Portada
Página de título
Dedicatoria
Epígrafe
Prólogo
1. La Primavera mexicana
El fenómeno amlo
La transición light
Un contexto adverso
Maldita vecindad
2. La honrosa medianía
La mafia del poder
El pueblo bueno
El rescate de lo público
La utopía conservadora
3. La república plebeya
Estado y mercado
Los olvidados
El eclipse de las élites
4. Más Estado, menos instituciones
Del movimiento al partido
El Gran Legislador
Al diablo con sus instituciones (liberales)
¿El fin de la guerra o la guerra sin fin?
5. Primero los pobres
Trabajo, Familia, Patria
El ciudadano-derechohabiente
El conflicto social
Igualdad sin emancipación
6. La Cuarta Transformación
La historia maestra de la vida
Tres antes de la Cuarta
¿Cambiar para seguir igual?
7. La política del siglo XXI
La rebelión de los excluidos
Populismo
La derecha posfascista
La izquierda en su laberinto
Datos del autor
Página de créditos
Carlos Illades (1959) es doctor en Historia por El Colegio de México, profesor titular en el Departamento de Humanidades de la UAM-Cuajimalpa, investigador nacional nivel 3 del SNI, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y profesor distinguido de la uam. Ha recibido varios premios, entre otros, el Premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor, entre otros títulos, de Hacia la república del trabajo: El mutualismo artesanal del siglo XIX, Las otras ideas. Estudio sobre el primer socialismo en México, 1850-1935, Conflicto, dominación y violencia. Capítulos de historia social (traducido al inglés), El marxismo en México. Una historia intelectual, En los márgenes. Rhodakanaty en México, La inteligencia rebelde. La izquierda en el debate público en México, 1968-1989 y El futuro es nuestro. Historia de la izquierda en México, estos dos últimos publicados por Océano.
VUELTA A LA IZQUIERDA
La Cuarta Transformación en México:
Del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría
© 2019, Carlos Illades
Diseño de portada: Music for Chameleons / Jorge Garnica
Fotografía de Carlos Illades: cortesía del autor
D. R. © 2020, Editorial Océano de México, S.A. de C.V.
Homero 1500 - 402, Col. Polanco
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Primera edición en libro electrónico: enero, 2020
eISBN: 978-607-557-119-5
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o trasmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo y por escrito del editor.
Libro convertido a ePub por Capture, S. A. de C. V.
Para Esteban
Lo mismo que un arquitecto antes de levantar un gran edificio observa y sondea el terreno para ver si puede soportar el peso de aquél, así el sabio legislador no comienza por redactar buenas leyes en sí mismas, sino que antes examina si el pueblo al cual las destina está preparado para recibirlas.
ROUSSEAU
El 1 de julio de 2018 ocurrió lo que parecía imposible seis u once años atrás: Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República. La oferta que sedujo a jóvenes y viejos, a clases populares y medias, al sur, el norte y el centro del país fue “un cambio verdadero”, cambio que ofrecieron otras fórmulas opositoras sin despertar ningún entusiasmo en el electorado. En el primer aniversario de la elección, el presidente tabasqueño confirmó a La Jornada que la transformación anunciada estaba en marcha: “No es el mismo gobierno, la misma política económica, no fue un simple cambio de gobierno; es un cambio de régimen”. “El periodo neoliberal”, abolido por decreto en marzo de 2019 por el jefe del Ejecutivo entre vítores y aplausos de los asistentes al Foro Nacional “Planeando Juntos la Transformación de México”, era historia pasada.
No debemos confundir, sin embargo, los buenos deseos con los hechos, como tampoco minimizar el significado de la victoria de López Obrador. Transformar un régimen fundado hace noventa años, o desterrar el neoliberalismo implantado en el país en la década de los ochenta del siglo XX, no es algo que pueda hacerse en pocos meses, ni es posible cancelarlo en un acto proselitista. Si fuera así, muchos gobiernos copiarían el procedimiento. Las bases corporativas y clientelares del régimen de la Revolución mexicana permanecen todavía en pie, y el capitalismo desregulado (neoliberal) domina la economía mundial de manera tan abrumadora que un solo país, con mayor razón si es periférico, está imposibilitado para sustraerse por sí mismo de sus reglas, a lo más está en condición de reducir los costos y obtener algunos beneficios en caso de saber emplearlas. Esto no equivale a afirmar que nada puede hacerse o que el proyecto del nuevo gobierno está condenado de antemano al fracaso. Por el contrario, la legitimidad obtenida por López Obrador en las urnas lo coloca en una condición privilegiada para emprender reformas profundas e indispensables para mejorar las condiciones de vida de las mayorías, atajar la descomposición que corroe a México y orientarlo en una dirección viable.
Estamos ciertos que el índice del presidente tabasqueño apunta hacia problemas genuinos (corrupción, desigualdad, inseguridad, injusticia, pobreza, debilidad estatal, falta de inversión pública, etcétera). La discrepancia estriba en aceptar que las soluciones que plantea sean las adecuadas. ¿Queremos un Estado más grande y poderoso? Depende en qué: si es para proteger a los ciudadanos y controlar el territorio cedido al crimen, ofrecer servicios básicos dignos, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, redistribuir el ingreso, permitir la autonomía de la sociedad civil (comunidades, asociaciones, sindicatos), imponer una fiscalidad justa que beneficie la equidad, conservar el ambiente, administrar las empresas estratégicas, preservar la soberanía nacional y ofrecer las condiciones para el ejercicio de las libertades fundamentales y de una democracia sustantiva, no dudamos en decir que sí. Pero si es para que el Estado irrumpa en la vida privada, sustituya la función económica de las empresas particulares y de capital social, limite libertades, mengüe su laicidad, socave tanto las instituciones como la división de poderes y los órdenes de gobierno, desatienda renglones que no considere prioritarios (cultura, ciencia, artes, ambiente, deporte) en aras de una austeridad mal entendida, la respuesta es un rotundo no.
Hasta el momento el gobierno de López Obrador es de claroscuros. Tiene en su haber el incremento sustancial de los salarios mínimos, la promulgación de una reforma laboral que mejora las condiciones de negociación de los trabajadores y permite la libre afiliación sindical, programas sociales que atienden a segmentos considerables de la población desvalida y el combate al robo de combustible. El déficit está en la seguridad, el anacronismo de su proyecto económico, el debilitamiento de las condiciones de operación técnicas y financieras de la administración pública, y la merma de los contrapesos al poder presidencial. Aunque es una obviedad, no está de más repetir que el indispensable fortalecimiento del poder público no equivale a reforzar el presidencialismo, ni la recuperación de la rectoría estatal deberá ocurrir en desmedro de la sociedad civil. Antes bien, lo deseable sería apuntalar aquél con la intervención activa, libre e informada de una sociedad civil democrática, robusta y exigente. Eso llevará tiempo, implica desmontar estructuras de dominación, cooptación y control fuertemente acendradas en la sociedad y Estado mexicanos. Y no sabemos si el gobierno obradorista pretenda hacerlo, o busque servirse de un sistema caduco para instrumentar su proyecto y consolidar una nueva hegemonía política.
La oportunidad de transformar el país existe, López Obrador la tiene mucho más a la mano que las administraciones de la alternancia precedentes —si es que éstas acaso se lo plantearon. La exigencia de hacerlo también es grande, de acuerdo con el mandato electoral de 2018. La urgencia de llevarlo a cabo es evidente, como muestran los sucesos diarios de lo ocurrido en territorio nacional. Los costos de no hacerlo serían elevadísimos, para el país y para la izquierda como fuerza política que, después de mucho tiempo, varios intentos y múltiples bloqueos del poder financiero y político, logró gobernar.
A los tres meses de la gestión del presidente tabasqueño su popularidad alcanzó la cresta de la curva, pero a los siete había descendido 11 puntos porcentuales su nivel de aprobación. Si bien las bases partidarias y los sectores populares mantienen su lealtad a López Obrador, ponderando la confianza en el líder por encima de la calificación de sus políticas, parte de las clases medias que votaron por él ante la falta de opciones ofrecidas por la derecha muestran la desaprobación respecto de varias políticas de la nueva administración, sobre todo en economía y algunas en materia social (por ejemplo, la cancelación de recursos para las estancias infantiles). No obstante, la popularidad del presidente tabasqueño se mantiene bastante elevada, dado que dos tercios de la población lo apoyan todavía.
Lamentablemente, la primavera no dura todo el año, menos un sexenio entero. Y la premura con que López Obrador comprometió los recursos públicos le redujo apreciablemente el margen de maniobra económica en unos cuantos meses y agotó su oferta social demasiado pronto. Sostenerla implicará sacrificar todavía más los rubros objeto de elevados recortes (salud, ciencia, medio ambiente, educación y cultura) o realizar una reforma fiscal que aumente las contribuciones de las clases medias y altas, además de gravar la economía informal. Esto permitiría una mayor recaudación, a la vez que redundaría en la disminución de la popularidad presidencial y podría detonar la confrontación de López Obrador con el gran capital, escéptico de por sí con su manejo económico, y propiciaría la desafección de nuevos segmentos de la clase media hacia la Cuarta Transformación. En consecuencia, el presidente tabasqueño concentraría la adhesión a su proyecto en los beneficiarios de los programas sociales y en las bases morenistas, tal vez suficientes para gobernar, si bien en minoría.
López Obrador ha dicho que quiere llevar a cabo vertiginosamente la Cuarta Transformación para atajar la posibilidad de que sus adversarios “conservadores” la reviertan. A menos que tenga razones fundadas para contemplar la eventualidad de no concluir el mandato, el presidente tabasqueño plantea mal el problema y postula una solución inadecuada. La durabilidad y consistencia de las políticas sociales no dependen de su pronta ejecución, peor si ésta se efectúa de manera defectuosa o sin fondos suficientes y renovables. Ambas están vinculadas con la institucionalización de estas políticas, lo que pone en juego la configuración de un Estado social o de bienestar, sustentado en un consenso social amplio, que funcione con independencia de los partidos que gobiernen y sea lo más neutro e impersonal posible.
Si algo han mostrado la ruptura del consenso neoliberal y la emergencia de los llamados populismos y de la derecha posfascista, es la insatisfacción con el statu quo de las masas populares y de las clases medias amenazadas con descender en la escala social. Mientras el discurso liberal habla de inclusión en todos los ámbitos, el capitalismo desregulado produce sistemáticamente grandes contingentes de excluidos y de trabajadores precarios, ejércitos de desocupados o subempleados de los que recurrentemente se alimenta la economía criminal. López Obrador hace muy bien en ofrecer oportunidades para que los jóvenes en situación de vulnerabilidad no sean absorbidos por la empresa criminal, pero mejor haría asegurando derechos, condiciones e instituciones eficientes que permitieran a estos jóvenes, a los indígenas, y a los adultos mayores y madres solteras que también ocupan su atención, llevar una vida digna. El presidente tabasqueño, dado el fuerte consenso que lo respalda, está en condiciones de hacerlo, lo que no sabemos es si la opción enunciada esté siquiera en su horizonte.
El mapamundi político contemporáneo registra el ascenso de las derechas radicales y la merma de las izquierdas emergentes. Syriza (Grecia) y Podemos (España) desdoblaron la expectativa de los jóvenes, un tanto menos dentro de la vieja izquierda, porque parecía que estas fuerzas políticas habían superado el trauma de la derrota histórica con la que cerró la izquierda el siglo pasado, ofreciendo un programa renovado. Lo que observamos actualmente es el retorno de los partidos tradicionales en aquellos países, a la derecha y la izquierda, respectivamente, y las ilusiones perdidas de quienes consideraron que los partidos presididos por Alexis Tsipras y Pablo Iglesias representaban una alternativa creíble a la globalización neoliberal. Los llamados progresismos o populismos latinoamericanos están en retirada y acusan el descrédito. El gobierno de López Obrador corre a contramano de la tendencia global de la izquierda hacia la baja, combinado con el ascenso de las derechas radicales en Estados Unidos, Brasil, Italia y Francia, en menor medida en España y Alemania, además de gobiernos autoritarios en Hungría, Filipinas, India, Turquía y Rusia, entre reiterados ejemplos en distintas geografías, genéricamente denominados populistas, pero con diferencias significativas que ameritan una conceptualización más fina. El eventual fracaso de la autodenominada Cuarta Transformación conllevaría el peligro de que brotaran en México estas derechas, que han permanecido inexistentes o imperceptibles hasta ahora. No es un pronóstico, es una posibilidad.
Emplazado en la izquierda, este volumen somete al escrutinio de la historia del presente el proceso que condujo a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, las decisiones y políticas más importantes desarrolladas hasta ahora, los presupuestos de las decisiones del presidente tabasqueño, las fuentes a ratos decimonónicas de su ideología y el estilo populista de su forma de gobernar, los énfasis de la administración obradorista y su percepción del conflicto social, la genealogía histórica en la que se inscribe la Cuarta Transformación, y las oportunidades y limitaciones de un gobierno de izquierda en el mundo actual. El libro pretende realizar una crítica constructiva y documentada de un proceso en curso y, por tanto, enmendable o perfectible, según desde donde queramos evaluarlo. Considero que hay muchas cosas en juego para el futuro del país en estos años, desencadenadas por un cambio de orientación en la gestión de lo público que muchos juzgamos necesario e inaplazable. No quise dejar pasar la oportunidad de compartir mi reflexión con los lectores, sin ánimo de convencerlos, antes bien con el propósito de contribuir a que elaboren sus propias conclusiones.
Chapultepec, diciembre de 2019
Acostumbrado a hablarle de tú a la posteridad, José López Portillo se consideró el “último presidente de la Revolución”. Lo dicho a Proceso en 1992 sonó al epitafio del régimen instituido por la lucha armada. Su sucesor, Miguel de la Madrid, giró el timón hacia la globalización, decidiendo la “disputa por la nación” en favor del proyecto neoliberal. Las políticas de ajuste económico —traducidas en rebajas salariales, despidos, austeridad y desempleo—, la ineptitud y corrupción gubernamental desnudadas por el terremoto de 1985, el crack bursátil un par de años adelante y la designación del sucesor del presidente de la “renovación moral” complicaron extremadamente el relevo presidencial de 1988. Con un fraude electoral, soslayado por los medios informativos y la intelligentsia liberal, Carlos Salinas de Gortari llegó al poder e implementó la primera generación de las reformas estructurales —desregulación económica, privatización de las empresas públicas, apertura a la inversión extranjera en industrias estratégicas—, cerrando su gestión con la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), asesinatos políticos no esclarecidos y una rebelión indígena en Chiapas. A escasos días de haber dejado la presidencia, Salinas de Gortari responsabilizó a Ernesto Zedillo Ponce de León del “error de diciembre”, frase recordada de este presidente que también se tuteaba con la historia.
La alternancia política llegó en 2000, por la derecha. Las administraciones del Partido Acción Nacional (PAN) fueron incapaces, o carecieron de voluntad, para transformar el régimen político y contender con los problemas sociales derivados o acrecentados por la globalización. Aparte del “bono democrático”, Vicente Fox dispuso de las mejores condiciones en mucho tiempo para el despegue económico del país —petróleo a más de 100 dólares el barril, las remesas de los migrantes en máximos históricos y los ingresos por turismo también considerablemente elevados— y no hizo más que dilapidarlos, incrementando el volumen y los salarios de la alta burocracia, repartiendo dinero a los opacos gobiernos de los estados, amén de dejar intacto el régimen priísta pese a las bravuconadas que hacía pasar por ideas en el olvidable sexenio “del cambio”. Felipe Calderón, tan pronto se sentó en la silla que conquistó con tantas dificultades y el escepticismo de un tercio de la ciudadanía, embarcó al país en una guerra perdida de antemano, multiplicando la violencia a los niveles de hacía un siglo. México, que en 2000 disputaba con Brasil y Corea del Sur el noveno lugar de la economía mundial, cedió terreno frente a las potencias emergentes ubicándose en decimocuarto sitio al final del ciclo panista.
Enrique Peña Nieto ganó la presidencia cobijado por su partido, la televisión privada y la Iglesia. A diferencia de su belicoso antecesor, el exgobernador mexiquense concertó un pacto. Los interlocutores políticos del golden boy de Atlacomulco fueron las desprestigiadas dirigencias del PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes afianzaron sus posiciones partidarias respaldadas por Los Pinos. La guerra contra el crimen organizado dejó de ser el eje del discurso público, concentrándose la administración priísta en la nueva generación de reformas estructurales —energética, educativa, de telecomunicaciones y fiscal—, negociadas expeditamente con aquellos partidos, pero sin un consenso social suficiente. Esto haría movilizarse por el resto del sexenio al magisterio aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y, por oponerse públicamente a ella, costaría la cárcel a la lideresa del gremio Elba Esther Gordillo bajo los endebles cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. En su segundo informe a la nación, Peña Nieto anunció la obra magna de su sexenio, el aeropuerto en el lecho del lago de Texcoco. Pocas voces de los medios informativos cuestionaron la viabilidad técnica de la obra, su costo desmesurado y menos aún repararon en el posible daño ecológico o en el parecer de las comunidades afectadas. Si el TLCAN fue el pasaje de México al primer mundo, un aeropuerto de “clase mundial” consumaba para las élites nacionales la fantasía de haber llegado a él.
Todo marchaba sobre ruedas en el sexenio que se propuso “mover a México”, cuando a 200 kilómetros de la capital el crimen organizado, en colusión con las fuerzas policiales, y ante la mirada impávida si no es que cómplice del ejército, “desapareció” a 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, de paso por Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Como pólvora, el acontecimiento se difundió en las redes sociales y la noticia circuló por todo el globo. A apenas un mes del acontecimiento, una investigación periodística reveló el tráfico de influencias que permitió a la pareja presidencial hacerse de una lujosa casa en las Lomas de Chapultepec. Por añadidura, a la mitad de la gestión peñista se hicieron públicas las abultadas y súbitas fortunas de varios gobernadores pertenecientes a su partido, que superaban con creces a las de sus abusivos antecesores. Peña Nieto, más una construcción mediática que un político con credenciales, no resistió el vendaval, pese a haber ganado la imagen de negociador con el Pacto por México, además de silenciar la guerra y la corrupción, así como camuflar su incompetencia. Odebrecht, el caso de corrupción que estremeció a la clase política del continente americano, no capturó a ningún pez gordo mexicano en las aguas turbias de la impunidad.
En este contexto, la promesa de encarcelar a los gobernadores salientes se convirtió en eslogan de las campañas en la elección intermedia de 2015, e incluso en un arrebato efectista el candidato de Acción Nacional a la presidencia de la República ofreció en 2018 poner tras las rejas a Peña Nieto. El crecimiento económico promedio del sexenio peñista fue de 2.5% anual, si bien mayor que el paupérrimo 1.39% de la administración de Calderón, pero de todos modos muy por debajo no sólo de las necesidades del país, sino de las expectativas producidas por las reformas estructurales. También, pero para mal, el gobierno priísta rebasó los índices de violencia de la segunda administración del PAN. Al final del mandato del presidente mexiquense, el país había descendido dos escalones del ranking de la economía mundial, situándose en el lugar 16. Y, en el Índice Global de Percepción de la Corrupción, México se instaló en el lugar 135, al lado de Honduras y Paraguay.
Mientras que el descontento respecto del statu quo se cebó en la alternancia misma, la cual no respondió a las expectativas de cambio acendradas en la sociedad, el punto de quiebre, de no retorno, fue Ayotzinapa. La Noche de Iguala demolió la narrativa oficial de que México avanzaba sin trabas hacia una nueva fase de la modernización, tras agotarse el impulso de la primera batería de reformas neoliberales. Antes bien, salieron a la luz los vínculos de la clase política con el submundo criminal y un Estado disfuncional, autoritario, corrupto, inobservante de los derechos humanos e insensible con las víctimas de la violencia: del otrora Ogro filantrópico solamente quedaba su cara más desagradable. La protesta pública en los siguientes tres meses fue continua e interclasista, reuniendo a personas y grupos de procedencia diversa, pero que identificaban unívocamente al Estado como responsable de la desaparición de los estudiantes. Para algunos jóvenes de escuelas públicas y privadas las movilizaciones por Ayotzinapa significaron su socialización política. Algo así como lo fue el terremoto de 1985 para la generación de sus padres.
Cuando arreció la protesta pública contra las reformas estructurales y por la presentación con vida de los estudiantes normalistas, Andrés Manuel López Obrador estaba en una magnífica posición para capturar el descontento con el descarrilamiento de la transición democrática por parte de Fox, la guerra insensata de Calderón y el desvergonzado saqueo de las arcas nacionales a manos del “nuevo PRI”.
Emmanuel Macron, Mauricio Macri o Vicente Fox son la personificación del Homo economicus. Con una visión gerencial de la función pública, asumen que el Estado está al servicio del mercado, que el hombre mismo está atado a fines económicos y, en consecuencia, es sacrificable a ellos, que los trabajadores son “capital humano”, esto es, no son sujetos sino cosas. Por su parte, Lula, José Mujica y López Obrador encarnan la figura antitética del Homo politicus, que subordina la economía a la política, pondera el bien común sobre el beneficio individual y que justo ve en la promoción de aquél el cometido del Estado. En esto, y contra su idea de sí, el tabasqueño es más republicano que liberal. Y, también por lo mismo, su biografía no puede ser sino política.
López Obrador realizó una discreta formación profesional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, donde se tituló en 1987 como licenciado en Ciencia Política con la tesis Proceso de formación del Estado nacional en México, 1824-1867. El joven de Macuspana no hizo carrera en el sector privado; temprano se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su trayectoria en el sector público estuvo siempre ligada a la política social, permitiéndole un contacto continuo con las clases populares: colaboró en la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados; fue delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista; presidió un breve tiempo el comité ejecutivo estatal del PRI —desde donde pugnó por transparentar el manejo presupuestal de las alcaldías—; y fue director de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor. La taxonomía política no alcanzaba desde entonces: los priístas lo consideraban comunista, y los comunistas quinta columna del PRI. Adversario de la tecnocracia neoliberal, López Obrador participó en la Corriente Democrática del PRI —encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo— y el Frente Democrático Nacional, y fue miembro fundador y presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en su estado natal.
La elección para gobernador en Tabasco (1994) catapultó a López Obrador a la política nacional, posición que afianzó con la dirección del PRD (1996-1999) y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). El político de Macuspana capitalizó las políticas sociales de la administración capitalina como nexos clientelares con los beneficiarios, de manera tal que, con la base conformada en la Ciudad de México más la que poseía en Tabasco, emprendió la formación de una estructura política nacional paralela a la del PRD, aunque no antagónica, con miras a la elección constitucional de 2006. Por eso, cuando rompió con el Sol Azteca seis años adelante, López Obrador contaba con una organización nacional detrás de él. Para 2018, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), su partido, quedó como la fuerza indisputada de la izquierda dada la debilidad del neozapatismo, de un PRD que lo único que conserva son las siglas y la incapacidad de los movimientos sociales de conformar organizaciones políticas emergentes.
Las sucesivas candidaturas presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas mantuvieron una votación absoluta estable (alrededor de 6 millones de votos), pero en términos relativos fueron a la baja —31.12%, en 1988; 17.07%, en 1994; 17%, en 2000—, lo cual sugiere la ineptitud del ingeniero para captar nuevos electores. En tanto que López Obrador incrementó su votación en las tres elecciones (15, 16 y 30 millones, respectivamente) —36.11%, en 2006; 31.7%, en 2012; 53% en 2018—, mostrando justo lo contrario. Pero no únicamente el político tabasqueño ensanchó su base electoral, también mejoró la distribución geográfica de sus simpatizantes. De las 16 entidades federativas en que ganó el candidato perredista en 2006, solamente tres pertenecen al norte y occidente del país (Baja California Sur, Zacatecas y Nayarit). Salvo Puebla y Yucatán, el centro y el sur fueron para López Obrador. Igual ocurrió en 2012, cuando el candidato tabasqueño cosechó más del 50% de la votación en la Ciudad de México, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Para 2018 el político de Macuspana fortaleció su bastión del sur, ganó posiciones en el Bajío, duplicó en el norte su intención de voto respecto de 2012 y conquistó también las preferencias de los millennials, con lo que rompió su techo histórico del 36% y triunfó en 30 entidades y en la Ciudad de México.
El salto en las preferencias electorales puede explicarse por que López Obrador monopolizó la posición de outsider en un contexto en que el 85% de los electores estaban en favor del cambio. La imagen del tabasqueño englobó sus atributos y las expectativas de los electores. Era más que sí mismo, lo rebasaba. El Pacto por México permitió a López Obrador colocarse como el opositor legítimo del statu quo. De esta manera, el rechazo social a las reformas estructurales, los escándalos de corrupción, la crisis de los derechos humanos, el colapso de las políticas de seguridad y el magro crecimiento económico peñista, pudo aprovecharlo quien ejercía la oposición más visible y articulada al régimen. Asimismo, eventos puntuales como el gasolinazo de principios de 2017 acabaron por hundir la popularidad de Peña Nieto, que en esas fechas acumulaba un rechazo del 79%, con tan sólo un 17% de aprobación ciudadana.
Sin ser gran orador y menos buen polemista, López Obrador posee un discurso sencillo y coherente que encaja con la realidad cotidiana de cientos de miles de personas. Es directo, persuasivo, identifica claramente a los adversarios, llega a los lugares olvidados del país y habla a quienes no cuentan para el establishment político. En una época pretendidamente posideológica, el planteamiento obradorista se asienta en un conjunto de premisas reconocibles dentro del universo conceptual de la izquierda nacionalista: la justicia social, el Estado intervencionista y redistribuidor, el pueblo como objeto de las políticas públicas y soporte del régimen, el fortalecimiento de la nación (unitaria) frente al imperialismo estadunidense (redivivo con la grotesca figura de Trump), la educación como mecanismo óptimo de la movilidad social, un presidencialismo benévolo, más la convicción de las nuevas izquierdas según la cual el cáncer de la democracia contemporánea es la fusión de la política con el dinero —en nuestro caso habría que sumar la economía criminal—, la cual habría minado los espacios de deliberación pública y reducido la representación política al simple juego de los intereses privados.
La base social histórica de la izquierda socialista (la clase obrera) se redujo a nivel global, por tanto, requiere de coaliciones más allá de ella para triunfar en sus respectivos países. En la elección de 2018, incluso se frustró que la izquierda mexicana llegara unida a la elección: el PRD optó por ser el socio minoritario del frente de la derecha y el neozapatismo prefirió ir por cuenta propia con la candidatura indígena, retrayéndose del proceso electoral después de no obtener el registro en la boleta del 1 de julio. Clausurada esta coalición “natural”, López Obrador buscó el centro y fue a la caza del voto conservador; adoptó una política de alianzas muy pragmática, sumando corrientes de otros colores, incluso retardatarias, y líderes sindicales cuestionados.
Aparte del conservadurismo del político tabasqueño en lo referente a los derechos de las minorías —conservadurismo, eso sí, respetuoso de las libertades individuales y de la preservación de los derechos en