Violencia en cinco ciudades colombianas a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI / c.-- Primera edición.-- Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2017. 811 páginas, ilustraciones.
Contiene referencias bibliográficas.
ISBN: 978-958-8994-55-0
1. Violencia en Colombia 1980-2013. I. Universidad Autónoma de Occidente.
303.609861- dc23
VIOLENCIA EN CINCO CIUDADES COLOMBIANAS A
FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI
Autor
© Clara Inés García de La Torre © Marta Isabel Domínguez Mejía © Mayra Alejandra Burbano Zapata © Natalia Marín Pineda © Blas Zubiría Mutis © Nathalia Muñoz Ballesteros |
© Paul Bromberg © Jesús Alfonso Flórez López © Adriel José Ruiz Galván © Álvaro Guzmán Barney © Alba Nubia Rodríguez Pizarro |
Primera reimpresión, 2018 |
ISBN impreso 978-958-8994-55-0 ISBN epub 978-958-8994-84-0 ISBN pdf 978-948-8994-85-7 |
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Contenido
Introducción
Prólogo
La búsqueda de la paz nos lleva al reto enorme de enfrentar la violencia en las ciudades
1. Ciudad, violencia, memorias y políticas de seguridad: Medellín (1980-2013)
Introducción
1.1. Trayectorias y escenarios de las violencias en Medellín
1.2. Memorias de violencias y resistencias en Medellín (1980-2013)
1.3. Las políticas públicas de seguridad en Medellín (1980-2010)
2. Violencias, memorias y políticas públicas en Barranquilla (1980-2012)
2.1. Aproximaciones teóricas a los conceptos de violencia, memoria y política pública
2.2. Contexto histórico y hegemonía política en Barranquilla
2.3. Escenarios y coyunturas de violencia en Barranquilla (1980-2012)
2.5. Políticas públicas y dinámicas de violencia en Barranquilla
3. Bogotá, del preconflicto al posconflicto: violencia urbana (1980-2012)
Introducción
3.1. Una mirada impresionista a la violencia en Bogotá
3.2. Bogotá en transformación (1980-2012)
3.3. Escenarios de violencia a partir de registros, memoria y testimonios
3.4. Acciones y reacciones de las autoridades públicas sobre la seguridad ciudadana
4. Ciudad, violencia, memorias y políticas de seguridad: Buenaventura (1980-2013)
Introducción
4.1. Contexto de Buenaventura
4.2. Violencia en Buenaventura
4.3. Memoria y resistencia en Buenaventura
5. Cali y la violencia paramafiosa
Introducción
5.1. Orden social y violencia urbana: antecedentes históricos
5.2. Los escenarios de violencia urbana (1980-2012)
5.3. Memoria y escenarios de violencia urbana
5.4. Políticas públicas y seguridad ciudadana
Epílogo
En múltiples oportunidades, se ha sostenido que los estudios sobre la violencia en Colombia han sido predominantemente sobre violencia política y rural. Esto ha cambiado en los últimos años, cuando se habla crecientemente de violencias de diferente tipo que, de distintas maneras, remiten a territorios urbanos. Nuestro trabajo se ubica en esta última versión y pretende avanzar en el tema, con investigación en cinco ciudades colombianas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Este problema ha sido importante en la historia reciente de las ciudadesy será crucial en los próximos lustros, cuando el reto se focalice en disminuir las distintas formas de violencia urbana y en fomentar la convivencia ciudadana. En cuanto a los distintos trabajos que presentamos, se hacen necesarias algunas aclaraciones y precisiones introductorias.
La primera es que lo urbano y lo rural son ámbitos cada vez más difíciles de disociar hoy en la investigación social sobre la violencia. Esto tiene que ver con las transformaciones radicales de las nociones de tiempo y espacio en la sociedad contemporánea, con efectos en los individuos y en sus prácticas. El campo se ha urbanizado y la ciudad guarda importantes tradiciones rurales en su configuración actual. La segunda es que, en nuestro estudio sobre ciudades específicas, hacemos intervenir los impactos del Estado nacional y, de manera muy importante, de la sociedad regional. Hechas estas dos aclaraciones, entendemos que debemos hacer una delimitación del tema de la violencia urbana, así sea inicial y precaria.
Nos ponemos de acuerdo con quienes encuentran en la ciudad el espacio privilegiado del capital y de la diferenciación social. También de desarrollos muy significativos de la individualidad y del anonimato y, en este sentido, de aspectos modernos de la libertad. Es bien conocida la relación estrecha entre ciudades y formas estatales, pero, especialmente importante para subrayar en nuestro caso, la relación entre la vida urbana, lo público y la democracia. De manera teórica general, pero también con sustento empírico de largo plazo, por lo menos para el caso de las sociedades occidentales, es posible argumentar que las ciudades, como espacios de la diferenciación, del capital y de la democracia, establecen una regulación significativa de la violencia homicida que tiene, por tanto, una tendencia a disminuir. Esta es una afirmación importante que se debe tener en cuenta cuando nos proponemos estudiar, a contrario sensu, ciudades colombianas que tienen, en las ciudades occidentales, historias en las que la dinámica de la violencia es considerable, incluso mayor que la rural en algunos casos y en algunos momentos fuertemente creciente. Estudiamos, entonces, estas ciudades, que van en contravía de la tendencia general que de todas maneras actúa. Bien sabemos que, en perspectiva, podremos tener en nuestras ciudades un futuro mejor.
Para nosotros ha sido pertinente tender un puente de análisis entre la ciudad y la violencia, atendiendo a las condiciones históricas de cada una de ellas. Pero, entonces, se hace necesario delimitar también el ámbito de la violencia y, más específicamente, del estudio de las relaciones sociales violentas. De manera sencilla, entendemos que son aquellas relaciones de conflicto en las que se afecta la integridad de las personas (física o de su personalidad), o los bienes relacionados con ellas. ¿Cómo se producen estas relaciones en las ciudades y cómo las podemos identificar? Estas son parte de nuestras preocupaciones en el presente ejercicio investigativo. Aclaramos, de paso, que nuestro trabajo tiene que ver mucho con los estudios sobre criminalidad, pero distinguimos violencia y crimen, para interesarnos, ante todo, por la criminalidad violenta, para entender su despliegue y sentido histórico.
El concepto central que nos ha permitido adelantar el estudio es el de escenarios de violencia urbana, según los temas implicados en las relaciones de conflicto, los actores, los recursos y los medios utilizados, las regulaciones implicadas y las consecuencias para terceros. En el desarrollo del proyecto de investigación, buscamos identificar la especificidad de los escenarios de violencia urbana de cada ciudad. También su interrelación, reproducción y cambio. Aparecen, entonces, dos problemas que se deben articular: por un lado, el de construir lo fundamental de los escenarios y de su desarrollo histórico; por otro, el de mostrar su significación y relación con la sociedad y el Estado que intervienen en la ciudad.
Este segundo énfasis se hace explícito con dos ejercicios que nos hemos propuesto. Por una parte, un seguimiento a la “memoria” que sectores de pobladores han tenido de los escenarios de violencia urbana. Aclaramos que sobre este importante tópico se hizo una selección de pobladores y organizaciones, lejos de lo que sería una “muestra”, incluso de los sectores y organizaciones subalternos. Por otra parte, nos preocupamos por investigar la medida en que el Estado local ha captado la situación de violencia en la ciudad y ha reaccionado a través de políticas públicas de seguridad ciudadana.
Vale la pena aclarar que la presentación de los casos de las cinco ciudades, dentro de una metodología acordada y para un periodo determinado, permite hacer una primera aproximación a un trabajo comparativo de similitudes y diferencias entre ciudades. Pero este ejercicio puntual, que consideramos posible con la información disponible, no se alcanzó a llevar a cabo explícitamente por el equipo de trabajo nacional. Algunas consideraciones comparativas se hacen en el epílogo de este libro, sobre la base de los informes de investigación que estamos presentando. Reconocemos que para la comparación solo llegamos a exponer la tipicidad de cada uno de los casos de violencia urbana. Aportamos, entonces, una condición necesaria, pero no suficiente para un trabajo comparativo. Aunque se trabajó en los marcos de un mismo proyecto de investigación y se subrayaron conceptos, métodos y fases de la investigación, es menester aclarar también que cada grupo local contaba con investigadores con su propia trayectoria y énfasis analíticos. Esto se refleja en los distintos capítulos y nos pareció sano, intelectualmente, que se dejara un espacio también para la iniciativa local e individual de los investigadores. Asimismo, se debe tener en cuenta que los acervos de información y de investigaciones realizadas en cada ciudad son distintos y, por tanto, en algunas ciudades y en algunos temas, fue necesario hacer investigación básica y descriptiva.
Las deficiencias investigativas seguramente serán muchas y las críticas siempre bienvenidas para enriquecer nuestro conocimiento. Pero, desde el punto de vista del proyecto de investigación, ponemos de presente que hay un faltante importante que tendremos que resolver más adelante.
Se trata de divulgar los “productos” de la investigación entre las organizaciones que nos apoyaron con su información, entre la comunidad académica interesada en este tema y entre la ciudadanía en general. Técnicamente, era imposible cumplir con este objetivo “antes” de terminar el producto que en esta oportunidad estamos presentando. Contractualmente, tampoco era viable desarrollar la actividad “después” de finalizado el trabajo. Pero el compromiso con esta tarea está pendiente, es ineludible, lo asumimos y tendremos que buscar el apoyo financiero para lograrlo. Esta es una actividad fundamental, por lo menos en ciencias sociales, donde la recuperación del conocimiento se hace de manera compartida y las organizaciones esperan tener una retribución a su aporte, en términos del conocimiento logrado y el impacto que este puede tener en las comunidades y en su vida cotidiana. La divulgación también tiene que ver con fortalecer el diálogo académico entre investigadores nacionales o extranjeros interesados en este tema, que son cada vez más. En Colombia, en este ámbito, las iniciativas son ante todo individuales y no se aprovechan las posibilidades del diálogo académico y de la riqueza que se logra intercambiando experiencias. Más allá de esta deficiencia en la divulgación, una cuestión fundamental pendiente es “entrar en la agenda” del debate público de las políticas públicas de seguridad ciudadana y hacer que distintas instituciones públicas y privadas se apropien del conocimiento y puedan traducir aspectos de la investigación en posibles políticas públicas y programas estatales de intervención. Es cierto que un momento importante de la divulgación es la publicación de los distintos capítulos que en este momento se presentan. Esperamos convertir los textos del libro en una herramienta de trabajo hacia afuera.
Este fue un ejercicio de investigación colectiva interinstitucional y en cinco ciudades. Por esta razón, debimos resolver muchos problemas de tipo administrativo que se compensaron con la iniciativa y los aportes hechos por los distintos investigadores, desde diferentes lugares. Tuvimos un promedio de cuatro reuniones semestrales por Skype, que permitieron discutir conceptualmente y narrar los avances que se hacían en el proceso de investigación. Al finalizar cada semestre, tuvimos una reunión nacional presencial que se llevó a cabo en cuatro oportunidades en Cali. Fueron ocasiones para presentar más detenidamente lo que estábamos haciendo y recibir comentarios. También para planificar el trabajo. Consideramos que estas reuniones tuvieron un costo bajo comparado con el beneficio obtenido por la conversación académica, hoy en día crecientemente practicada de manera instrumental y con resultados de conocimiento precarios. También permitieron consolidar un equipo de trabajo entre personas que no se conocían previamente entre ellas.
El orden de presentación de los textos tiene que ver con la secuencia seguida en el seminario interno de trabajo. No tiene que ver con jerarquías entre ciudades o de sus trabajos, aunque ciertamente los de la casa preferimos mantenernos al final, no sólo por cortesía, sino también para aprovechar la oportunidad de crítica de conjunto.
Expresamos nuestro agradecimiento por el apoyo financiero, administrativo y técnico, para llevar a cabo este trabajo de investigación. Al CNMH1 y a Colciencias2 que financiaron gran parte del proyecto, en el marco de un Convenio Especial de Cooperación (475 de 2012) y de una convocatoria de investigación en el tema de la violencia urbana en la que nuestro proyecto participó y fue favorecido. Especialmente, agradecemos la colaboración de Silvia Monroy Álvarez y Camila Medina Arbeláez de la Unidad de Acompañamiento Técnico y Académico del CNMH, quienes estuvieron siempre atentas a resolver nuestras inquietudes y nos invitaron a participar en un taller sobre sobre metodologías de estudio de la memoria del que aprendimos mucho. Además, agradecemos a la Dirección de Fomento para la Investigación de Colciencias y a la Dirección del Programa de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación del Instituto, en cabeza de Ingrid Rueda, quien también estuvo dispuesta a resolver con prontitud los problemas planteados en la ejecución del proyecto. Aunque son consuetudinarias las quejas, desde el lado de los investigadores, sobre las entidades financiadoras, sus requisitos y procedimientos de regulación y control, también se debe reconocer el apoyo que se recibe para la investigación por parte del Estado que esperamos le sea útil a la sociedad colombiana, en la convivencia ciudadana. Hacemos una mención especial a Gonzalo Sánchez, director del CNMH, quien consideró importante trabajar la violencia urbana y auspició la convocatoria inicial de investigación en la que concursamos. A la Universidad de Antioquia, a la Universidad del Atlántico, a la Universidad del Valle y a sus vicerrectorías de investigaciones que nos suministraron el tiempo de sus profesores y pusieron recursos de contrapartida. A la Universidad Autónoma de Occidente y a su Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, dirigida por la Doctora Magdalena Urhán, siempre atenta a resolver con cariño los escollos administrativos. La Universidad Autónoma de Occidente manejó el proyecto en su conjunto y se encargó especialmente del trabajo en Bogotá y Cali, en convenio con la Universidad del Valle, y en Buenaventura. Al lado de estas instituciones, hay personas concretas a quienes les debemos un agradecimiento especial. De manera genérica, a los investigadores principales responsables en cada ciudad, a los asistentes de investigación y a los monitores.
Solo mencionamos con nombre propio a Luis Eduardo Bustamante, quien asumió el papel de asistente administrativo del proyecto. Lo hizo con una calma que le envidiamos, difícil de conservar por parte de los investigadores, en los momentos de tensión administrativa.
Álvaro Guzmán Barney
Editor Académico
Universidad Autónoma de Occidente
Por Gonzalo Sánchez G.
Director Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH
Las ciudades colombianas han sido objeto de actos de guerra de gran magnitud, y también blanco de múltiples violencias cotidianas asociadas a las dinámicas del conflicto armado. Ciertamente, los logros de la paz rural dejan al descubierto en la ciudad la supervivencia o transformación de algunos de los efectos de la guerra en términos de repertorios de violencia. Así entonces, la búsqueda de la paz tiene un reto enorme frente a la violencia en las ciudades.
La violencia urbana la tenemos en frente, pero es tan inmediata que casi no la vemos. Nos enfrentamos a repertorios de violencia asociados a antiguos y nuevos actores armados que han provocado en ciudades colombianas: desplazamiento forzado intraurbano, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, la mal llamada “limpieza social”, violencia sexual y violencia contra la diversidad de género, boleteo, extorsión, control sobre los ciudadanos, confinamiento en barrios o comunas, control o instrumentalización de combos y pandillas juveniles, corrupción y lucha por el control del territorio y de los mercados ilegales.
Ciudad y violencia: cinco ciudades colombianas a finales del siglo XX y principios del XXI es un trabajo socio-histórico que invita a hacer una lectura comparada de la violencia en Medellín, Barranquilla, Bogotá, Buenaventura y Cali, entre 1980 y 2013.
Este documento es el resultado del esfuerzo de cinco grupos de investigación coordinados por Álvaro Guzmán, uno de los académicos con más trayectoria en este tema.
El informe se presenta como un heredero de la tradición conceptual y del enfoque que inauguraron Guzmán y su compañero de búsqueda intelectual, Álvaro Camacho Guizado, desde su primer trabajo conjunto sobre el tema, titulado Ciudad y violencia, a saber, una de las primeras investigaciones que alertó, en los años ochenta, acerca de la creciente urbanización del conflicto armado y sobre los múltiples escenarios de violencias que se desarrollan en el contexto urbano.
Las ciudades modernas, nuestras ciudades, no son ya como en los albores de la era industrial, simple asiento de artesanos y proletarios, sino entramados muy complejos de productores, de servicios culturales, de redes sociales y políticas, y de redes criminales. El informe que presenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, titulado Ciudad y violencia: cinco ciudades colombianas a finales del siglo XX y principios del XXI, nos ofrece una perspectiva de sentido de sus complejidades y además dota al lector de todos los elementos para seguir avanzando en la construcción de una mirada comparativa.
Existe una elevada conciencia en los habitantes de las ciudades colombianas acerca de la violencia desde la perspectiva de la inseguridad —sobre todo de la inseguridad patrimonial—, pero es mucho menor la conciencia sobre la manera como dicha inseguridad ha sido, en parte, producto de la interconexión y la enorme fluidez entre las dinámicas del crimen organizado y las del conflicto armado, que convirtieron a las ciudades en objetivo militar de conquista de múltiples actores. Por ello, como suele afirmarse hoy por los investigadores que han seguido esta misma línea de análisis, es necesario: “urbanizar la conciencia pública del conflicto” y “politizar la mirada sobre la ciudad”3
Urbanizar la conciencia pública del conflicto es compartir el lente de observación del ámbito rural con el ámbito de las ciudades del país y evidenciar la interrelación que ha existido entre la violencia urbana —asociada a la violencia endógena de las ciudades y a la criminalidad organizada o común— y la violencia del conflicto armado, al cual se la vincula solo de manera excepcional (tras la explosión de una bomba, o la ocurrencia de secuestros masivos, asesinatos de dirigentes políticos visibles, tomas o incursiones guerrilleras o paramilitares, operaciones militares en las periferias). En ese sentido, el estudio de estas ciudades ha sido “privilegiado”, por el carácter espectacular con el cual la violencia se ha vivido en ellas.
Politizar la mirada sobre la ciudad es reconocer que las trayectorias de la violencia urbana han estado asociadas a las trayectorias que ha tenido el conflicto armado en el país.
Esta politización nos permite:
• Reconocer, como lo hace explícito este informe, en términos históricos y sociológicos, la relación entre las exclusiones sociales y la permeabilización de la violencia guerrillera o paramilitar en los extramuros de las ciudades.
• Reconocer la instrumentalización y exacerbación de la violencia producida por las pandillas juveniles cuando caen en manos de los actores armados o de grupos de interés económico ilegal, ambos con el objetivo de extender su dominio de territorios mediante violencias con mayor envergadura.
• Reconocer la naturalización de la violencia urbana en la medida en que se asume la ciudad partida en dos: la de las comunas y extramuros violentos, por un lado, y la de los barrios que disfrutan u ostentan el bienestar en la ciudad. Entre esas dos ciudades, que se replican en todas las ciudades del país, no hay diálogo ni integración.
Comparar la ciudad más desarrollada del Caribe colombiano, Barranquilla, y una ciudad con exclusión e inequidad extrema en el Pacífico, Buenaventura, es tener la posibilidad de ver dos ciudades-puerto, cuya economía se mantiene —en un grado distinto pero semejante— de espaldas a la riqueza que las transita que tienen asentamientos poblacionales informales similares y que han sido víctimas de la incursión y disputa por el territorio por parte de todos los actores armados.
No obstante, sus diferencias han sido notables también en cuanto a índices y repertorios de violencia, así como en la aplicación de políticas públicas en general y, en particular en las relacionadas con seguridad; estas ciudades han aplicado modelos distintos que buscan combatir o prevenir la violencia, con el desarrollo local o con la conservación del statu quo.
Su comparación da para pensar: ¿por qué Buenaventura enfrenta una larga y nunca bien atendida crisis humanitaria y ha sufrido los impactos de todas las atrocidades de la guerra? y, por el contrario, Barranquilla enfrenta problemas más localizados de violencia juvenil, de género o contra sectores identitarios de su población. Podría pensarse que mientras más desestructurada está la sociedad, más organizada es su violencia, es lo que pareciera evidenciar esta comparación.
Cali y Medellín, dos ciudades con una economía agropecuaria e industrial próspera, por un lado, sufrieron la invasiva presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en sus extramuros; por otro, todas las clases y sectores de la ciudad resultaron permeados en la vida cotidiana por los efectos del negocio y la actividad del narcotráfico y su “industrialización de la muerte”. No obstante, sus estructuras criminales afectaron de modo diverso a la población: mientras unas hicieron ostentación de la violencia que eran capaces de producir, las otras intentaron mimetizarse, cooptar y transar con el Estado.
Se diferencian también, de manera notable, en las temporalidades de sus distintas políticas públicas de seguridad y desarrollo local, y en los efectos que estas han tenido sobre cada una de las ciudades. A partir de estrategias dispares pero convergentes, las formas de violencia que han impactado a estas dos urbes han implicado una reconfiguración de las élites locales.
En Bogotá, en comparación con las otras cuatro ciudades estudiadas, la percepción de la violencia está más politizada que en las anteriores, pero no ha sido lo suficientemente evaluada la interacción entre esta violencia y el crimen organizado del Cartel de los esmeralderos, para citar solo una de sus variantes. Podemos decir, además, que Bogotá, por ser la capital del país, centraliza las violencias de magnitud e irradiación nacional.
La violencia en las cinco ciudades estudiadas tiene otros comunes denominadores que quisiera destacar brevemente:
- Como bien lo señala el informe: “Estamos frente a una situación excepcional, en la que no se puede argumentar como usualmente se piensa que la presencia débil o la ausencia del Estado predomina en las zonas rurales y apartadas del país. En las ciudades estudiadas, cuatro de ellas, las más importantes del país, la forma de la presencia local del Estado muestra diferencias notables y en todos los casos formas de debilidad o ausencia” (ver Epílogo del informe).
-En clave de futuro, las consecuencias de la violencia han sido catastróficas para la población juvenil, que no solo se ha visto desescolarizada; intimidada; desplazada junto con sus familias, para no terminar siendo reclutada por los grupos armados o formando parte de bandas instrumentalizadas; sino que los jóvenes han puesto literalmente los muertos, así como los victimarios más numerosos de la violencia urbana, en tanto su cohesión social deviene fracturada desde la infancia, en sus propios entornos familiares, sociales, escolares o comunitarios.
De aquí que sea importante resignificar la “violencia juvenil” dentro de la dinámica del conflicto. Se adjudican, a menudo, a la violencia propiamente juvenil algunos repertorios de violencia que fueron inducidos o cuyo origen provienen de los actores de la guerra: guerrilla, paramilitares, narcotraficantes o bacrim, según la ciudad y la época estudiadas.
Desde este punto de vista, las ciudades se abren como grandes oportunidades para la población, para salir adelante, para el futuro, pero al mismo tiempo, para los jóvenes son escenarios de frustración, es decir continúan siendo como en el emblemático registro fílmico de Víctor Gaviria, escenarios de no-futuro.
-Los ritmos de expansión de las ciudades imponen una presión desbordada al uso del suelo disponible, que generan pugnas en el plano social y político, apropiaciones ilegales, urbanizaciones descontroladas. Esto se aplica a todas las ciudades del estudio, en donde, además, los asentamientos informales en las ciudades han sido abonados por el desplazamiento forzado de víctimas de la violencia que muchas veces terminan revictimizadas por las violencias propias de las mismas comunidades receptoras.
Es necesario reconocer la colonización del territorio urbano por parte de guerrilleros, paramilitares o bacrim como generadores de formas particulares de violencia en las ciudades; han sido ellos los responsables de hacer más vulnerables las relaciones entre las comunidades “colonizadas” y el Estado; comunidades que después de ser instrumentalizadas son abandonadas por los actores armados dejando atrás como secuela de su presencia no solo su estigmatización como colaboradores de uno u otro bando, sino la persistencia de distintas formas de violencia y crimen organizado que siguen actuando en su vida cotidiana. Es la nueva colonización destructora del crimen, frente a la vieja colonización productiva de los campesinos.
Es necesario reconocer el fuerte impacto que también ha tenido la violencia urbana sobre las mujeres —en repertorios de violencia sexual y feminicidios que están siendo cada vez más visibles—, así como sobre las identidades diversas, victimizadas por unos u otros actores, durante distintas temporalidades. En las ciudades se hacen más visibles las tensiones culturales, pero también a menudo y paradójicamente tienen mayor cabida los discursos de la diferencia y la igualdad.
Si bien la violencia urbana no es exclusiva de Colombia, ni de América Latina, ni de los países “pobres” o “en desarrollo”, sino que se trata de un fenómeno global, estudiar sus particularidades en cada una de las ciudades del país y poder compararlas, puede arrojar luz sobre lo que a primera vista nos parece irracional, impredecible, irreversible. Esa luz es fundamental para el diseño de políticas públicas que busquen la protección de los ciudadanos y la prevención de las violencias.
La política del garrote, como resulta esclarecedor en este informe, ha añadido más violencia a las violencias que ya imperan en las ciudades (hoy en día asistimos incluso a la aceptación de la solución violenta de los conflictos de seguridad, con progresivos “linchamientos” de unos civiles contra otros).
Los proyectos de educación ciudadana, por su parte, aunque tienen efectos positivos sobre la tolerancia y la resolución pacífica de los conflictos, no bastan para cambiar los índices de violencia urbana; estos proyectos deben estar asociados a políticas de desarrollo local en las comunidades más afectadas por la exclusión, y deben hacer todo lo posible por cambiar los límites al acceso a educación, salud, servicios básicos y empleo, y finalmente romper el círculo de la desigualdad extrema que es otro repertorio de la violencia.
Como conclusión, este informe nos lleva a reflexionar sobre cómo el fin del conflicto armado en las regiones rurales del país no aumenta la violencia en las ciudades, pero sí tiene como corolario que la violencia urbana se convierta en el centro de atención nacional e internacional, puesto que la violencia en las ciudades de Colombia, aunque tiende a disminuir, continúa excediendo los índices de violencia de América Latina, que ya son los mayores a nivel mundial.
Como lo ha señalado Kofi Annan (2005) , “…La humanidad no podrá tener seguridad sin desarrollo, no podrá tener desarrollo sin seguridad y no podrá tener ninguna de las cosas si no se respetan los derechos humanos…”
La lucha por la ciudad en Colombia es, desde hace décadas, una lucha por los derechos, como antídoto a las violencias que la acechan. El texto de Alvaro Guzmán y sus colaboradores nos da pautas para hacerlo mejor.
Medellín es un caso urbano de violencia intensa, extendida en el tiempo y producida desde muy diferentes actores y conflictos. Desde inicios de la década de 1990 hasta hoy, ha sido continua la producción académica sobre esta problemática, adelantada en su gran mayoría por las unidades de investigación de las ONG de la ciudad y por las universidades públicas y privadas. También han participado algunos autores internacionales.
Los estudios han girado en torno a las características de la violencia en la ciudad y los posibles factores explicativos que darían cuenta de ella. Los enfoques han sido variados. Sobresalen el epidemiológico, el que busca las causas estructurales del fenómeno, el que focaliza especialmente la debilidad del Estado, el que centra el análisis en la acción racional de los actores comprometidos, el que resalta la acción de los factores culturales y el que, a partir de la teoría de la criminalidad, precisa las diferencias entre violencia y crimen y aporta en la interpretación de los significados y las limitaciones de la política pública sobre seguridad ciudadana y de control del crimen en la ciudad.
En el presente estudio, nos hemos propuesto abordar el problema de la violencia urbana desde la perspectiva sociohistórica de las trayectorias y los escenarios de las violencias más representativas en Medellín, la cual incluye la memoria de las víctimas, los sentidos vividos y las resignificaciones elaboradas por ellas sobre los tiempos y espacios de esas violencias y de sus resistencias. Esa perspectiva sociohistórica y de memorias la enriquecimos con la consideración de los rasgos más sobresalientes de la acción de la política pública sobre seguridad, para evidenciar las interacciones entre Estado local y nacional a lo largo del tiempo frente a los conflictos y escenarios de violencia analizados, sus diferentes orientaciones y el significado de sus acciones y omisiones con respecto a la construcción del orden social en la ciudad. Especial cuidado quisimos poner en el abordaje de la violencia contra la mujer, tema que aportamos en un acápite construido sobre las memorias de las víctimas.
Para esta investigación, nos apoyamos en ese acumulado de 25 años consecutivos de investigaciones sobre Medellín y sus violencias. Además, revisamos con detenimiento el Archivo Histórico de Antioquia para la década de 1980 y las siguientes, los archivos de prensa, las actas del Concejo de Medellín, los archivos, la documentación y los informes de gestión de oficinas diversas del Gobierno municipal y de la Policía. Asimismo, fueron revisadas las audiencias de imputación de cargos de integrantes de los Comandos Armados del Pueblo y del Bloque Metro (BM), lo mismo que otras sentencias de paramilitares desmovilizados y postulados a la Ley de Justicia y Paz, así como la Sentencia Bloque Cacique Nutibara. Se llevaron a cabo, además, recorridos en las comunas especialmente afectadas por las violencias, 45 entrevistas a sus pobladores y líderes comunitarios y dos talleres de memoria en forma de sucesivos encuentros (10-12 en cada uno), con sendos productos que, como “vehículos de memoria”, están hoy en manos de las comunidades que los desarrollaron. Se efectúo también un taller de política de seguridad con líderes de las diferentes comunas y se adelantaron algunas entrevistas a paramilitares desmovilizados y en la cárcel.
El estudio se divide en tres apartados. El primero se dedica al esclarecimiento de los conceptos con los cuales abordamos la violencia y el análisis de las trayectorias y escenarios de la violencia a lo largo de 33 años. Distinguimos cinco grandes periodos, con los que subrayamos los diferentes significados que adquieren en el tiempo los efectos de las variadas conflictividades violentas que se cruzan en la ciudad. Para diferenciar y comprender las distintas lógicas que se juegan en la producción de la violencia en Medellín, reconocemos —en el nivel más general— cuatro conflictividades mayores. En cada una de ellas, abordamos diferentes escenarios de violencia, y con ellos deslindamos —en un nivel más particular— los variados campos de acción que les dan connotaciones específicas a las acciones de violencia en cada una de las conflictividades mayores a lo largo de su respectiva trayectoria. Nuestro aporte principal en este primer apartado radica tanto en la investigación empírica adicional a la de otros estudios que nos precedieron, como en el uso de los conceptos de conflictividad y escenarios de violencia que potenciaron la comprensión de la complejidad del fenómeno de la violencia urbana en Medellín; ellos permitieron dilucidar al mismo tiempo las variadas lógicas de acción que la han sustentado y sus transformaciones a lo largo de las décadas, así como la filigrana de los cruces y las transversalidades que las caracterizan. La utilidad de la distinción entre conflictividades mayores y sus particulares escenarios de violencia se evidenciará aún más en el tercer apartado de ese estudio, donde se analizan las políticas de seguridad y se desbroza el significado de los énfasis y las omisiones, las continuidades y las discontinuidades de la política pública con respecto a las diferentes conflictividades y escenarios de violencia en la ciudad. Es de destacar que nuestra mirada compleja del fenómeno también permitió mostrar cómo interactúan actores violentos y Estado en la producción de los ascensos y los descensos de los índices de homicidio en la ciudad, y cuestionar estudios anteriores que habían tendido a relacionar los descensos con la acción del Estado y los ascensos con la de los actores ilegales.
El segundo apartado se centra en las memorias de las víctimas de las violencias y las resistencias a lo largo de tres décadas, donde los lectores encontrarán cuatro clases de resultados. El primero lo aportan las narrativas territorialmente diferenciadas de las memorias de las violencias y las resistencias. El segundo provee, desde la perspectiva de las memorias, un análisis transversal de las diferencias de los procesos en el territorio, de los aspectos comunes que se comparten a lo largo y ancho de la ciudad, así como del papel y significado que adquieren las bandas y los combos locales a lo largo del tiempo. El tercer aspecto trata de las memorias de las violencias contra la mujer, las cuales tienen especial lugar en esta parte de la investigación, por cuanto no hay ni estudios, ni cifras, ni categorías conceptuales que permitan hacer un análisis del fenómeno en su trayectoria histórica, en su rastreo empírico y respecto de una conceptualización integral y compleja, tal como nos hubiera gustado hacer en el primer apartado, de acuerdo con nuestras categorías centrales de conflictividad y escenarios de violencia. El cuarto asunto lo aportan los resultados de los dos talleres de memoria realizados. Aporte adicional en este segundo apartado se da con la puesta en relieve de la diferencia entre los procesos de violencia analizados e interpretados por los investigadores en el primer apartado y la manera como de hecho quienes habitan en el territorio viven esas violencias y las significan. Por otra parte, nuestro acercamiento a las memorias con un criterio territorial —a diferencia de los anteriores trabajos de memoria en la ciudad— muestra rasgos muy significativos en cuanto a las diferencias vividas en los territorios, o a lo que representa para un mismo individuo, familia o colectividad ser víctima de diferentes violencias a lo largo del tiempo y del espacio, o a lo que hay de transversal —a pesar de las diferencias— en las vivencias de las violencias en el conjunto de la ciudad.
El tercer apartado se focaliza en las políticas de seguridad durante todo el periodo de nuestro estudio, en el cual se destacan cuatro asuntos. En primer lugar, el estudio de la política pública sobre seguridad a lo largo de las décadas y de sus principales momentos de inflexión. En segundo lugar, un análisis de los sentidos de continuidad y discontinuidad que muestran las diferentes líneas de acción, en función de las dinámicas de las violencias que pretendieron enfrentar. En tercer lugar, la interpretación de su significado, según sean sus énfasis u omisiones con respecto a los distintos escenarios de violencia. En cuarto lugar, los resultados de un taller realizado sobre percepciones, aciertos y límites de las políticas de seguridad en Medellín, con líderes de las diferentes comunas. El aporte mayor de este apartado del estudio radica en haber abarcado el rastreo empírico de la política pública sobre seguridad por tres décadas continuas, haber dilucidado sus diferentes líneas de acción y sus variaciones, según coyunturas, y haber relacionado e interpretado la relación de las acciones del Estado local y el Estado nacional en momentos clave de la violencia y la inseguridad en la ciudad. A partir de allí (y apoyados en conceptos de política pública, como los de Pierre Muller, y de Estado, como el de Michael Mann), se pudieron confrontar tesis a propósito de si hubo o no política de seguridad con anterioridad a la década de 1990, y aquellas otras que afirman el “retiro intencional y paulatino del Estado de la gestión del conflicto”, como factor explicativo de la fuerza que tomó el conflicto armado en la ciudad a finales de la década de 1990 y principios de la primera década del siglo XXI.
Por último, concluimos con unas breves reflexiones a propósito del significado general que como orden social tiene todo lo anterior, en un conglomerado y nodo de poder urbano en Colombia: Medellín y Área Metropolitana.
Para iniciar, precisaremos el enfoque conceptual adoptado para el estudio de las violencias en Medellín. Partimos de que no hay una violencia genérica. La solución violenta de las diferencias siempre se enmarca en algún tipo de conflictividad social y, por tanto, los significados y el compromiso de lo que en ellas se juega y entre quiénes y cómo serán igualmente variados. Interesa, por ende, no solo desentrañar las distintas lógicas, manifestaciones y efectos bajo los cuales las violencias toman forma a lo largo de más de tres décadas, sino también las maneras como unas y otras se cruzan y distinguen.
La violencia solo se puede comprender si se la piensa y significa como parte de las relaciones conflictivas de cualquier sociedad y, más en específico, de relaciones de conflicto en las que el poder de subordinación de unos sobre otros se pone en juego, ya sea en el ámbito económico, político, social, familiar o interpersonal. La violencia la entendemos como:
una forma crecientemente privilegiada de resolver conflictos sociales mediante actos que cubren un amplio espectro de hechos, diferenciados en su naturaleza, que afectan la integridad física de las personas, de los bienes con los cuales tienen relación o su misma personalidad, producto de la opresión continuada. Estos hechos se vinculan con conflictos interactivos o con conflictos colectivos y se pueden tipificar en escenarios específicos de acción, actores, modalidades, normatividad y formas de estructuración”. (Guzmán, 2012).
Además, y como lo anota Maclean (2014), la violencia está presente no solo en situaciones en las que los actores sociales confrontan o transforman el poder con las armas, sino también en las violencias presentes en las comunidades, las familias, las calles, no menos interrelacionadas con cuestiones de poder, pues allí también los actos violentos ocurren cuando hay un sentido que los justifica, y ese sentido está mediado por discursos, categorías e identidades culturalmente situadas. Además, la violencia se pone en juego cuando alguien que tiene una posición estructural de poder percibe que el uso de la violencia lo está garantizado. Y aquellos en el poder también pueden definir qué cuenta como transgresión y cuándo está justificado el uso de la violencia. La violencia hay que interpretarla, entonces, a la luz de los conflictos en la sociedad y de los procesos en que se adquiere y retiene poder sobre otros.
Hemos adoptado dos conceptos especialmente útiles para desentrañar en su complejidad los distintos asuntos que se involucran en los hechos violentos, y las lógicas y los sentidos mediante los cuales se articulan y adquieren especificidad y diferencia a lo largo del tiempo. En primer lugar, el de conflictividad, con el que aludimos a situaciones conflictivas específicas —en este caso de la vida urbana— en las que dos o más actores se confrontan en función de intereses contrapuestos. En segundo lugar, el de escenarios de violencia4, con el que identificamos —en cada una de las conflictividades urbanas mayores— diferentes combinaciones entre las formas de la acción violenta, los actores comprometidos, los sentidos y las consecuencias de los hechos violentos. En otras palabras, entendemos por escenarios de violencia las específicas articulaciones o combinatorias que se dan —en cada una de las grandes conflictividades urbanas— entre los actores, la orientación de la acción, los repertorios de los actos de violencia y el tipo de víctimas afectadas, combinatorias que se dilucidarán de acuerdo con los distintos campos en los que se expresa y se estructura cada conflictividad a lo largo de su desarrollo. Toda interacción transforma sus propias condiciones y prioridades a medida que se despliega en el tiempo y el espacio, y por ello en cada conflictividad se observan cambios en sus focos, modalidades y efectos específicos. De ahí la utilidad de distinguir escenarios según sea el tipo de campo específico en el que los actores comprometidos en un conflicto articulan su acción, pues, al cambiar el campo, cambia la orientación de la acción y con ello suelen también cambiar repertorios y víctimas dentro de la misma conflictividad. Los campos a los que hacemos alusión son estos: el económico, el político, el militar, el lugar en la ciudad y el dominio territorial micro. Los escenarios de violencia permitirán así esclarecer las lógicas de violencia interna a cada conflicto y sus transformaciones en el tiempo.
La indagación se centrará, entonces, en las conflictividades que se manifiestan con acciones de violencia en la ciudad y en los escenarios de violencia bajo los que ellas toman forma y sentidos específicos.
Así, identificamos cuatro grandes conflictividades en la base de la producción de violencia en Medellín:
1. La conflictividad asociada a la apropiación y el uso del suelo: esta conflictividad adquiere dos manifestaciones diferenciadas según la lógica que las orienta y el tipo de espacialidad en que se despliega:
a. El conflicto desarrollado en los procesos de la construcción de barrios marginales.
b. El conflicto manifiesto en los procesos de remodelación urbana y mejoramiento de la imagen en el centro de la ciudad. Es una conflictividad que está presente a todo lo largo de la temporalidad del estudio, que aflora de manera intermitente y que tiene coyunturas en que se exacerba, en función de las oleadas de desplazamiento que llegan a la ciudad y de las decisiones de política pública con relación al manejo del espacio público en el centro urbano.
2. La conflictividad articulada en torno a las estructuras criminales ligadas al narcotráfico, que paulatinamente tiende a subsumir bajo su dominio un conjunto muy amplio de negocios ilícitos diferentes del narcotráfico y a extenderse inclusive sobre algunos de carácter legal. Es una conflictividad que —según las épocas— asume modalidades, dinámicas y efectos diferenciados, y que recorre la totalidad de la temporalidad abarcada por este estudio.
3. La conflictividad que en Colombia se ha denominado conflicto armado emerge en Medellín en su inicio solo bajo la faceta de la presencia de las izquierdas armadas en la ciudad (guerrillas y milicias), pero muy rápidamente manifiesta su contracara con la acción de la derecha armada (bajo distintas facetas e intermitencias) para luego sí imbricarse de manera más explícita como confrontación entre sus dos polos armados organizados. Este conflicto también está presente desde el inicio de la temporalidad abarcada por este estudio y se extiende por más de dos décadas hasta entrada la primera década del siglo XXI.
4. La conflictividad asociada a las dinámicas identitarias y procesos de socialización juvenil se manifiesta en la ciudad a partir de la década de 1980 con las pandillas juveniles.5 Sus transgresiones violentas y el número de víctimas de homicidio que producen y en que se convierten ellos mismos tienen una manifestación más “autónoma” en sus inicios; pero, a medida que otros conflictos violentos agenciados por actores nacionales de diferente especie (izquierda y derecha armada, criminalidad del narcotráfico) se desarrollan y expanden en el territorio de la ciudad, las hostilidades y violencias de estas agrupaciones juveniles y sus lógicas territoriales y de identidad acaban por subsumirse en esos otros conflictos mayores y les sirven como recurso para sus intereses económicos, políticos y militares y jugando (más allá de la lógica de identidad y socialización juvenil localizada en que nacen) en conflictos totalmente ajenos a su razón de ser original.
Por su parte, en cada conflictividad, se despliegan uno o varios escenarios a lo largo del tiempo. La especificidad de cada uno de los escenarios trabajados en este estudio, y definida en función del campo en el que se despliega la interacción violenta por periodos o coyunturas específicas, la entendemos así:
1. Escenarios de violencia económica: se configuran en torno al acceso ilegal de recursos económicos o el montaje, la expansión y el mantenimiento de actividades ilegales en la producción de ganancias mediante el uso de la violencia. Sus actores pueden estar insertos en redes criminales altamente organizadas, o ser grupos o individualidades independientes identificados como delincuencia común, o, inclusive, ser grupos de insurgencia armada. Sus víctimas pueden ser sectores de residentes, comerciantes, empresarios y ciudadanos del común como miembros de las propias redes delincuencias en sus ajustes internos de cuentas.
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