Veinte años han pasado del ingreso en el nuevo siglo y el nuevo milenio. Lejos de las imágenes y esperanzas de prosperidad con las que se solía proyectar el futuro hace unas décadas atrás, en educación todo indica que hemos avanzado en desigualdad y privatización. Aquel horizonte trazado hace más de 70 años por la Declaración Universal de los Derechos Humanos parece haberse difuminado. El preámbulo iniciaba con un posicionamiento claro y desafiante:
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana […] la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos1.
Las tendencias globales y nacionales en materia de política educativa dan cuenta de que el mundo viene girando a contramano de estos principios aprobados en las Naciones Unidas siete décadas atrás. En este contexto, cobra enorme relevancia preguntarse por las orientaciones actuales de la política educativa así como por las relaciones teóricas y políticas entre la educación y la justicia social tanto en el plano global como en el local.
La justicia social es un concepto polisémico y en tensión, factible de ser inscripto en discursos educativos y sociales contradictorios en el marco de las disputas por el sentido de la educación. ¿Qué comprendemos por justicia social? ¿Qué orientaciones, iniciativas y actores reconocemos hoy en el campo, tanto a nivel global como local? ¿Qué políticas públicas se vienen impulsando y en qué medida caminan hacia la justicia social y el derecho a la educación o, por el contrario, se alejan de ellos? ¿Cómo se vinculan con los procesos de producción y reproducción de las desigualdades que signan a nuestras sociedades en la actualidad y de manera cada vez más profunda?
Este libro surgió del interés por compartir algunos análisis e investigaciones que se inscriben en esas inquietudes. Los trabajos que lo integran tuvieron su origen en el Simposio “Políticas educativas y justicia social” que se organizó en el marco del XXXVII International Congress of the Latin American Studies Association “Nuestra America: Justice and Inclusion”, llevado a cabo en Boston, Estados Unidos, entre el 24 y el 27 de mayo de 2019. El Simposio se desarrolló a lo largo de tres intensos días de intercambios y debates sobre estas temáticas.
El volumen reúne los escritos resultantes de esos diálogos y análisis colectivos, acercando autores de distintos países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Perú y Puerto Rico. El contenido es diverso, como diversas son las preocupaciones y los interrogantes en cada territorio, pero en conjunto nos brinda un interesante panorama de discusiones, estudios y análisis sobre las políticas educativas en Iberoamérica y el mundo, recorriendo los tópicos y disputas que hoy están delineando las agendas de política pública en relación con los sistemas escolares.
El libro se integra por tres apartados. El primero aborda las formas de relación entre el Estado y el mercado en el contexto actual donde los intereses privatizadores han transformado sus modos de influencia y su rango de acción. Los capítulos que lo conforman desvelan los mecanismos con los que el proyecto neoliberal se extiende y adapta a los diversos contextos nacionales y territoriales, identificando en este esfuerzo los nuevos actores y las estrategias de incidencia que despliegan. Además, en algunos de los capítulos de este apartado, los autores extienden su reflexión enfocándose en algunas de las alternativas de resistencia que emergen en estos contextos, incluyendo en esto el aporte que una perspectiva de justicia social entrega en la construcción de alternativas viables de desarrollo que centren a la educación pública como pilar de la democracia.
El apartado se inicia con el capítulo de Carmen RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ, “Políticas educativas basadas en la demanda y su impacto en la segregación escolar”, que describe cómo las reformas que priorizan la elección de escuelas como medio para alcanzar mayor justicia en el sistema educativo en realidad contribuyen a los procesos de segregación y estratificación social. Esto lo hacen al crear escuelas con una composición social uniforme que incrementan la inequidad social y el fracaso de los estudiantes marginalizados. En su texto, que aborda experiencias de Chile, EEUU, España y Centroamérica, Carmen RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ muestra cómo muchos de estos procesos son empujados por agendas globales que apelan a las ansiedades de las familias con mejor posición cultural y económica, las que con tal de conseguir una diferenciación social para que sus hijos e hijas tengan mayores ventajas para competir y tener éxito en el mercado global, presionan al Estado para que genere ofertas educativas “a la medida”, lo que abre paso a sistemas públicos-privados que perjudican directamente la gestión y el financiamiento de los sistemas públicos.
Fernanda SAFORCADA en su capítulo “Educación, políticas públicas y mercado: nuevos desafíos y viejas disputas en torno a la justicia social” entrega una panorámica de los procesos de privatización y mercantilización de educación en el contexto actual de restauración neoliberal-conservadora que atraviesa el continente americano. Estos procesos dan continuidad a las políticas de mercado aplicadas a la educación en los años 80 y 90, pero no solo involucran la multiplicación de la oferta educativa privada, sino que involucran el desarrollo de nuevos modos de articulación entre el sector público y el privado. SAFORCADA describe cómo nuevos actores globales irrumpen en la escena de las políticas educativas, buscando redefinir los términos con los que se entiende el derecho a la educación además de incidir en diversas dimensiones de la labor educativa y las rutinas escolares. En el capítulo analiza los casos de United Nations Global Compact (Pacto Mundial de las Naciones Unidas), Teach For All (Enseñar para todos), Red Latinoamericana por la Educación (REDUCA) y el Programme for International Student Assesment, PISA (Programa para la evaluación internacional de estudiantes). Utilizando estos casos reconstruye las nuevas formas que asumen las relaciones educación-mercado en el siglo XXI a nivel global y regional, describiendo los actores y las estrategias que despliegan, analizando las orientaciones que impulsan en materia de política pública e identificando los límites que trazan sobre la justicia social en el continente.
El apartado cierra con el texto de Aurora SANTIAGO-ORTÍZ, “Apuntes sobre la charterización y cierre de escuelas públicas en Puerto Rico.” Este capítulo presenta la experiencia de Puerto Rico donde los reformadores neoliberales han acelerado los procesos de cierre y privatización de escuelas públicas utilizando como excusa los desastres naturales que han afectado a la isla recientemente. Aurora utiliza como ejemplo el plan de la Secretaria de Educación impuesta por la Junta de control fiscal de la isla, quien ha buscado repetir la hoja de ruta impuesta a New Orleans después del huracán Katrina para justificar el cierre de cientos de escuelas y la privatización de otras mediante una ley cínicamente titulada “Reforma Educativa”. Se trata de una reforma cuyo contenido fundamentalmente es el de convertir escuelas públicas en escuelas chárter, administradas por entes privados. También da luces sobre los procesos de resistencia que han seguido a los intentos de imponer esta verdadera doctrina del shock, basados en el anticolonialismo y la solidaridad, que han sido exitosos en la medida que a partir de la indignación colectiva que provoca la exposición pública de la corrupción y del desfalco de los bienes comunes que acompañan a los procesos de desposesión neoliberal, han logrado convocar a una sección mayoritaria y transversal de la población en defensa de la escuela pública.
El segundo apartado reúne una serie de capítulos que abordan un tema que se ha vuelto central en las agendas internacionales y nacionales en el presente siglo. Nos referimos a la inclusión. Desde los años 90 este concepto comienza a ganar protagonismo en el campo educativo, prioritariamente de la mano de la UNESCO, y ya en el siglo XXI logra instalarse como un tópico presente en la mayor arte de los países. Sin embargo, los sentidos que asume y las políticas que se proponen en relación con él son variadas e incluso contradictorias. Así, este apartado nuclea escritos que analizan estas tensiones en torno a los sentidos de la inclusión y de la justicia social, a partir de una mirada sobre las políticas educativas.
La sección se abre con el trabajo de Myriam FELDFEBER, “De la inclusión a la mercantilización. Derecho a la educación y políticas educativas en Argentina a partir del cambio de siglo”. La autora plantea que el derecho a la educación y las políticas destinadas a garantizarlo, no pueden analizarse al margen de las condiciones de producción y reproducción de nuestras sociedades, caracterizadas por la desigualdad. Con esta perspectiva, FELDFEBER analiza las políticas en Argentina a partir del cambio de siglo, abordando, por un lado, las denominadas políticas de inclusión con justicia social que se impulsaron durante los gobiernos “kirchneristas” (2003-2015), y que tuvieron como horizonte la ampliación de derechos; y por el otro, la llamada “revolución educativa” del gobierno de la Alianza Cambiemos (2015-2019), destinada a la formación de recursos humanos y de “emprendedores” en función de los requerimientos del mercado. En ese recorrido, se observa cómo en el primer período el énfasis estuvo puesto en la inclusión de los sectores tradicionalmente excluidos del sistema y en el segundo, el foco se desplaza a la calidad educativa, entendida como resultados medibles en pruebas estandarizadas.
“Las llamadas políticas de inclusión en el campo escolar: sentidos en disputa frente a la cuestión social en la Argentina reciente”, de Nora GLUZ, es el segundo capítulo de este apartado. La autora, tomando como caso las políticas educativas de Argentina en el nuevo siglo, analiza los alcances y límites de las políticas de inclusión en la ampliación del derecho a la educación, sus contradicciones y límites. Asimismo, se pregunta por la paradoja de que en América Latina las derechas hayan ganado poder en años recientes, en contextos de mayor igualdad producto de las políticas de inclusión. En ese sentido, plantea algunas hipótesis respecto de las condiciones sociales que habilitaron la restauración conservadora, considerando cómo el capitalismo contemporáneo, con la mercantilización y privatización de los bienes sociales que operan en la expropiación de lo común y la profundización de la fragmentación social, abona la opción por estrategias individualizadas para sostener posiciones sociales (y escolares) frente a la inestabilidad de la estructura social.
El capítulo de Laura VALDIVIEZO, “Enfoque comparativo sobre las relaciones entre la justicia, la equidad y la inclusión en la educación peruana”, propone una mirada sobre los aportes de los estudios comparados para el análisis y la transformación de paradigmas y acciones educativas, a partir de considerar tres elementos o dimensiones: los ciclos históricos-políticos-sociales; el desarrollo del pensamiento teórico sobre la justicia, la equidad y la inclusión; y la experiencia educativa contextualizada. Comparte perspectivas y herramientas metodológicas, así como resultados de una investigación sobre la implementación de reformas y programas educativos que han enfatizado la equidad y la inclusión en la educación peruana, en el marco de los procesos macro históricos y políticos en los que se desarrollaron.
El siguiente artículo, “La trampa de la inclusión: avances y retrocesos en la democratización de la educación en el caso peruano” de Patricia AMES, plantea que en el actual contexto de hegemonía neoliberal, se naturalizan las desigualdades en el sistema educativo y se profundizan los procesos de fragmentación y segregación, instaurando como sentido común la noción de que la educación de calidad es garantizada por la vía del mercado y generando las condiciones para un retroceso del Estado en su papel de garante del derecho a la educación. La autora nos comparte los resultados de una investigación sobre dos programas políticos de enorme importancia en tiempos recientes del Perú, uno para el nivel secundario y otro de educación superior. Se trata de un análisis sobre los sentidos que asume la inclusión en las políticas educativas de este país andino en términos históricos y en los dos casos estudiados, en relación con la democratización de la educación y el rol del Estado como garante del derecho. El análisis muestra cómo el Estado, enarbolando el discurso de la inclusión, se tornó selectivo, profundizando la segmentación de su propio sistema educativo.
Javier CAMPOS-MARTÍNEZ en su artículo titulado “No basta con incluir. Elementos para una pedagogía de la justicia social en Chile” continúa problematizando los límites de la idea de inclusión, especialmente en contextos neoliberales. El artículo analiza la idea de inclusión impulsada desde las políticas educativas neoliberales, fundada prioritariamente en la idea de habilitación para el consumo y participación en el mercado, en contraposición con la idea de inclusión para la justicia social que busca terminar con las diferentes formas en las cuales las diferencias se transforman en desigualdades. Para dicho análisis se toma el caso chileno, país caracterizado por el desarrollo de políticas que han promovido el individualismo y la competencia hasta el punto de institucionalizar la exclusión de quienes no son atractivos para el mercado. Como contraposición, se propone la idea de una pedagogía de la justicia social que involucra acciones tanto a nivel sistémico como interpersonal, desmantelando las manifestaciones de las políticas neoliberales en la escuela, logrando un conocimiento profundo de los Otros con los que convivimos en los espacios educativos, e incrementando la conciencia sobre nosotros mismos y la forma como podemos reproducir o contestar las lógicas que perpetúan la desigualdad.
Geovana MENDES, en su artículo “Politicas de centralización curricular y educación especial: ¿inclusión en qué?”, presenta un análisis sobre las políticas actuales de inclusión en el campo de la educación especial en Brasil. Asimismo, plantea algunos nudos conceptuales sobre las perspectivas de estudio de las políticas educativas, proponiendo una mirada que, por un lado, analiza las relaciones entre lo global y lo local en torno a ideas o propuestas en materia educativa; por otro lado, problematiza el abordaje de las políticas concretas no reduciéndolo a su formulación sino considerando también los aspectos dinámicos, no lineales y contradictorios o en disputa en el desarrollo de las políticas y los actores involucrados. Tomando dos políticas centrales, una curricular y otra de inclusión escolar, la autora analiza la educación inclusiva como política “viajante” en el mundo actual y los sentidos que asume así como sus límites en Brasil.
“El lobo con piel de oveja o la promesa de equidad en las regulaciones de formación docente en Chile” es el capítulo de María Beatriz FERNÁNDEZ, Loreto FERNÁNDEZ y Catalina CUENCA, que nos traslada a un territorio en el que el sistema escolar ha sido privatizado y las políticas educativas han estado orientadas por lógicas neoliberales durante cuatro largas décadas. Las autoras nos comparten conclusiones de una investigación sobre las orientaciones de las políticas docentes y las formas en las que la Nueva Gestión Pública ha permeado las definiciones en este campo. En particular, analizan las regulaciones sobre el desarrollo profesional en relación con los sentidos de la justicia social a partir de un estudio de las principales medidas implementadas por el gobierno en esta materia.
En la tercera parte de este volumen observamos como las políticas educativas más que responder a las necesidades de los sistemas educativos, responden a soluciones estandarizadas formuladas por expertos para problemas que no existen. A pesar de la trampa que supusieron hace dos décadas para América Latina, el Este Asiático y África Subsahariana las medidas de austeridad, denunciadas por Oxman Intermón, actualmente se siguen aplicando en el año 2020, empobreciendo a muchas personas y creando sociedades cada vez más desiguales. Estas medidas de ajustes fiscales, privatización de universidades, junto a políticas y prácticas de evaluación y de rendición de cuentas conducen a una enseñanza estandarizada y reproductiva y a modelos de reformas educativas baratas. En la medida que se acrecientan las desigualdades sociales en los países, las escuelas solo podrán aminorarlas, pero nunca transformar las desigualdades de origen, y con los nuevos mecanismos de segregación y mercantilización contribuirán a que las escuelas reproduzcan la desigualdad social.
Ana María CLEMENTINO y Dalila ANDRADE realizan una investigación sobre “Docentes y evaluación estandarizada en Brasil”, en la que muestran las contradicciones entre las políticas inclusivas que se desarrollan con el gobierno de Lula, a la vez que se ponen en funcionamiento evaluaciones externas que aumentan la competitividad entre las instituciones educativas y el control de la práctica docente. Las evaluaciones y los modelos empresariales cada vez más generalizados en todo el mundo son un ejemplo del modelo neocolonialista y eficientista que se traslada a los sistemas educativos. Los gestores independientemente de su ideología, buscan controlar las prácticas educativas que reducen la complejidad del proceso de aprendizaje a pruebas estandarizadas, y al profesorado y al alumnado en reproductores de datos y conceptos, meros autómatas, sujetos también en algunas ocasiones a políticas de bonificación.
No podemos afirmar que una mayor inversión consiga una mejora de los sistemas educativos, pero como nos indica Andrea BARBOSA en el segundo artículo de esta tercera parte, “Políticas de ajuste fiscal en Brasil”, el escenario económico afecta con mucha fuerza las condiciones del derecho a la educación cuando se limitan las condiciones salariales de los profesores y profesoras y se cuestiona la legitimidad de la profesión docente. A través de dos casos municipales nos muestra las consecuencias que tuvieron las leyes locales de ajuste de cuentas públicas en las condiciones del trabajo docente, y su fragilidad cuando cambia el escenario nacional con el presidente Bolsonaro.
Carmen CAAMANO describe el proceso por el que se cambia el modelo de la Universidad de Costa Rica impulsado desde la misma Facultad de Ciencias Económicas, pues sus académicos participan directamente en la elaboración y seguimiento de políticas del Banco Mundial, la OCDE y otros organismos internacionales enfocados en la mercantilización de la educación. A pesar de las movilizaciones que se generan, las negociaciones entre el Gobierno y la Universidad se acrecientan con la crisis fiscal conduciendo a modelos de privatización, flexibilización y desregulación en la búsqueda de la eficiencia para convertir la Universidad de Costa Rica en un modelo de Universidad-Empresa.
Pablo Daniel GARCÍA, en el capítulo 15, se lanza a la búsqueda de “Estrategias para la mejora de las trayectorias escolares en las escuelas secundarias de Latinoamérica”. Nos lleva a un viaje por 37 escuelas de secundaria de siete países diferentes (Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador), en situación de alta vulnerabilidad social. Como considera el propio autor su intención es aportar una reflexión sobre las múltiples estrategias que se despliegan en los diferentes sistemas educativos de Latinoamérica para andamiar las trayectorias de estudiantes y poder discutir su pertinencia en el contexto actual.
Como broche final, Fabiola CABRA TORRES, con su artículo, “Prácticas de evaluación, emociones políticas y la búsqueda de la justicia social”, llama nuestra atención sobre uno de los instrumentos más contundentes para generar la desigualdad, las prácticas de evaluación. Pone en cuestión los programas de medición de la calidad planteando un enfoque sobre la complejidad ética y política de las prácticas de evaluación y su relación necesaria con la justicia social. Desde el difícil contexto de Colombia propone que trabajen las emociones públicas, como el respeto, la justicia y el reconocimiento del Otro, para convertir a cada alumno y alumna en sujetos políticos que puedan construir una realidad alternativa y democrática.
Con gran satisfacción, compartimos este conjunto de textos, que es, al mismo tiempo, un conjunto de miradas y análisis diversos, formulados desde territorios, coyunturas y perspectivas teóricas diferentes. No obstante, comparten una convicción, que atraviesa y subyace a la totalidad de las páginas de este libro: en los tiempos que corren y en sociedades tan desiguales como las nuestras, es imprescindible colocar la justicia social como horizonte de la educación; esto es, como eje analítico y programático en materia de políticas educativas. Para ello, reposicionar el derecho a la educación como derecho social y al Estado como garante resulta imprescindible.
