo (Moncayo, 2001 Betancurt, 2004).

La visión del culturalismo apunta a determinar el desarrollo de la mentalidad de los individuos, lo que pasa «dentro» de ellos, en el mundo íntimo de las ideas, creencias y valores, a través de los cuales perciben la realidad y se motivan frente a ella. Desde este ángulo un mismo modelo económico o una misma institución política, funcionan de maneras diferentes, a veces opuestas, si difiere la mentalidad de quienes los interpretan y lo aplican. El dato decisivo no está en la estructura sino en las mentes (Arocena, 1995).

Las diversas teorías sobre el desarrollo han moldeado los diferentes ámbitos disciplinarios —desarrollo regional, humano, rural y sustentable y social, entre otros— encaminados a discutir el problema de la falta de desarrollo en dichos ámbitos así como a encontrar el camino, los pasos o las soluciones para salir del subdesarrollo.

En cuanto al desarrollo regional, surge la inquietud de estudiar lo regional, partiendo de la idea de que todo país «desarrollado o subdesarrollado» presenta en su interior disparidades regionales. Este término se emplea comúnmente para designar las inequidades de bienestar o de desarrollo entre regiones. Las disparidades se evalúan siempre, explícita o implícitamente, en comparación con una situación de referencia (Palacios, 1989). En general, se plantean dos cuestiones fundamentales: la de por qué unos territorios experimentan procesos de crecimiento económico de largo plazo y la de cuáles son los factores que explican el crecimiento económico (Mendez, 1997).

A partir de estas preguntas surgen una serie de respuestas relacionadas con diferentes escuelas o paradigmas que tienden a explicar las causas del desigual desarrollo regional; asimismo, definen el grado de intervención del Estado para conseguir un crecimiento equilibrado. Entre los diferentes enfoques destacan el de la economía neoclásica, el del estructuralismo y el del desarrollo desigual.

El enfoque de la teoría económica neoclásica, subraya la influencia dominante de los factores endógenos, internos al propio territorio, además de presuponer una tendencia espontánea hacia la convergencia entre las regiones, aunque con matices diversos. Los autores neoclásicos enfatizan principalmente la ventaja comparativa, el teorema Herckscher-Olin, y el modelo de etapas de crecimiento de Rostow (Mendez, 1997, Palacios 1989 y Moncayo, 2001) que reducen la importancia de las políticas de equilibrio.

El enfoque estructuralista, está fuertemente influido por la visión marxista del estructuralismo del desarrollo. Este postulado da prioridad a las relaciones interterritoriales (factores externos) e interpreta que la lógica del mercado favorece un reforzamiento de las desigualdades. En esta visión sobresalen la teoría del centro-periferia y la de la dependencia e intercambio desigual, que argumentan que el nivel de desarrollo alcanzado por una región es el resultado de un sistema jerarquizado de relaciones asimétricas definidas por el comportamiento de flujos y fuerzas externas a la región. De lo anterior se deduce que el orden mundial está compuesto por territorios centrales y periféricos, donde los últimos son dominados y explotados por los primeros. En el orden regional, tendríamos una reproducción de esta relación desigual entre regiones lo que propicia un colonialismo interno (Moncayo, 2001, Méndez, 1997).

La escuela del desarrollo desigual parte del supuesto que el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado no conduce por sí mismo a la eliminación de las diferencias geográficas en las manifestaciones del desarrollo; ya que por el contrario, dichas fuerzas tenderán a generar, e incluso a agravar, esas diferencias, a menos que el Estado intervenga para contrarrestarlas y, en su caso, regularlas. Las teorías que se agrupan en este enfoque son la teoría de la causación circular acumulativa de los procesos sociales de Gunnar Myrdal; la teoría de los polos de desarrollo de Francois Perroux y la teoría del crecimiento desequilibrado de Albert Hirschman (Palacios, 1989).

Sin embargo, todo este acervo teórico que acabamos de reseñar se ve limitado ante la aparición de nuevos fenómenos territoriales que le dan otro curso al desarrollo de lo regional. A partir de los años setenta, el sistema de producción capitalista sufre un estancamiento en cuanto a la forma de acumulación de capital, debido a una serie de cambios de gran importancia, que surgen del llamado proceso de globalización. Esta etapa del capitalismo (del último cuarto del siglo veinte hasta nuestros días) se diferencia de las etapas anteriores, en que ésta tiene un alcance territorial mucho mayor, apoyándose en la unificación del mercado mundial, los extendidos procesos de privatización y apertura externa, incluyendo a los países en desarrollo particularmente aquellos que contienen precedentes de industrialización, y urbanización. Dabat señala que como consecuencia de ello, el capitalismo abarcará prácticamente al mundo entero, imponiéndole su dinámica territorial de desarrollo desigual a través de un proceso de inclusión-exclusión territorial (Dabat, 2001:77).

Por lo tanto, la globalización trae consigo dos procesos que le dan una nueva configuración al territorio. En el primero, modifica la organización social de la producción e intercambio teniendo como resultado la aparición de las empresas-red, las trasnacionales flexibles de alcance global, los mercados oligopólicos abiertos, la preeminencia de la propiedad intelectual y los paquetes accionarios móviles; la titularización, bursatilización y globalización del crédito o la explotación global de trabajo subempleado y mal pagado en los países periféricos (Sassen, 1999). La Producción flexible, los encadenamientos mercantiles globales se han impuesto crecientemente como la forma de maximizar, tanto la producción flexible, como los procesos de producción y calidad justo a tiempo (interno y externo), reducción de inventarios, integración de funciones operativas y de solución de problemas y benchmarking, entre otros (Dussel, 1999).

El segundo proceso, se refiere al debilitamiento del Estado-nación, al verse rebasado por los múltiples procesos de transnacionalización, permite que tanto las ciudades y las regiones, tiendan a vincularse al comercio y a las relaciones internacionales sin la intermediación discrecional del Estado, dando lugar a la nueva organización competitiva mundial de sistemas de ciudades y regiones, a los complejos urbanos y regiones transfronterizas y a los separatismos micro nacionales directamente integrados a la globalización (Dabat, 2001).

Bajo esta nueva etapa del proceso de reproducción capitalista, el contexto global convierte al territorio regional y local en un lugar primordial para la reproducción del capital global. Es en las regiones y localidades donde se generan tanto las redes productivas como los encadenamientos mercantiles con otras regiones del mismo país o de otros países. Desde la perspectiva de las empresas, se maximizan las economías de escala, determinando a un territorio como el lugar de producción global, siendo también el espacio regional en donde se lleva a cabo el proceso de aprendizaje (Dussel, 1999).

Esta nueva función que desarrollan las regiones da pie a nuevas «recetas» o a un nuevo «camino» para conseguir el ansiado desarrollo equilibrado en lo regional. Moncayo (2004) muestra la nueva orientación que tiene la política regional al examinar los planos político, económico y ecológicamente sostenible, cuyo objetivo es que las regiones consigan lo que se ha nombrado como la competitividad sistémica. Los objetivos que se pretenden se muestran en seguida.

a) En el plano político. Se busca empezar un proceso de descentralización que de pie a la construcción de instituciones regionales que permitan el empoderamiento de los territorios subnacionales; también se busca gestionar la cooperación de lo público con lo privado, que propicie el empoderamiento del sector privado y de la sociedad civil. Además, en la dimensión política se propone la modernización de la gestión pública para tratar al ciudadano como un cliente.

b) En el plano económico. Se pretende privilegiar un proceso de desarrollo endógeno e integral que se enfoque a generar economías de aglomeración y ventajas competitivas, las cuales se logran al implementar nuevos modelos de industrialización y cooperación espacial; tales como, los distritos industriales, los medios de innovación y los clusters industriales.

c) En lo ambiental. El objetivo es alcanzar el desarrollo sustentable, aplicando el principio de «equidad inter-generacional». Dicho principio plantea que los costos ambientales del desarrollo económico no pueden traspasarse a las generaciones futuras, mirando solamente los beneficios inmediatos sin considerar los costos en un período prolongado. Por lo tanto, se debe de garantizar a las generaciones futuras una cantidad de bienes al menos igual a los que disponemos hoy (Burgess, 2003). Para cumplir con dicho principio se debe de utilizar como una herramienta principal la planeación estratégica, la cual se define como el proceso sistemático, creativo y participativo que sienta las bases de un actuación integrada a largo plazo, que define el modelo futuro de desarrollo, que formula estrategias y cursos de acción para alcanzar dicho modelo, que establece un sistema continuo de toma de decisiones y que involucra a los agentes locales a lo largo de todo el proceso. En síntesis, conjunta los tres ejes necesarios para conseguir el desarrollo sustentable: la equidad, la competitividad y la sostenibilidad (Fernandez, 2007). En estos tres ámbitos se inscriben los trabajos contenidos en este volumen.

El primer capítulo, «Promoción de la competitividad económica y fortalecimiento de finanzas públicas en cinco zonas metropolitanas de la región centro occidente de México. 1990-2010», de González, Ávila y Olmos se enmarca en el campo de la competitividad territorial, el cual considera que el flujo de inversión extrajera ha desencadenado una fuerte competencia entre los gobiernos locales para atraer capitales y empresas que dinamicen la economía e incrementen la productividad de sus territorios. Este argumento permite a los autores suponer la existencia de una relación positiva entre la productividad urbana y la existencia de finanzas públicas municipales sanas. Para comprobar esta relación los autores estimaron el índice de productividad urbana para las zonas metropolitanas de Aguascalientes, Guadalajara, León, Querétaro y San Luis Potosí en el periodo 1990-2010. Esta información fue comparada a través de ocho indicadores de finanzas públicas municipales relacionados con ingresos propios, recaudación, dependencia del gasto federalizado así como inversión en obra pública. Los resultados obtenidos permitieron reconocer que las zonas metropolitanas estudiadas mantuvieron una estrategia de atracción de inversión extranjera similar; sin embargo, al contrastarla con los indicadores de hacienda pública fue posible identificar efectos diferenciados sobre las finanzas públicas municipales, ya que sólo Querétaro y en menor medida Guadalajara reflejaron mejores resultados del capital extranjero sobre los ingresos propios, recaudación tributaria, gasto social y obra pública así como una reducción de la dependencia de participaciones federales y estatales. Los autores concluyen argumentando que la instrumentación de procesos de negociación permitirán reducir el efecto de la atracción de inversión extrajera sobre las finanzas públicas municipales.

El segundo capítulo, «La industria electrónica en Jalisco y su reconversión hacia un complejo de alta tecnología: Políticas Públicas y escalamiento industrial», de Angélica Basulto, Angelina Hernández Pérez y Graciela López, recuerda que una de las manifestaciones del fenómeno de la globalización es la híper movilidad del capital y la presencia de las empresas trasnacionales en todo el mundo. Un ejemplo de lo anterior son las empresas de la industria electrónica y de telecomunicaciones, que en el caso de Jalisco y en particular en la zona metropolitana de Guadalajara, ha tenido una fuerte presencia desde la década de los años sesenta, con el arribo de Siemens, Burroughs, Kodak y Motorola. Las autoras señalan que en el estado de Jalisco esta dinámica productiva ha permanecido desde la década de los sesenta, apoyada por políticas públicas de orden local y federal para detonar el crecimiento económico regional mediante su inserción en las cadenas globales de valor. Este tipo de política tecnológica ha sido respaldada por diversos estudios teóricos que analizan los procesos adecuados para que las regiones optimicen el uso de factores que detonan la innovación e incrementan su desarrollo tecnológico. Este trabajo analiza la evolución tecnológica de la industria electrónica en Jalisco, como resultado de la política gubernamental, destacando los siguientes aspectos: i) las políticas para atraer la inversión extranjera directa y promover luego la formación de un cluster de la electrónica, que permitió evolucionar hacia la generación de mayor valor agregado local; ii) el impulso de una política de reconversión industrial hacia el desarrollo de alta tecnología; iii) la implementación del escalamiento industrial (industrial upgrading) en el conglomerado tecnológico desarrollado hasta ahora, en la zona metropolitana de Guadalajara, muestra señales de ascenso en las cadenas globales de valor, gobernadas por las firmas multinacionales. Las autoras concluyen que este complejo industrial de la electrónica experimenta una reconversión con dos particularidades: el ascenso productivo a procesos de diseño tecnológico y el avance industrial hacia procesos de manufactura más intensivos en conocimiento, de mayor valor agregado y de volumen reducido.

El tercer capítulo, «Inversión y empresas japonesas en Jalisco en el contexto del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) México-Japón», de Carrillo y Guzmán, que se relaciona con el proceso de globalización, va encaminado a mostrar el fenómeno de la influencia de la inversión extranjera en la especialidad de las regiones, derivado de los cambios en los procesos productivos en donde las diferentes etapas de la producción se fragmentan y se destinan hacia aquellos territorios que cuenten con una mayor ventaja comparativa, buscando mayor accesibilidad a los mercados domésticos y de Norte América. Esto coincide con las políticas de desarrollo regional promovidas por los gobiernos locales, y sobre todo los estatales, que ven a la inversión extranjera como una forma de conseguir el crecimiento y el desarrollo económico.

Los autores plantean la utilización de la hipótesis clásica del Comercio Internacional (Krugman, P. R. y Obstfeld, 1995) de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en conjunto con el Acuerdo de Asociación Económica, ha fomentado el comercio y las transferencias de recursos y capitales. En consecuencia, se esperaría un mayor bienestar económico de los países miembros, en particular del estado de Jalisco. Para contrastar dicha hipótesis, los autores utilizaron el método del Índice de Concentración o Especialización aplicado a la Inversión Extranjera Directa por entidades federativas, con el fin de realizar una comparación de Jalisco respecto de otras entidades y verificar alguna influencia preferente del AAE para Jalisco, respecto de otras entidades de México. También utilizaron la información proveniente de entrevistas a empresas japonesas, realizada en las entidades del Occidente de México (PROMEJ, 2012). Los resultados del estudio muestran que, por lo general, la IED japonesa, ha sido el factor económico que más ha respondido a los incentivos creados por el Acuerdo de Asociación Económica México Japón. Los principales incentivos para que la IED japonesa se localizara en Jalisco fueron el mercado local y la localización geográfica conveniente para exportar, integrarse como subcontratistas proveedores y los bajos salarios, además de las propias ventajas del AAE México Japón. A pesar de estas ventajas, señalan los autores que el hecho de no disponer en Jalisco, o en otras entidades, de empresas que suministren materias primas, partes o componentes, a las empresas japonesas, desincentiva la inversión extranjera directa de Japón.

El cuarto capítulo, contrasta con los tres primeros trabajos de este volumen, que señalan los efectos benéficos, económicos o productivos de la IED. Este capítulo, a cargo de José María Parra y Emilia Gámez Frias, «Guadalajara: Metrópoli de la Precariedad Laboral, 2008-2014», muestra que si bien con la política de apertura económica y de integración de México a la globalización, la Zona Metropolitana de Guadalajara ha sido beneficiada con el arribo de inversiones externas, ésta experimenta una crisis laboral que se manifiesta con la pérdida de 70 mil empleos en el 2014, misma que va acompañada de una disminución en los salarios. Este deterioro laboral surge en un contexto caracterizado por incrementos en la productividad agregada, aumentos en la inversión extranjera directa y, en el ámbito sociopolítico, de la vigencia de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Mediante el uso de información de la Encuesta Nacional del Empleo y la Ocupación (ENOE) para el año 2014, los autores identificaron que las mujeres, los trabajadores por cuenta propia y aquellos que laboran en la industria manufacturera o en micro establecimientos son los segmentos de población ocupada que han experimentado el mayor descenso. Adicionalmente, en análisis salarial de la población ocupada permitió identificar que poco más de la mitad de los trabajadores en promedio no cuentan con el nivel salarial para adquirir la canasta alimentaria recomendable, aunado al incremento de la desigualdad salarial existente entre los trabajadores. Los resultados obtenidos por los autores son desalentadores al centrar nuestra atención en las condiciones actuales del mercado laboral de la región metropolitana de Guadalajara; sin embargo, este capítulo nos invita a reflexionar en las acciones que se requieren instrumentar para mejorar las condiciones laborales de la población ocupada de esta región.

El capítulo realizado por Alma Alicia Aguirre Jiménez, Francisco Morán Martínez y Francisco Javier De la Cerda Valdés, «Captación agua de lluvia en zonas urbanas en crecimiento y estrés hídrico. Análisis de multifactibilidad: caso Zapopan, Jalisco» pretende poner en el centro de la discusión la posibilidad de captar agua pluvial para reducir el estrés hídrico de las zonas urbanas. Para sustentar este argumento los autores utilizan las teorías sobre crecimiento urbano que permiten correlacionar el crecimiento demográfico con la oferta y demanda de agua, reconociendo la necesidad de tomar medidas para asegurar el acceso de la población a este vital líquido. Los autores realizaron un análisis de multifactibilidad ambiental, técnico, jurídico, político y económico para el municipio de Zapopan, Jalisco. Los resultados permitieron identificar que la posibilidad de diseñar e instrumentar una política pública de captación de agua pluvial en las zonas habitaciones urbanas es factible ambiental y técnicamente; sin embargo, en materia jurídica, política y económica los resultados fueron desalentadores. De manera particular se encontró que no existe un marco institucional que exija la instalación de sistemas de captación pluvial para uso doméstico; hay opiniones diferenciadas por parte de los actores políticos sobre este tipo de políticas y resultó ser una propuesta antieconómica. Las conclusiones de los autores son optimistas, ya que si bien los resultados de factibilidad no son completamente favorables, las experiencias en otros países han demostrado que estas propuestas son exitosas, por lo cual se tendrían que hacer los cambios institucionales y políticos en México para posibilitar la instrumentación de este tipo de acción que pretenden reducir el estrés hídrico de las zonas urbanas.

El sexto y último capítulo se centra en los efectos que han experimentado los pueblos de los alrededores de Guadalajara por causa de la expansión de la urbe. «Los pueblos tradicionales ante el avance de la urbe. El caso de Tonalá, 1772-2010», de Edith R. Jiménez Huerta y María de la Luz Ayala, parte de dos ejes analíticos que estructuran el capítulo. El primero es el enfoque que no considera «lo rural» y «lo urbano» como mundos separados sino interdependientes, en una relación asimétrica. El segundo es el concepto de paisaje cultural, entendido como un proceso dialéctico en el que participan los recursos naturales, la tecnología, la organización social, económica y política de los poblados rurales, y el impacto múltiple de la ciudad. Gracias a la concurrencia de ambos ejes, el escrito logra un enfoque interdisciplinario: historia, geografía y estudios urbanos. El enfoque interdisciplinario permite articular coherentemente los mapas de diversas épocas —pintura colonial, fotos aéreas, imágenes digitales— con documentos debidamente criticados, estadísticas fotografías del presente, estudios etnográficos y trabajo de campo propio.

Las autoras se plantean como hipótesis que el rescate de la memoria, de la riqueza cultural, la conservación y la inclusión de los habitantes de los pueblos tradicionales en el ordenamiento territorial de la ZMG, contribuiría a la mejora de las condiciones ambientales. El documento va avanzando desde una presentación de la gran región de Guadalajara y el papel de los pueblos indígenas de su hinterland en el periodo colonial tardío, a la descripción y análisis del distrito de Tonalá y las consecuencias del avance de la urbe y los cambios legislativos, económicos y administrativos durante los siglos XIX y XX. A partir de documentación original prueban, por un lado, la existencia de una economía diversificada y equilibrada tanto en la región de Guadalajara, como en el distrito de Tonalá durante el siglo XVII; y, por otro, muestran la pérdida de recursos y diversidad biocultural sufrida por los pueblos de la periferia, como consecuencia de su relación con Guadalajara. A principios del siglo XXI, observan las autoras un nuevo cambio significativo en el patrón de crecimiento urbano: las nuevas urbanizaciones en la periferia ya no se integran al tejido urbano de la ciudad o de los pueblos, tampoco colindan unos con otros. Se pueden observar dispersos, regados por todos los valles y lomeríos de los pueblos y propiedades privadas, de la cabecera de Tonalá hasta Tololotlán. Señalan que la diferencia que marca el presente siglo, es la gran velocidad e intensidad con la que se presenta la expansión urbana (en particular en el caso de Tonalá, pero en general puede observarse en muchas otras grandes ciudades de México) con lo cual se corre el riesgo de acabar con la diversidad biológica y cultural de las comunidades tradicionales, con sus tierras, aguas y bosques, así como su herencia cultural tangible e intangible. Esta investigación, además de aportar nueva información, desarrolla un enfoque original y útil para estudiar la cuestión de la pauperización y pérdida de la riqueza cultural de las periferias urbanas a causa de la función destructiva de las grandes ciudades, tema de indudable actualidad e importancia en México.

Los trabajos contenidos en este primer volumen, dedicado a cuestiones de desarrollo regional, medio ambiente y cultura, contribuyen sin duda al avance de la investigación sobre los cambios urbano-regionales experimentados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco y el Occidente del país.

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