© 2019, Guillermo Máximo Cao (coord.)

Corrección de textos: Mónica Costa

Diseño de cubierta e interior: Departamento de arte de Editorial Bärenhaus S.R.L.

Todos los derechos reservados

© 2019, Editorial Bärenhaus S.R.L.

Publicado bajo el sello Bärenhaus

Quevedo 4014 (C1419BZL) C.A.B.A.

www.editorialbarenhaus.com

ISBN 978-987-4109-42-2

1º edición: mayo de 2019

1º edición digital:agosto de 2019

Conversión a formato digital: Libresque

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446 de la República Argentina.

Sobre Guillermo Máximo Cao

Guillermo Máximo Cao nació en 1958. Profesor de historia egresado de IES N°1 “Alicia Moreau de Justo”, es coordinador de “100 historias”. Fue profesor de los colegios y curso de ingreso de la UBA, Carlos Pellegrini y Nacional de Buenos Aires.

Además de innumerables libros de textos escolares, es autor de Almanaque del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina 1816-2016 (2016, Bärenhaus) y San Martín y el cruce de los Andes. Almanaque de la hazaña (2017, Bärenhaus), este último declarado de Interés Cultural y Social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Es colaborador en diferentes medios de comunicación: TV, diarios y revistas. Recibió mención en el premio “Coca Cola en las Artes y las Ciencias 1989/90”. Expuso en Jornadas de Ciencias Sociales UBA, de Escuelas Medias Universitarias; profesorados Joaquín V. González, Alicia Moreau de Justo, Alfredo Palacios; en el Museo Histórico Nacional y en la Biblioteca “Esteban Echeverría” de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Índice

• Cubierta
• Portada
• Créditos
• Sobre este libro
• Sobre Guillermo Máximo Cao
• Autores del presente volumen
• 100 historias: Presentación
• Introducción
• Capítulo I. Los gobiernos del período 1930-1943
• Capítulo II. La Economía de la restauración conservadora
• Capítulo III. La Industrialización Argentina 1930-1943
• Capítulo IV. El Movimiento obrero en la Década Infame: entre la represión política y las transformaciones económicas y sociales
• Capítulo V. Descentrada y Salvadora
• Capítulo VI. María Rosa Oliver, otra “descentrada”
• Capítulo VII. Las asociaciones étnicas de socorros mutuos después de la migración histórica
• Capítulo VIII. “Hombres en soledad”. El golpe de Estado de 1930 en la literatura de Manuel Gálvez
• Capítulo IX. Almanaque 1930-1943
• Anexo. Mundial y Dictadura: Italia 1934
• Otros integrantes de 100 historias

CAPÍTULO I
LOS GOBIERNOS DEL PERÍODO 1930-1943

Alberto Rossi, Juan Fernández

y Fernando Mastandrea

El Gobierno Provisional de José Félix Uriburu: la primera dictadura argentina del siglo XX

“Usted sabe que un hombre como yo, en mi situación, podría haber sido todo lo que hubiera querido. Yo he tenido hasta ahora la fuerza, y también el abnegado desinterés y la simpatía de la gente honrada del país. He sacrificado todo personalmente y a nada he aspirado, en cambio. Todos saben, aun los que han combatido la revolución y hasta los que me han calumniado, que no podía haberse devuelto sensatamente con más rapidez la normalidad. De tal manera que tengo plena conciencia de haber cumplido con la patria; lo contrario habría significado el desgarramiento más grande de mi vida. Esto lo saben y lo comprenden también mis compañeros de las Fuerzas Armadas, los que de no haber estado convencidos de mi absoluto desinterés no me habrían acompañado en la forma magnífica y también desinteresada en que lo han hecho. Ya ve usted que yo personalmente no aspiro ni siquiera al juicio de mis contemporáneos, aunque no existiera, como lógicamente tiene que suceder, todo este fuego de pasión que tardará en extinguirse.”

José Félix Uriburu (1932)¹

Las palabras del dictador Uriburu, recogidas un día antes de la entrega del poder a Agustín Pedro Justo, suenan a las de un hombre resignado, que no pudo imponer sus objetivos al resto de la sociedad, ya que ha dilapidado sus apoyos y su capital político y que cuando se percata de ello apuesta sus últimas fichas y pierde. Lo hace en manos de Justo que le ha vaciado el espacio político, que por fuerza y audacia Uriburu entendía que le pertenecía.

Justo lo obliga a firmar el decreto para llamar a elecciones y se presenta como candidato, sumando adhesiones que le permitirán formar un partido político, una coalición de huestes conservadoras, donde el más fuerte apoyo lo representa él mismo como líder indiscutido del Ejército Argentino. Ese mismo Ejército que el 6 de septiembre de 1930 marchó decididamente a poner punto final al tercer gobierno radical consecutivo, al que responsabilizaban de no encontrar una respuesta a la crisis económica que un año antes y desde EE.UU., se esparce por el mundo como un castigo bíblico sobre los países que integran el capitalismo liberal.

¿Qué lugar le reservará a Uriburu la Historia Argentina? Muy probablemente el olvido como político, aunque sentó el precedente de las características comunes que dieron lugar a la zaga de los golpes de Estado del siglo XX. A partir de éste, cada uno de los que lo precedió en su intento de imponer políticas económicas que favorecieran sólo a un pequeño grupo o sector de la sociedad, incrementó y profundizó las prácticas de la violencia institucional que aplicaba, llegando en 1976, en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, a hacer desaparecer 30.000 personas con el objeto de lograr sus cometidos.

Enumeramos algunas de las características comunes a todos los golpes de Estado que se aplicarían posteriormente:

• Los dictadores serán reconocidos como presidentes, tomando como precedente lo determinado en la Acordada realizada por la Corte Suprema de Justicia para legitimar el poder de Uriburu.
• Persecución y cárcel a opositores, categoría amplia e imprecisa al momento de diferenciar apoyos de adversarios.
• Limitar el derecho a la libre expresión.
• Prohibir y/o limitar el accionar de los partidos políticos.
• Intervenir las universidades, y posteriormente en otros golpes de Estado todos aquellos entes autónomos que existieran como centrales obreras, sindicatos y obras sociales.
• Derogar la Constitución Nacional y las Constituciones Provinciales.
• Intervenir gobernaciones provinciales y/o municipios que les fueran hostiles.
• Limitar las garantías que aseguran los derechos individuales.
• Gobernar en estado de sitio.

Pero cada dictadura poseerá características particulares, producto de las coyunturas nacionales e internacionales que motivan los levantamientos militares. En el caso que nos ocupa, estará dada por las consecuencias que produjo a la economía y al mercado internacional el quiebre de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929.

La gestación del golpe de Estado

Sectores nacionalistas y conservadores coincidían en que Yrigoyen no era la persona adecuada para superar la crisis económica externa, que parecía no tener fin, y provocaba la caída de las exportaciones, lo que comprometía los ingresos fiscales, la balanza comercial y la de capitales.

Al mismo tiempo en que los intereses latifundistas y los sectores comerciales y financieros entraban en crisis, comenzaba el deterioro de la imagen de Yrigoyen, donde los medios que respondían a los intereses del capital concentrado nacional y a los intereses externos radicados en el país, cumplieron un papel importante en el direccionamiento de la opinión pública en este sentido.

Los problemas presupuestarios provocaron atrasos en el pago de los sueldos a empleados del Estado, policías y militares, produjeron una caída en el consumo que afectó económicamente a comerciantes, pequeños talleres y aquellos asalariados vinculados a estos últimos, restándole apoyos al gobierno radical.

Dentro de las filas de la propia UCR, los antipersonalistas que seguían a Alvear se sumaron a las críticas al presidente, restándole apoyos.

Este clima fue propicio para realizar el golpe de Estado, y los sectores que históricamente se enfrentaron al yrigoyenismo (Liga Republicana, Liga Patriótica), comenzaron a buscar un líder para realizar un levantamiento militar.

Uriburu, quien se había desempeñado como Inspector General del Ejército en el Gobierno de Alvear, cargo con el que se designaba a la máxima autoridad del arma, poseía estrechos vínculos personales con la mayoría de la oficialidad, y también con la elite política tradicional, por lo que parecía el indicado para este cometido.

El 6 de septiembre, en una acción exclusivamente militar, Uriburu avanzó con unos cientos de cadetes del Colegio Militar, desde la guarnición militar de Campo de Mayo a la Casa de Gobierno. La poca resistencia del gobierno a este avance allanó el camino a su éxito. Yrigoyen, que se encontraba con licencia médica viajó a la Ciudad de La Plata en busca de apoyos que no encontró. Renunció, y poco después fue detenido y enviado a la isla Martín García hasta el fin de la dictadura.

Con la llegada de Uriburu a la Casa de Gobierno, el vicepresidente Enrique Martínez renunció.

Ante el éxito obtenido, Uriburu encabezó un Gobierno Provisional.²

Pocos días después, el 10 de septiembre, a solicitud del mismo Uriburu, la Corte Suprema de Justicia convalidó el golpe de Estado legitimando el cargo de presidente en la figura del dictador.

Uriburu en el poder

El gabinete del Gobierno Provisional estaba constituido principalmente por un grupo de Gentleman civiles con experiencia en cargos de gobierno realizadas antes de 1916, durante los gobiernos conservadores.

El principal problema a solucionar era encontrar una solución al debacle económico argentino producido por la baja en la demanda de productos argentinos desde el exterior.

Uriburu comienza aplicando políticas económicas ortodoxas, tendientes a reducir el gasto público, y a medida que el éxito se torna esquivo, profundiza algunas variables como un estricto control de cambios, aranceles aduaneros, etcétera, alejándose de los principios liberales de la economía de las décadas anteriores.³

A finales de septiembre Justo rechaza el cargo de vicepresidente que le ofrece Uriburu y acepta, por poco tiempo, el de Inspector General de Ejército.

Justo, que se había ganado el título de segundo jefe de la revolución, se aleja de las vinculaciones con un poder que va estrechándose y busca integrarse a grupos políticos más amplios, radicales antipersonalistas, dirigentes conservadores, socialistas independientes, mientras afianza su espacio en el sector castrense como líder.

A diferencia de las propuestas reformistas del grupo uriburista, los oficiales del círculo de Justo son hostiles a cualquier reforma autoritaria de las instituciones y a la exclusión de los políticos dispuestos a unirse al proceso revolucionario. Justo, el más hábil dirigente de la derecha argentina de entonces, plantea un tipo de cerrazón de grupo más acorde con la configuración que potencia la cooptación de nuevos integrantes. En las negociaciones con Uriburu, el teniente coronel José María Sarobe, hombre de confianza de Justo y de origen radical, es quien lo representa. También influyen en la decisión las conocidas simpatías radicales de Justo y el hecho de que, si bien es parte de la “otredad”, él sí se encuentra dentro de los canales institucionales del Estado, a través del ejército. En este sentido, Justo tiene una base más sólida para su organización y una fórmula política que permite incorporar actores políticos más heterogéneos y que es, a la vez, más concreta que la planteada por su predecesor. El primero intenta salvaguardar en cierta medida a la Constitución como un elemento más de la fórmula política. Uriburu, por su parte, plantea construir su fórmula política sin emplear este instrumento. Justo intenta utilizar al ejército como base para la construcción de una democracia diferente a la que lleva adelante Yrigoyen desde 1928. José F. Uriburu, al igual que Pedro Pablo Ramírez luego, proponen eliminar la Ley Sáenz Peña y el sistema parlamentario. Si la clase política sostiene un relato que la vincula al origen mismo de las instituciones políticas más destacadas de nuestro país, la eliminación de un sistema parlamentario sería como atacarse a sí mismos. Estos individuos son conscientes de su ineficacia para competir con el radicalismo en un marco de elecciones libres y de la Ley Sáenz Peña. Las propuestas uriburistas van más lejos de lo que los miembros de la clase política están dispuestos a aceptar, al menos públicamente. Por esta razón, el grupo más cercano a Uriburu puede ser considerado como el más extremista entre los que forman parte de la revolución del 6 de septiembre de 1930, y es el que logra quitarse su otredad política transfiriendo al radicalismo esas connotaciones, alejándolo de los canales institucionales democráticos.⁴

La falta de apoyos políticos, la distancia que ponen los sectores profesionalistas del Ejército que nuclea Justo, hacen que el gobierno recurra a la confianza y lealtad de sus propios familiares para ocupar cargos del Estado. Esta situación va aislando progresivamente al Gobierno Provisional sesgando y estrechando su capacidad y mirada política.

José E. Uriburu posiciona al nepotismo, que sorprende a adversarios y a revolucionarios. Su gobierno incluye a numerosas personas de su propia familia, rasgo que suele atribuirse a su origen patricio, de una provincia mediterránea, que no había sido afectada por la modernización de igual manera que las del área litoraleña y pampeana. Uriburu era producto de una aristocracia de servicios en un marco colonial que bregaba por la inserción en el gobierno. El interventor de Córdoba, Carlos Ibarguren, por ejemplo, incorpora a sus dos hijos como secretarios personales. Al no haber fidelizaciones entre las acciones de sus miembros, se buscan acciones recíprocas en espacios no políticos, pero esta situación hace aumentar aún más la cerrazón del grupo en el poder, alejándolo no sólo del resto de la sociedad, sino también del resto de la clase política. Esta endogamia impide la cooptación de nuevos miembros, debilitando aún más la endeble fórmula política del gobierno uriburista. Hacia el interior del ejército pueden vislumbrarse a su vez importantes divisiones: los oficiales nacionalistas parecen ser mayoría sólo en la intimidad del poder, mientras que fuera de este existen oficiales radicales. Estas divisiones pueden calificarse no sólo como radicales / anti radicales, sino también como parte del conflicto entre liberales y nacionalistas. El gabinete de colaboradores cercanos a Uriburu se conforma con individuos pertenecientes a unas pocas familias. Debe ser interpretado como una necesidad de un grupo que sólo puede marcar sus fronteras mediante un fuerte control sobre sus miembros. Con la pérdida de flexibilidad de la organización interna de la clase política comienzan los cuestionamientos de su posición de privilegio. La fórmula política no consigue actuar con mayor efectividad en su rol de árbitro de los diferentes intereses en pugna dentro de la minoría gobernante.⁵

Uriburu gobernó durante 17 meses bajo el imperio del estado de sitio (la suspensión de las garantías individuales), y la ley marcial, que le permitió perseguir y despedir a afiliados y simpatizantes radicales de la administración y de las universidades, y fusilar a anarquistas a quienes encontró culpables de acciones ligadas al sabotaje.

El gobierno provisional de Uriburu parecería promover una revancha social para quienes estuvieron excluidos de la administración estatal durante la gestión de Yrigoyen, pero en sus prácticas va más allá de la desyrigoyenización del Estado. Su gobierno de facto plantea una dictadura cuando instaura la ley marcial y restablece la pena de muerte que había sido abolida por el Congreso en 1921. También se crea una Sección Especial contra el Comunismo, bajo la responsabilidad del coronel Carlos H. Rodríguez. Será dirigida por Leopoldo Lugones (hijo) y combatirá por igual a comunistas, socialistas, opositores civiles y militares. Una de sus primeras y más famosas víctimas es el anarquista Severino Di Giovanni, que fue fusilado, con apenas 29 años de edad, el 10 de febrero de 1931 por ser considerado culpable de falsificar dinero, actuar contra el orden público, robar a mano armada y haber atentado contra la embajada de los Estados Unidos un quinquenio antes […] La policía sofoca huelgas mientras los sindicatos amarillos y los infiltrados limitan la libertad de acción de las organizaciones obreras a la par que cae en desuso la legislación laboral impuesta por Yrigoyen. Estas medidas intentan encauzar un movimiento obrero con el cual los miembros de la clase política no pueden establecer acciones recíprocas. A diferencia de lo que ocurrirá con el peronismo, la minoría gobernante que acompaña a Uriburu no cuenta en su fórmula política con el apoyo de los trabajadores.⁶

Radicalismo

Después del golpe, el radicalismo se sumió en una profunda división de aguas. Por un lado Yrigoyen sería confinado en la isla Martín García. Sus seguidores debieron superar la profunda crisis que implicó la salida por la fuerza del poder, y organizarse en las condiciones más adversas desde la derrota del intento revolucionario de 1905. Por otro lado, Marcelo Torcuato de Alvear desde París saluda al Gobierno Provisional, pero una vez que se encontró en Buenos Aires, ante el pedido de Yrigoyen desde Martín García, de que sus seguidores se agruparan alrededor de Alvear, toma una prudente distancia con el gobierno de facto, y se convierte en el nuevo líder de la UCR.

El 31 de diciembre de 1930 intentan sin éxito un alzamiento en la provincia de Córdoba, que implica a un número significativo de suboficiales del ejército, bomberos y policías. Una denuncia los hace fracasar y son detenidos los dirigentes radicales Amadeo Sabattini, Donato Latella Frías y Humberto Cabral, más un centenar y medio de participantes.

La vigencia del radicalismo fue demostrada en las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hizo que el gobierno comenzara a pensar en la implementación de medidas para impedir el crecimiento de éstos.

La oportunidad llegó de la mano de un intento revolucionario radical encabezado por el teniente coronel Gregorio Pomar, de simpatías yrigoyenistas, quien subleva a un destacamento militar en Corrientes, reducido rápidamente por las autoridades nacionales.

Por este motivo Uriburu detiene a un número significativo de dirigentes radicales, y en septiembre establece la prohibición de que el radicalismo se presente en las elecciones nacionales de noviembre.

Uriburu y Justo

Uriburu creía necesario establecer una reforma electoral que reemplazara a la Ley Sáenz Peña, con el fin de encontrar un sistema de representación que alejara a la nación de la “tiranía” de las mayorías populares, como los yrigoyenistas. Estas ideas, defendidas por el nacionalismo uriburista, se entroncaban con las que había aplicado el fascismo italiano. Para ponerlas en práctica era necesario realizar una reforma constitucional.

Para Uriburu el propósito de la revolución era establecer un mejor sistema de representación y evitar así la tiranía de una “minoría mística” como los caciques yrigoyenistas, de manera que representantes auténticos, de intereses sociales reales puedan actuar dentro del Estado [...] e impedir que el profesionalismo electoral monopolice el gobierno y se imponga entre el gobierno y las fuerzas vivas. Inspirándose en la teoría corporativista de la época, Uriburu, por tanto, sugirió que en el Congreso estuvieran representados los gremios y no los partidos. Él y sus seguidores calificaban esta idea de nacionalismo, ya que, según afirmaban, unificaría y armonizaría las partes constituyentes de la nación. Así pues, los uriburistas hicieron campaña a favor de la reforma constitucional y se concentraron en cambiar el Artículo 37 de la Constitución de 1853: la composición y las funciones de la Cámara de Diputados. Uriburu parecía dispuesto a convocar elecciones y retirarse una vez hubiera llevado a cabo esta reforma. Al menos durante un tiempo albergó la esperanza de transmitir la presidencia no a un fascista sino a Lisandro de la Torre, veterano liberal-conservador que había sido uno de sus camaradas durante la revolución de 1890 y era su amigo desde entonces. Uriburu no logró poner en práctica la reforma constitucional ni preparar su propia sucesión. Sus partidarios eran principalmente abogados y académicos conservadores. Sin embargo, la mayoría del ejército y las fuerzas vivas, los grandes estancieros y comerciantes que dominaban la economía y constituían la principal base civil para la revolución, apoyaban la segunda facción del gobierno provisional. Acaudillada por el general Agustín Pedro Justo, esta facción pretendía crear un partido conservador popular del tipo que Sáenz Peña había concebido en 1912 y que impediría que los yrigoyenistas recobrasen el poder. Sus miembros querían una política económica conservadora que protegiese la economía basada en la exportación y defendiera los vínculos con Gran Bretaña y la Europa occidental. Así pues, la etiqueta que mejor cuadra a la facción es la de liberal-conservadora, y la facción difería de los nacionalistas capitaneados por Uriburu en que se oponía la reforma constitucional y a la representación corporativa, que, al igual que los otros adversarios de Uriburu, veía como potencialmente fascista. En esencia la disputa entre liberales y nacionalistas tenía que ver con la estructura del Estado. Los primeros se oponían al tipo de Estado mediador situado por encima de la sociedad que proponían los teóricos corporativistas. Querían el gobierno de una clase, el gobierno controlado por ellos mismos.⁷

La pugna entre estas dos facciones se tensó aún más cuando el ministro del interior, Sánchez Sorondo llamó a elecciones el 5 de abril de 1931, para cubrir el cargo de gobernador en la provincia de Buenos Aires.

La intención era demostrarle a Justo que el Gobierno Provisional no carecía de apoyo popular, y que crecía la admiración de la sociedad hacia éste.

Las elecciones que fueron ganadas por los radicales, y anuladas por el gobierno, demostraron el fracaso de Uriburu en su política de alejar a la UCR de la preferencia de los electores.

La facción de Justo lo obligó a firmar un decreto que establecía elecciones nacionales en noviembre de 1931, que a su vez tomó el control del Gobierno Provisional.

El camino hacia el poder de la coalición armada por Justo estaba allanado. Sólo faltaba ajustar contra quiénes y cómo competirían, y así retornar a las prácticas electorales más espurias.

La presidencia de Agustín Pedro Justo
(1932-1938)

Modernización y contrastes

“No puede sorprender, por tanto, que los efectos de la Gran Depresión sobre la política y sobre la opinión pública fueran grandes e inmediatos. Desafortunado el gobierno que estaba en el poder durante el cataclismo, ya fuera de derechas, como el del presidente estadounidense Herbert Hoover (1928-1932), o de izquierdas, como los gobiernos laboristas de Gran Bretaña y Australia. El cambio no fue siempre tan inmediato como en América Latina, donde doce países conocieron un cambio de gobierno o de régimen en 1930-1931, diez de ellos a través de un golpe militar. Sin embargo, a mediados de los años treinta eran pocos los Estados donde la política no se hubiera modificado sustancialmente con respecto al período anterior a la Gran Depresión.”

Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX. ⁸

Luego de hacer que el dictador Uriburu se pierda en su propio laberinto, Justo lo llevó de la mano a una salida que, por distintos motivos, ambos buscaban ansiosamente.

Uriburu necesitaba encontrar el camino que lo llevara a salir de la “revolución” lo más indemne posible, porque había puesto en juego su prestigio personal representando los intereses del sector oligárquico, y éstos lo habían abandonado a su suerte.

Justo, el de entrada a una gobernabilidad que restableciera nuevamente los principios republicanos, porque al descalabro económico se le sumaba el descalabro político de un gobierno que carecía de representación, cuyo rumbo errático no ayudaría en el restablecimiento de las relaciones de intercambio previas al crack de 1929.

Pensaba que la restauración de un gobierno similar a los que existieron previos a la vigencia de la Ley Sáenz Peña, poseían una matriz que ya habían demostrado el sostenimiento de una conducta, que en términos políticos y legales, garantizaba y aseguraba lo pactado con países compradores e inversores de la Argentina. El modelo a instaurar, necesariamente, debería restringir y cerrar las puertas de acceso político a los sectores populares y a sus dirigentes, tal como lo hicieron los gobiernos hasta 1916.

Justo, a poco tiempo de andar el Gobierno Provisional, comenzó presurosamente a conversar con todos los sectores políticos, cuyo denominador común era el anti yrigoyenismo que profesaban, con el objeto de convertirse en el líder de una coalición que sirviera a sus fines, si se lograban elecciones nacionales. Sumaba a ella un valor no poco importante en ese momento, que es que había logrado convertirse en el mayor referente del ejército.

Estas alianzas le permitieron fundar un partido político que lo propondría a la cabeza de la fórmula presidencial, cuyo sugestivo nombre, Concordancia, se presentaba en sociedad con la intención de mostrar un cambio de época, ya que desde el mismo nombre del partido político se aludía a las intenciones conciliatorias y superadoras en los intereses políticos y personales enfrentados hasta esa fecha.

Así, Justo comenzó a diseñar una candidatura cuyo camino sería lo suficientemente sinuoso como para no eludir un importante intento por encabezar la fórmula del radicalismo. El paso no era descabellado ya que, detenido y proscrito Yrigoyen, el partido quedaba en manos de Alvear, de quien Justo había sido ministro. Sin embargo, sus intentos fracasaron: por una parte, Alvear desconfiaba de las maniobras de su ex colaborador; por otra, y esto era crucial, las negociaciones para armar una candidatura radical, que contenían imposiciones de Uriburu y guiños de Yrigoyen, iban por carriles que no lo incluían. Justo buscó entonces la división del partido que desde el golpe parecía volver a unirse, como había sucedido en la provincia de Buenos Aires en ocasión de los comicios de abril. En esta empresa tuvo un suceso relativo ya que consiguió el respaldo de varios grupos antipersonalistas, que fueron los primeros en proclamar su candidatura, y hasta logró la adhesión de algunos dirigentes personalistas como el santafesino Ricardo Caballero. Pero sus maniobras sólo culminaron en un éxito total una vez que, utilizando todo su poder dentro del gobierno, hubo logrado el veto de la candidatura de Alvear, lo que llevó a la UCR a decidir la abstención. Con esta medida, tomada por el Comité Nacional a pocos días de los comicios presidenciales de noviembre de 1931, el radicalismo recuperaba uno de los componentes más sentidos de su religión cívica, pero dejaba el campo allanado para la victoria electoral de Justo. La Alianza Civil, formada por socialistas y demócratas progresistas que proclamaron la fórmula Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto, no estaba en condiciones de disputar seriamente la presidencia. Mientras tanto, Justo se aseguró el apoyo de los partidos conservadores provinciales que se habían reunido en el Partido Demócrata Nacional, y también el del Socialista Independiente. De este modo, se transformó en un candidato polifacético: continuador o crítico de la revolución, radical, masón o católico, conservador, nacionalista o liberal, general o ingeniero, todo a medida de la ocasión. Una novedad anticipaba nuevos tiempos: su candidatura obtuvo el apoyo explícito de la cúpula de la Iglesia Católica, alarmada por el público anticlericalismo de los dos componentes de la fórmula de la Alianza. Por el momento, también contó con el apoyo del nacionalismo, cuya crispada voz se dejaba oír desde el periódico La Fronda. Con la ausencia de candidatos de la UCR, Justo ganó los comicios presidenciales de noviembre de 1931 con comodidad.⁹

El vicepresidente de la fórmula debía ser un conservador de “paladar negro” que pusiera de manifiesto y despejara cualquier duda acerca de los intereses políticos, económicos que se pondrían en valor al momento de gobernar.

Con estas intenciones se eligió a Julio Argentino Roca (hijo), abogado, que había abrazado la causa política hacía décadas, y que se había desempeñado desde funcionario hasta legislador. Su nombre poseía una fuerte carga simbólica para los integrantes de la coalición, ya que su padre, Julio Argentino Roca, fue general del ejército y el primer presidente representante de los intereses oligárquicos exportadores a partir de 1880.

La fórmula presidencial quedaba constituida por un candidato de origen militar, institución que gozaba de prestigio en esos años, y el representante político de los intereses conservadores. No quedaban dudas acerca de la defensa de los intereses a los que responderían una vez en el gobierno.

Pese a que no existía una oposición que pudiera disputarle el triunfo, como en los mejores tiempos de los gobiernos conservadores volvieron a aplicarse las mismas prácticas fraudulentas para asegurar el resultado de la elección.

La etapa abierta por Pedro A. Justo y Julio A. Roca, y que con distintos matices se mantendría hasta casi 1943, estarían dadas por:

• Características autoritarias similares a las inauguradas por Uriburu; desatendería la cuestión social signada por la desocupación y la falta de políticas oficiales tendientes a mejorar la situación de los sectores populares.
• Se apoyaría en el fraude electoral para mantenerse en el poder, y en el uso de la violencia institucional en caso de ser necesario.
• Subsidiaría a grandes sectores oligárquicos con el objeto de asegurar su rentabilidad.
• Se desarrollaría una corrupción que, para algunos políticos y la opinión pública en general, se tornaba escandalosa.
• Intervendría profundamente en la economía, de acuerdo a la tendencia mundial, con el objeto de revertir las consecuencias de la crisis del mercado internacional.

Los años de Justo

“—¿No fue determinante el impacto de la crisis internacional del 30?

—Sí.

—En su libro [N. del A.: La Argentina y la tormenta del mundo: ideas e ideologías entre 1930 y 1945] sin embargo, no aparece con fuerza.

—Es determinante en la medida en que es vivida por un país que no tiene un gobierno aceptado como legítimo por todos. Eso es lo que hace que la política económica seguida en esa década, que no es tan original como sugiere Raúl Prebisch ni tan anómala como sugieren sus enemigos, sea considerada una política criminal. Lo cual es absurdo, evidentemente.

—¿Criminal por los negociados o intrínsecamente criminal?

—Intrínsecamente. Es una política al servicio de un sector muy chico de la sociedad y sacrifica a todos los demás. Empiezan criticándola cuando las cosas van mal y deben seguir criticándola cuando las cosas van mejor. Por eso la crítica se hace cada vez más moral.”

Martín Granovsky y Tulio Halperín Donghi (2003)¹⁰

Durante 1932 la crisis económica parecía no tener fin. El gobierno no lograba encontrar un piso en la caída económica que permitiera estabilizarla. Además, Inglaterra anunciaba que se retiraba como comprador de los productos argentinos (paulatinamente), a partir de un acuerdo con sus propias colonias nucleadas en el Commonwealth. El gobierno envió una delegación encabezada por el vicepresidente a Reino Unido y logró un pacto comercial con ese país, conocido como Pacto Roca-Runciman, que aunque lisa y llanamente la Argentina reconocía y aceptaba un tratado que vulneraba los intereses soberanos en el mantenimiento de la compra por parte de Inglaterra, de una cuota constante de carne vacuna enfriada por tres años consecutivos, fue anunciado y celebrado por el gobierno como un gran éxito.¹¹

La oposición demandó explicaciones, que oficialmente nunca llegaron, y ante la corrupción que realizaban los frigoríficos ingleses beneficiados por el pacto.

Una denuncia del senador santafesino demócrata-progresista, Lisandro de la Torre, apoyada por documentos, demostraba que tres frigoríficos ingleses y uno norteamericano realizaban una contabilidad paralela para ocultar sus verdaderos beneficios económicos. Acusaba al gobierno de convivencia por no ejercer los controles correspondientes, y de cómplices al sector ganadero exportador.

El tema adquirió tal repercusión, que los ministros de Hacienda y Agricultura se tuvieron que presentar a una interpelación en el Senado de la Nación.

Las denuncias de las ventajas obtenidas por el ministro de Agricultura Luis Duhau, un rico invernador, cuestionaron al gobierno de Justo dando más resonancia al debate. En buena medida, como advierte Tulio Halperín Donghi, estas derivaciones opacaron el tema del debate: el comercio de las carnes y el vínculo anglo-argentino. El debate culminó en un hecho dramático y luctuoso. En la sesión del 23 de julio, el senador demócrata progresista Enzo Bordabehere fue asesinado por un ex policía y militante conservador, que aparentemente se proponía silenciar a De la Torre.¹²

El disparo recibido por Bordabehere, y destinado a De la Torre, aparte de demostrar que no existían garantías de ningún tipo para nadie y en ningún espacio, era tomado como un mensaje destinado a silenciar a toda la oposición.

Para poner distancia con la gravedad de la denuncia y el escándalo que significaba el asesinato del futuro senador, el gobierno decidió prescindir de los servicios de sus ministros de Hacienda, Federico Pinedo, y de Agricultura, Luis Duhau.

Este suceso demostraba la convivencia política con los hechos de corrupción de la época, donde muchos de estos actos se realizaban a espaldas de la ciudadanía, básicamente al momento de la aprobación parlamentaria.

Destacaremos sólo dos de los grandes negociados que tomaron estado público, con el fin de ilustrar esta situación:

• La Compañía Argentina de Electricidad, que abastecía a la Capital Federal con su servicio cuya concesión vencía en 1936, sobornó a muchos concejales del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de aprobar su continuidad en el servicio.
• La compra de tierras en la localidad de El Palomar con el objeto de ampliar las instalaciones del Colegio Militar. Un intermediario vendió al Estado Nacional las tierras a $1,10 el m², cuando habían sido compradas a $0,65 el m². El orden realizado en la escrituración simultánea demostraba la corrupción. Primero firmó la posesión el Estado, pagando el predio, y, en segundo lugar, el intermediario, que con el dinero obtenido pagaba a las auténticas dueñas del predio. El orden de la operación, donde el Estado pagaba a un tercero que no era dueño del predio, y simultáneamente éste escrituraba a su favor para dar legalidad al hecho, demostraba el grado de impunidad con que se realizaban los actos corruptos.

La oposición política

El radicalismo se convirtió en la primera fuerza opositora, y Marcelo Torcuato de Alvear en su líder indiscutido. Pero el radicalismo practicó la abstención a los comicios hasta 1935, lo que supuso un serio debate por esta posición dentro de sus filas, haciendo que muchos afiliados, sobre todo los yrigoyenistas, formaran otras agrupaciones.

Es el caso de FORJA fundada por los jóvenes Arturo Jauretche, Homero Manzi, Oscar y Guillermo Meana, Luis Dellepiane, Gabriel del Mazo, Atilio García Mellid, Jorge Del Río, Darío Alessandro y Raúl Scalabrini Ortiz, que realizaron investigaciones y denuncias sobre el neocolonialismo que Inglaterra ejercía sobre la Argentina, con el beneplácito de las clases dirigentes oficialistas.

Muchos de estos integrantes se habían levantado en armas contra el gobierno de Justo, a finales de 1933, sin tener éxito en su empresa.

Otra fuerza importante que mantuvo su oposición al régimen fueron los demócratas progresistas nucleados y liderados por Lisandro de la Torre, que fustigaron al gobierno con sus denuncias públicas, tal como vimos en el tratamiento sobre la corrupción en la exportación de las carnes.

A lo largo de la década de 1930, los trabajadores nucleados en sindicatos, también se convierten en un polo opositor al gobierno, organizando paros y huelgas para hacer oír sus reclamos. La importancia de este sector, y el de las organizaciones que componían merecen un capítulo aparte en esta misma edición.

Conclusiones

Las contradicciones de las políticas, económicas y sociales son tan contrastantes y profundas, que se debieron tratar por separado en esta edición.

Por un lado los gobernantes se declaraban liberales, pero intervenían la economía para superar la crisis y direccionarla a sus fines.

Defendían una parte del sector agroexportador primario como el único camino de desarrollo económico, pero sus medidas alentaban indirectamente la industrialización del país.

Priorizaban las históricas relaciones con Gran Bretaña, pero necesitaban encontrar acuerdos con EE.UU. que les permitieran abastecer al país de las necesarias manufacturas modernas que éste producía.

Modernizaban la infraestructura del país desde una lógica urbana, bajo la importación de modelos como el aplicado por la Dirección Nacional de Vialidad que construyó rutas y servicios para el tránsito automotor, basado en el modelo norteamericano.

Mantuvieron los objetivos económicos por encima de los políticos, acallando por la fuerza todos los posibles debates.

Los cambios introducidos en esta época, se profundizarán a partir de 1943, cuando otros actores políticos arriben al gobierno, y planteen un proyecto industrialista basado en la sanción de nuevos derechos sociales y laborales que permitirán la distribución de la riqueza.

La presidencia de Roberto Marcelo Ortiz

La Coalición Conservadora comienza a crujir

“Para los comicios presidenciales de 1937, Justo eligió como candidato de la Concordancia a Roberto M. Ortiz, quien pertenecía a la UCR antipersonalista, mientras que, como candidato a vicepresidente por imposición de los conservadores, fue nominado el ex ministro del Interior de Justo, Ramón S. Castillo. Por otra parte, los mandos del Ejército aún mantenían su lealtad al Presidente. Con este apoyo y con la designación de un político como Ortiz, carente de base propias, Justo procuraba garantizar su reelección en 1943.”

Mario Rapoport (2017)¹³