Derecho a la Comunicación en América Latina
Giorgina Santángelo1, María Ximena Orchard Rieiro2, Silvio René Gramajo3, Magdalena Sofía Paláu Cardona4, Cuauhtémoc Cruz Isidoro5, Francisco J. Rodríguez Lozano6, Andrea Cristancho Cuesta7, Efrén Guerrero Salgado8, Carlos Andrés Tobar Tovar y Adriana Rodríguez Sánchez9
1Universidad Católica del Uruguay
2Universidad Alberto Hurtado, Chile
3Universidad Rafael Landívar, Guatemala
4ITESO, México
5Universidad Iberoamericana Puebla, México
6Universidad Iberoamericana Torreón, México
7Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador
8Pontificia Universidad Católica del Ecuador
9Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia
Compilación y edición
Carlos Andrés Tobar Tovar
Comité editorial
Giorgina Santángelo, María Ximena Orchard Rieiro,
Graciela Bernal Loaiza, Felipe Alexander Crudele Pérez,
Carlos Andrés Tobar Tovar
Santiago de Cali, 2020
Tabla de contenido
Derecho a la Comunicación en América Latina
Presentación
Prólogo
Introducción Una aproximación al Derecho a la comunicación en América Latina
Parte 1: Limitaciones al acceso a la información y sus impactos en la vida política
Niveles de incumplimiento a diez años de la aprobación de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública en Uruguay
Mecanismos de captura y práctica periodística: explorando los límites al ejercicio del periodismo en Chile
Medios y políticos en Guatemala: una apuesta por la captura del Estado1
Parte 2: Régimen jurídico de la comunicación
Los derechos de las audiencias en México: dos modelos en tensión
Publicidad oficial y libertad de expresión en México: el caso de la Ley General de Comunicación Social
La publicidad oficial, gasto público, regulación y uso en los medios de comunicación. Un análisis del municipio de Torreón, Coahuila, México
Parte 3: Medios de comunicación y representación política
La concentración mediática y el derecho a la comunicación. Análisis comparado de El Salvador y Nicaragua
Comunicación política en la web 2.0: conflictos y divergencia en el ciclo político latinoamericano a la luz de su contenido normativo común
En mayo de 2013 se celebró en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, la décimo octava Asamblea de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) en la cual los rectores acordaron la creación de la Red Derecho a la Comunicación y Democracia. Para las universidades jesuitas el tema de trabajo de esta red guarda especial significado por su pertinencia académica, educativa y profesional, así como por su envergadura sociocultural y política.
Un año después, en octubre de 2014, el ITESO tuvo el privilegio de ser sede del Primer Seminario-Taller sobre Derecho a la Comunicación y Democracia que posibilitó la constitución formal de esta red. A partir de entonces, este grupo de homólogos realiza acciones tendentes al fortalecimiento de esta comunidad interuniversitaria, contribuye a la consolidación de esfuerzos que sobre esta materia se realizan en cada una de las universidades, sostiene su compromiso académico, profesional y social en la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas, y se pronuncia por un periodismo responsable, autónomo, profesional y plural capaz de atender las necesidades de información y conocimiento de las sociedades latinoamericanas.
Dentro de este marco de acciones y propósitos, la red celebró en septiembre de 2018 su segundo encuentro presencial en la Universidad Católica de Uruguay. El fruto de esa reunión es este libro que lleva por título Derecho a la Comunicación en América Latina. En él, se podrán conocer diversas radiografías analíticas y críticas del derecho a la comunicación articuladas a los problemas y contextos específicos de cada país. En la elaboración de este texto participaron académicos de México, Centroamérica y Sudamérica que representan a 10 de las 30 universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina.
Para AUSJAL este trabajo responde a la urgente necesidad de las universidades jesuitas en América Latina de promover y defender el ejercicio del derecho a la comunicación; participar en el debate público para incidir en las políticas públicas en la materia; observar, dar seguimiento e impulsar un sistema de medios de comunicación plural y democrático que preserve y promueva los derechos de las audiencias, a la libre expresión y la información. Asimismo, a exigir que las condiciones de trabajo de los periodistas sean dignas y a reclamar a los gobiernos la rendición de cuentas y la transparencia del ejercicio de los recursos públicos y sus resultados, en particular, en lo que se refiere al gasto gubernamental en materia de comunicación y propaganda oficial.
Las posibilidades de transitar a un sistema de vida democrático, justo, sustentable y humano, pasan necesariamente por el diálogo público, abierto e informado. Por ello, la promoción y la defensa del derecho a la comunicación se vuelven tareas impostergables.
Por último, en mi doble responsabilidad como Presidente de AUSJAL y Rector del ITESO, me congratulo por los aportes que este libro brindará a estudiantes, profesores, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación, instituciones públicas y privadas, así como a los interesados en el tema.
Este esfuerzo nutre los objetivos de AUSJAL por lograr en nuestras universidades una formación integral e inclusiva, con calidad académica y excelencia humana, de cara a sus propósitos en la formación de líderes sociales y políticos comprometidos con la construcción de sociedades más justas, sustentables y democráticas.
Luis Arriaga V., S.J.
Rector del ITESO y Presidente de AUSJAL
Este libro es el resultado del Segundo encuentro presencial de la Red de Derecho a la Comunicación y la Democracia vinculado a la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), evento realizado por el Departamento de Comunicación de la Universidad Católica de Uruguay el 24 y 25 de septiembre de 2018, en Montevideo.
La consolidación de este proyecto editorial se fundamentó en la necesidad de generar una experiencia académica para el mutuo conocimiento de las trayectorias en investigación y la aproximación particular a los casos relativos al derecho a la comunicación en América Latina por parte de los homólogos AUSJAL. De esta forma, en la escritura de este manuscrito participaron profesores y profesoras de la Universidad Iberoamericana (México), la Universidad Iberoamericana Puebla (México), la Universidad Iberoamericana Torreón (México), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente-ITESO (México), la Universidad Rafael Landívar (Guatemala), la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (El Salvador), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Alberto Hurtado (Chile), la Universidad Católica del Uruguay, y la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia).
Finalmente, el compromiso con la inteligibilidad se ve representado en la manera en que los diferentes aportes se hibridan en tres ejes de reflexión: 1) las limitaciones al acceso a la información y sus impactos en la vida política; 2) el régimen jurídico de la comunicación; y 3) los medios de comunicación y la representación política. El resultado de este ejercicio es entregado a la comunidad académica y consideramos que aportará a la consolidación de una opinión informada sobre el lugar que ocupan los procesos y medios de comunicación en el funcionamiento de las instituciones sociales que hacen posible la realización del derecho a la comunicación y la participación democrática.
Carlos Andrés Tobar Tovar1
El libro Derecho a la comunicación en América Latina presenta una discusión teórica haciendo una puesta a punto respecto a la comunicación como derecho humano, mostrando casos concretos que exhiben avances y retrocesos en la implementación y medición de los efectos del derecho en algunos países de la región a nivel de gobierno tanto nacional como local. De esta manera, esta propuesta constituye una referencia ineludible para docentes, investigadores y estudiantes del campo de la comunicación, el derecho y las ciencias sociales en general, debido a que el derecho a la comunicación incide en el alcance de otros derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la libertad de prensa, vitales a la hora de fortalecer la participación política, la toma de decisiones informada, el periodismo de investigación y la calidad de la democracia como régimen político.
Este libro constituye uno de los productos de divulgación social del conocimiento más relevantes de la Red de Homólogos AUSJAL de Derecho a la Comunicación y la Democracia, creada en 2014 en el Primer Encuentro Presencial de la Red en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en la ciudad de Guadalajara, México y conformada por docentes e investigadores de las escuelas de periodismo y departamentos de comunicación de universidades jesuitas de América Latina; aquí, los participantes acordaron las bases para la integración académica que hace posible el análisis comparado de los objetos propios del estudio contemporáneo de la comunicación.
De esta forma, la misión de esta red de homólogos es defender el derecho a la comunicación y la democracia en América Latina a través de la incidencia en la opinión pública y el desarrollo de políticas públicas consecuentes, así como producir conocimiento riguroso, docencia y cursos de extensión vinculados a la temática desde una perspectiva interdisciplinaria y una acción interuniversitaria. Es por esto que en 2015, la Red estuvo abocada al diseño de un curso de posgrado titulado Transparencia y Acceso a la información Pública. Derecho a la Comunicación y Democracia, llevado a cabo por docentes de las universidades que componen la red y enfocado al público estudiantil para el año siguiente. En 2018, se produjo un segundo encuentro presencial de la red en la Universidad Católica del Uruguay en la ciudad de Montevideo, encuentro que tuvo carácter de seminario de investigación con reconocidos especialistas que disertaron respecto a la temática desde la filosofía política y la sociología. Este espacio permitió a los profesores y profesoras participantes proponerse un nuevo desafío: generar comunidad académica, siendo la realización de un libro colectivo el dispositivo más apropiado para alcanzar dicho reto.
Por otra parte, el derecho a la comunicación se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra “la libertad de opinión y de expresión, de investigar y recibir información y opiniones y de difundirlas por cualquier medio de expresión” (art.19); representando uno de los cimientos de la democracia como régimen político. Para el ejercicio efectivo de este derecho, el acceso de todos los sectores sociales a medios de comunicación libres, independientes y plurales se vuelve un desafío a lograr en las democracias del siglo XXI, puesto que es una herramienta que fortalece la capacidad ciudadana de participar en el proceso de toma de decisión de las políticas públicas, entre otros escenarios de la vida política. Es por esto que la discusión en torno al derecho a la comunicación presenta distintos niveles de avance en América Latina, pues se trata de un concepto que expande discusiones previas sobre el derecho a la información, la libertad de expresión y de opinión, para hacerse cargo de las desigualdades comunicativas características de nuestra región, un debate complejo y con profundas consecuencias para el tipo de desarrollo buscado y la calidad de nuestras democracias. Esta discusión, en la que están involucrados los Estados, los comunicadores, la industria de medios, los organismos de control y la ciudadanía, sitúa en un enfoque de derechos humanos los debates actuales sobre el acceso a la información, los niveles de transparencia, el acceso a nuevas tecnologías, la alfabetización mediática, la visibilidad de grupos vulnerables y el pluralismo informativo, entre otros temas de igual importancia.
Para atender los asuntos mencionados, el libro propone un diálogo a partir de tres categorías, a saber: 1) las limitaciones al acceso a la información y sus impactos en la vida política; 2) el régimen jurídico de la comunicación; y 3) los medios de comunicación y la representación política. Esta perspectiva, nos ayuda a fundamentar un estado de la discusión al tiempo en que vislumbramos una reflexión posicional que contribuye al análisis comparado del caso latinoamericano. A continuación, explicamos cómo evidenciar la disertación propuesta.
El primer asunto a reflexionar refiere al papel de los medios de comunicación en el marco de la tensión entre el poder político y la deliberación democrática, entendiendo que la vitalidad de la democracia depende de la capacidad de las sociedades para fundamentar procesos y medios de comunicación, los cuales dinamizan la vida pública-ciudadana al facilitar el acceso a la información. Si bien la existencia de medios periodísticos de opinión y control político son sustanciales para la vitalidad democrática, son muchos los sesgos ideológicos presentes en la configuración de una opinión pública que pretende ser informada y cualificada para las demandas del debate de los asuntos comunes. Nos referimos de manera especial a la capacidad que tienen los medios para consolidar la agenda noticiosa nacional a partir del acceso a información de interés general, de modo que los periodistas se cualifican en su oficio y el papel que tiene el poder político para afectar la función social de los medios, asuntos que afectan la comprensión del pluralismo como rasgo distintivo de las sociedades complejas latinoamericanas. En nuestras regiones, el control de las ideologías suele estar asociado al dominio establecido y legitimado históricamente por sectores empresariales y políticos, de modo que la pregunta por el mejoramiento de las condiciones para favorecer el oficio de los comunicadores y su contribución a la realización de valores democráticos conforma un asunto reiterado en la reflexión universitaria y su nexo con la ciudadanía.
De esta forma, la primera parte del libro está dedicada a tres trabajos que versan sobre las limitaciones del derecho de acceso, reconocido como un derecho humano que habilita el ejercicio de otros derechos como a la libertad de expresión y a la participación en la deliberación pública de los asuntos comunes, permitiendo avizorar las condiciones del régimen político y su impacto en la vida democrática,. Abre la reflexión el capítulo Niveles de incumplimiento a diez años de la aprobación de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública en Uruguay, escrito por la profesora Giorgina Santángelo de la Universidad Católica del Uruguay, donde se describe la situación actual del derecho de acceso a la información pública en su país en lo atinente a la transparencia activa por parte de los organismos obligados por ley. A través de la sistematización de los estudios más recientes y entrevistas a actores sociales relevantes, se observa su estado de avance a nivel de cumplimiento con la normatividad, planteando algunas recomendaciones para su viabilidad.
El siguiente capítulo se denomina Mecanismos de captura y práctica periodística: explorando los límites al ejercicio del periodismo en Chile, escrito por la profesora María Ximena Orchard Rieiro de la Universidad Alberto Hurtado, donde se propone un diálogo entre el concepto de captura mediática y las dificultades que enfrenta la práctica del periodismo en Chile. A partir del análisis de resultados a preguntas abiertas incluidas en la última Encuesta Estado del Periodismo Nacional, se construye inductivamente un diagnóstico respecto a la práctica de la profesión en la actualidad, revelando claros puntos de tensión y una dificultad general del campo periodístico para operar bajo criterios propios en un sistema de medios que se percibe como restrictivo y limitante. Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de la revisión de literatura sobre captura mediática, se propone la necesidad de distinguir entre los medios como campo institucional y el periodismo como campo profesional, reconociendo que un periodismo que opera al interior de medios capturados es uno devaluado y con una capacidad disminuida de aportar al ejercicio del derecho a la comunicación. De esta manera, los hallazgos presentados en este capítulo plantean a los lectores algunas preguntas acerca de las consecuencias de la configuración de los sistemas mediáticos para el desarrollo de las culturas y prácticas periodísticas.
En coherencia con el eje de argumentación de los trabajos previos, cierra esta primera parte el capítulo Medios y políticos en Guatemala: una apuesta por la captura del Estado, propuesta escrita por el profesor Silvio René Gramajo de la Universidad Rafael Landívar, y que ilustra la forma en que operan los medios de comunicación en Guatemala y la relación que sostienen con el poder político. Para comprender este fenómeno, es necesario analizar las características del arribo de la democracia en el país: desde su perspectiva, la captura del Estado por parte de grupos de poder, entre ellos el sector mediático, ha sido fundamental para entender el diseño y desarrollo de las reglas del juego democrático, las cuales favorecen la existencia y el empoderamiento de las empresas mediáticas hasta alcanzar características monopólicas. La pluralidad y la diversidad informativas se pierden en un modelo donde es muy difícil alcanzar altos niveles de profesionalismo.
Así, los aportes presentados le sirven al lector para ampliar su horizonte reflexivo en torno a los aspectos que debilitan la participación democrática y que limitan la manera en que los ciudadanos contribuyen a la discusión pública sobre la relación entre pluralismo y democracia, más aún en los tiempos en que las ideologías más compactas e inteligibles han logrado hacerse con la representación social que tenemos de la vida política.
El derecho a la comunicación responde al abordaje de un rasgo sustantivo de nuestra especie: la comunicación humana. La perspectiva jurídica siempre llega tarde respecto a la comprensión de este fenómeno caracterizado por ser cambiante y responder a las particularidades de las interacciones sociales. Aunque la finalidad del derecho constitucional es la de identificar el poder para favorecer las interacciones sociales posibles desde un criterio de justicia (Aguilar, 2017), la comunicación es anterior al poder y constituye el ámbito psico-biológico de la cultura, entendido como un entramado de ordenamientos simbólicos que, por la vía del leguaje, conforman el escenario de lo humano. Desde esta perspectiva, conviene reconocer que la comunicación tiene un rol esencial en las experiencias sociales de la vida en común y que las formas de intercambio entre individuos, grupos y sociedades ensanchan las formas de comunicación preexistentes. Esta postura conduce a poner el acento en la relación entre interacción e institucionalización, forma dispuesta por las ciencias jurídicas para legislar en función de las diferentes coyunturas y fenomenologías propias del modo en que los medios de comunicación producen una experiencia social continuada y nunca terminada. En el marco de estas comprensiones, tratamos dos asuntos: las audiencias y la publicidad política, estrechamente vinculados con la construcción de una opinión pública informada dentro de las regulaciones gubernamentales existentes para el caso mexicano.
Así, este segmento del libro empieza con el capítulo Los derechos de las audiencias en México: dos modelos en tensión, escrito por Magdalena Sofía Paláu Cardona, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). A partir de una indagación documental y hemerográfica, la propuesta recupera el proceso de la disputa sobre los derechos de las audiencias que llevaron adelante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los diputados, los senadores y los concesionarios de los medios de comunicación durante el año 2017, siendo un ejemplo de dos modelos en tensión: regulación o auto-regulación de los medios de comunicación. Lo anterior se acompaña de un breve contexto histórico y el marco normativo que da fundamento a los derechos de las audiencias para el caso mexicano.
El siguiente capítulo se denomina Publicidad oficial y libertad de expresión en México: el caso de la Ley General de Comunicación Social, escrito por Cuauhtémoc Cruz Isidoro de la Universidad Iberoamericana Puebla. El texto sostiene que la censura gubernamental a partir de la asignación de publicidad oficial constituye una vía para limitar la libertad de expresión a los periodistas, los medios de comunicación y las audiencias. En 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo a favor de la organización del Artículo 19, mediante el cual ordenó al Congreso mexicano emitir una ley que regulara el proceso de asignación de recursos públicos en materia de comunicación social y publicidad oficial. Por esto, el capítulo plantea una evaluación de los desafíos que representa esta ley, ofreciendo un recorrido histórico del proceso que da lugar a una legislación sobre la democratización de los medios de comunicación, y un análisis del papel de la sociedad civil agrupada en el Colectivo #MediosLibres.
Esta segunda parte cierra con el capítulo La publicidad oficial, gasto público, regulación y uso en los medios de comunicación. Un análisis del municipio de Torreón, Coahuila, México, escrito por Francisco J. Rodríguez Lozano de la Universidad Iberoamericana Torreón. En la propuesta se reflexiona sobre el destino de la publicidad contratada por el municipio de Torreón durante 2015 y 2016, mostrando su falta de cumplimiento al transparentar todo lo relacionado a la publicidad oficial, como lo indica la ley. Asimismo, se presenta un análisis de la distribución de su gasto por tipo de medio de comunicación, lo que evidencia el uso discrecional de los recursos, pues se privilegia el gasto destinado a los periódicos pese a no tener relación con las estadísticas de consumo de medios en el país. También se realiza un estudio de los propósitos de publicidad o tipos de campaña que se llevan a cabo y un análisis de la terminología de los contratos entre gobierno y empresas de comunicación. Tal como se ha planteado, este apartado contribuye a la comprensión del modo en que la regulación sobre la conducta comunicativa, relativa a las posibilidades de las audiencias y al modo en que la publicidad promueve formas institucionales de convivencia, está presente en la dimensión objetiva del derecho a la comunicación. Este abordaje se concentra en la experiencia mexicana debido a que la densidad poblacional del país y su historia institucional componen un escenario relevante para la profusión de este tipo de reflexiones.
La última parte del libro se ocupa del problema de la representación de los intereses locales y nacionales a través del uso estratégico de medios y tecnologías de comunicación. Esta representación corresponde a las posibilidades de participación real que tienen los ciudadanos de cara a expectativas de justicia social que responden al carácter problemático de las convivencias y las tensiones entre centros y periferias, perspectiva presente en el modo en que se puede explicar historiográficamente el surgimiento de los medios de comunicación en Latinoamérica.
El punto de partida refiere a un déficit en las posibilidades de representación política vivenciada por los grupos históricamente subordinados. De esta forma, la crítica a los medios tradicionales estriba en que no logran dar cuenta de los dramas sociales, las violencias y las diversas formas de invisibilización social promovidas institucionalmente y que responden a los intereses económicos y políticos propios del tiempo presente. Los grupos reclaman una manera de solventar la ausencia de justicia y asumen que la superación de las limitaciones se da por el camino de la democratización, mediante el cual adquieren inteligibilidad en el marco político social. Tales grupos consideran que por la vía de la visibilidad en el espectro mediático se puede impugnar el régimen de relaciones sociales que armonizan las injusticias padecidas, proceso que adquiere una dimensión transnacional en tanto que se adopten los referentes constitucionales para cualificar las luchas sociales con las que los sujetos ven la finalidad de sus procesos reivindicatorios.
La reflexión final del libro inicia con el capítulo La concentración mediática y el derecho a la comunicación. Análisis comparado de El Salvador y Nicaragua, escrito por Andrea Cristancho Cuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. La autora aborda la relación entre la concentración mediática y la regulación de los medios de comunicación en Centroamérica; para ello, estudia los casos de El Salvador y Nicaragua, por ser países que comparten rasgos históricos comunes como los procesos de democratización y las políticas de ajuste estructural desarrolladas en la década de los noventa, pero en los que la concentración y sus efectos sobre el derecho a la comunicación se manifiestan con matices diferentes. Esta característica del escenario mediático de los dos países estudiados se ha convertido en un obstáculo para contar con una agenda informativa plural que incluya las narrativas y preocupaciones de los diversos sectores de la población, además de ubicar a los periodistas en una condición de vulnerabilidad. En este orden de ideas, se propone una discusión teórica encaminada a delinear la relación entre la regulación, concentración mediática y derecho a la comunicación.
En relación con el texto anterior, se presenta el capítulo Comunicación política en la web 2.0: conflictos y divergencia en el ciclo político latinoamericano a la luz de su contenido normativo común, escrito por Efrén Guerrero Salgado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La propuesta ilustra cómo la realización de referendos constitucionales, consultas populares, elecciones municipales, regionales, legislativas y presidenciales realizadas recientemente en América Latina tienen la capacidad de producir polarización política de manera que se afecten formas de participación democrática, resolutivas de los problemas comunes y urgentes. A través del análisis de redes sociales, se estudian cuatro casos en los cuales hay alteraciones en la percepción ciudadana sobre el estado de la participación democrática, revisadas desde la perspectiva del derecho a la comunicación.
El último capítulo que cierra la sección y el libro se titula Experiencias con los medios y tecnologías de comunicación en la configuración de la valoración social de lo indígena: una aproximación a las comunidades embera chamí del departamento del Valle del Cauca, Colombia, escrito por Adriana Rodríguez Sánchez y Carlos Andrés Tobar Tovar de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El capítulo plantea una reflexión sobre el lugar que tienen los medios y tecnologías de comunicación en los conflictos interculturales que configuran la valoración social de lo indígena en el caso de las comunidades embera chamí que habitan las subregiones sur y centro del departamento del Valle del Cauca, Colombia. En aras de este propósito, se plantea una interpretación sobre el modo en que los consumos mediáticos institucionalizan un espacio de referencia identitaria adicional a los provistos por la ancestralidad y la tradición de la lucha social que ha tenido lugar desde la segunda mitad del siglo XX en el país. Para complementar, se alude a las búsquedas por instrumentalizar los medios en función de mejorar las estrategias de representación política de estas comunidades.
Los trabajos sobre la representación política aportan a la discusión contemporánea sobre los enmarcamientos sociales donde los grupos desarrollan diagnósticos particulares de las injusticias que padecen y agencian una manera de recomponer el plano de la justicia social, desvirtuada por cuenta de la falta de concertación y consenso en el plano de las políticas públicas. En síntesis, la discusión propuesta en función de los límites del acceso a la información y sus implicaciones para la vida política, el régimen jurídico de la comunicación, y la relación entre medos y representación política, conforman un hilo conductor que favorece la discusión académica sobre el derecho a la comunicación en términos de un derecho en construcción. Desde esta mirada, el libro se entiende como una propuesta interpretativa en la que se ordenan diversos puntos de vista que pueden dar lugar en el futuro a una postura conjunta que aporte a la construcción de políticas en nuestros respectivos países.
1 Doctor en Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Profesor del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia). ORCID Id: <http://orcid.org/0000-0001-5144-5462 >.
Aguilar Calahorro, A. (2017). El derecho fundamental a la comunicación 40 años después de su constitucionalización: expresión, televisión e internet. Revista de Derecho Político, 1(100), 405-439. doi:doi:https://doi.org/10.5944/rdp.100.2017.20705
ONU: Asamblea General, Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 Diciembre 1948, 217 A (III), disponible en esta dirección: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/