Tecnologías de esperanza

Apropiaciones tecnológicas para la búsqueda de personas desaparecidas en México

Tecnologías de esperanza

Apropiaciones tecnológicas para la búsqueda de personas desaparecidas en México

Darwin Franco Migues

D.R. © 2022, Productora de Contenidos Culturales

Sagahón Repoll, S. de R.L. de C.V.

Concepción Béistegui 2103-C4

Colonia Narvarte

México, CDMX

Diseño de la colección

Estudio Sagahón

Cuidado de edición

Jerónimo Repoll

Corrección de estilo

Roberto Barajas

Formación y captura

Guadalupe Cárdenas

D.R. © Imagen de portada

Leonel Sagahón

ISBN 978-607-8346-71-4

Primera edición

Mayo de 2022

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Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

Dedicado con profunda admiración a todas y cada una de las familias buscadoras de México, su amor infranqueable nos da esperanza. Deseo que sepan que estamos haciendo todo lo posible e imposible para ver regresar a sus amores desaparecidos.

Mi más grande admiración a quienes integran Las Rastreadoras de El Fuerte, Fundenl, Grupo V.I.D.A., Por Amor A Ellxs y la Brigada Nacional de Búsqueda, sus enseñanzas fueron claves para elaborar este libro.

A Dalia Souza, quien con amor también ha acompañado estas búsquedas.

Contenido

Introducción

Desaparecer en México: una crisis humanitaria y sistemática

¿Por qué se desaparece a los jóvenes en México?

La imperante necesidad de conceptualizar los términos “desaparición” y “desaparecido”

La cuádruple desaparición: propuesta analítica para investigar la desaparición de personas

Tecnologías de esperanza y acciones tecno-políticas para buscar a las y los desaparecidos en México

Tecnologías de esperanza y acciones tecno-políticas de búsqueda

Colectivos de familias y sus apropiaciones tecnológicas para la búsqueda de las y los desaparecidos

Conclusiones. Tecnologías de esperanza: construir y recuperar potencia

Fuentes

Introducción

Este es un libro que principalmente habla de amor, pues no hay acto más amoroso que aquel que sucede cuando se baja al abismo de la violencia para buscar y localizar a un ser querido que ha sido desaparecido. En esta búsqueda, las tecnologías se convierten en dispositivos de esperanza porque ayudan a cada una de las familias a diseñar estrategias para localizar tanto a sus seres queridos desaparecidos como a aquellos que perpetraron su desaparición, pues sus acciones tecno-políticas constituyen también actos que apuestan por la memoria, la justicia y la no repetición.

En ese sentido, lo que encontrarán aquí será una serie de aprendizajes y enseñanzas que de familia a familia o de colectivo a colectivo se han venido elaborando e instituyendo para buscar a las 98 471 personas desaparecidas que tiene México, según los registros oficiales.¹ Sin embargo, esta realidad podría ser aún más terrible, pues los más de 120 colectivos de búsqueda que hay en el país aseguran que por cada denuncia hecha existen, por lo menos, dos más que no se hacen, ya sea por miedo, amenazas o por desconfianza hacia el Estado.

La indolencia, la indiferencia y la ineficiencia de las autoridades que deberían localizar a las y los desaparecidos ha obligado a que sus familias encabecen su búsqueda. Para ello, los colectivos de búsqueda han aprendido a leer la tierra de baldíos, parajes o cerros para identificar posibles fosas clandestinas; han diseñado nuevas herramientas tanto para realizar exhumaciones como para clasificar los restos óseos que ahí han localizado, e incluso han superado el miedo y se han vuelto expertas y expertos en rapel para descender a pozos y barrancas con tal de encontrar a sus desaparecidos.

También, se han apropiado de tecnologías y plataformas tecnológicas para hacer más certeras y seguras sus búsquedas en territorios donde el crimen organizado acecha sus labores de campo. Por eso, ahora son diestros operadores de drones aéreos y capaces cartógrafos, pues convierten los videos y fotografías que toman desde el aire en información que les permite aprender a diferenciar zonas donde la vegetación o la tierra ha sido removida por la acción humana, lo cual les da posibles puntos de búsqueda que planifican mediante elaborados mapas que realizan con Google Maps o Google Earth.

De la misma manera, se han vuelto tenaces comunicadoras al apropiarse de redes sociodigitales como Facebook, Twitter o Instagram, las cuales usan como canales para difundir fichas de búsqueda o detalladas descripciones forenses de los cuerpos de personas fallecidas sin identificar que están en las morgues del país. Además, dominan las transmisiones “en vivo” y mediante ellas nos muestran los hallazgos que hacen de fosas clandestinas, sus marchas y sus acciones memoriales.

Todas estas acciones sirven como potentes contranarrativas para hacer frente al discurso oficial y mediático que busca negar la crisis de desapariciones en el país. Ante esto, este libro explora las acciones tecno-políticas que realizan cinco colectivos de búsqueda de personas desaparecidas: Las Rastreadoras de El Fuerte (Los Mochis, Sinaloa), Fundenl ([Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León] Monterrey, Nuevo León), Grupo V.I.D.A. ([Víctimas por sus Derechos en Acción] Torreón), Por Amor A Ellxs (Guadalajara, Jalisco) y La Brigada Nacional de Búsqueda. Mediante entrevistas a profundidad, sus integrantes nos narran cómo aprendieron a usar las tecnologías que emplean y cómo es que esto les ha permitido generar estrategias para la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

Las tecnologías de esperanza, concepto central de este libro, implican la comprensión tanto de las apropiaciones personales y colectivas de las tecnologías empleadas para la búsqueda de las y los desaparecidos como la función simbólica de los cuerpos (de quienes buscan y de quienes serán encontrados), pues se considera que ambos procesos constituyen una apuesta político-comunicacional para hacer aparecer al desaparecido, no desde una noción de muerte/ausencia, sino mediante la vida/presencia que implica su búsqueda.

Guadalajara, Jalisco, a 3 de marzo 2022.

Nota

1Cifras actualizadas al 3 de marzo de 2022 con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, disponibles en <https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index>.

Desaparecer en México: una crisis humanitaria y sistemática

El Estado Mexicano reconoce, actualmente, la desaparición de 98 471 personas, de las cuales 75 503 son hombres, 24 450 mujeres y 518 personas sin género identificado. La mayoría de estas personas fueron desaparecidas después del 11 de diciembre de 2006, fecha en que el expresidente de México, Felipe Calderón, realizó una declaración de guerra contra el crimen organizado.

En el marco de esta llamada “guerra contra el narco”, ha sido la sociedad civil el sector más vulnerado y violentado en sus derechos humanos, pues en México, entre 2006 y 2021, han sido asesinadas 363 467 personas (SESNSP, 2021), 98 471 han sido desaparecidas (RNPED, 2021) y 347 069 son víctimas de desplazamiento forzado (CMDPDH, 2021).

A pesar de estas alarmantes estadísticas, el Estado Mexicano, durante las administraciones de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), negó de manera sistemática la existencia de una crisis de derechos humanos e, incluso, reiteró ante organismos internacionales, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en el país nunca ha existido una crisis humanitaria a causa de la violencia. Por su parte, el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) reconoció la crisis de derechos humanos del país y la responsabilidad del Estado en la generación de miles de víctimas; sin embargo, no cambió la estrategia de seguridad de sus antecesores. Incluso, durante sus primeros tres años de gobierno el número de homicidios y desapariciones se incrementaron.

Ante esta crisis, organismos internacionales no han dejado de insistir que en México de manera sistemática se cometen graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, tales como asesinato, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales. Algunos de los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos en México, conforme los principios internacionales en materia de derechos humanos, son: la desaparición, tortura y homicidio cometidos contra 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, entre el 22 y 23 de agosto de 2010; la masacre ocurrida en Allende, Coahuila, del 18 al 20 de marzo de 2011, donde se incendiaron casas y se desaparecieron a más de 300 personas; el asesinato de 49 migrantes localizados sin vida en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012; la ejecución extrajudicial de 15 civiles a manos del Ejército Mexicano sucedida en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, y la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (Open Society, 2016). A ello habría que sumar la gravedad de los feminicidios que diariamente en el país le quitan la vida a 11 mujeres, como lo ha reiterado la Red Nosotras Tenemos Otros Datos. Esto por citar algunos de los casos que más relevancia social y mediática cobraron en los últimos años y que, la mayoría de ellos, no solo permanecen impunes, sino que incluso no existen personas detenidas ni sentenciadas.

La desaparición de personas forma parte de un entramado de violencia estructural que ha hecho de este delito de lesa humanidad una estrategia de terror que permite a los criminales tener el control y dominio de territorios que son claves para el trasiego de mercancías ilícitas (Franco, 2019b). Por tanto, la desaparición no puede pensarse nunca como un hecho aislado y mucho menos como una problemática de índole personal-familiar, pues se trata de un problema social y de seguridad pública que se concatena con las actividades de los grupos de delincuencia organizada y con las omisiones del Estado para hacerles frente.

Al 3 de agosto de 2021, siete estados concentran el 60 por ciento de todas las desapariciones del país: Jalisco (13 483), Tamaulipas (11 537), Estado de México (9596), Nuevo León (5400), Veracruz (5341), Sinaloa (4874) y Sonora (4176).

El siguiente mapa (Gráfica 4), generado con datos otorgados por procuradurías y fiscalías estatales, precisa un panorama desolador en tanto que nos enseña que en todo el país existen denuncias formales por la desaparición de una o más personas. Así mismo, hace evidente —como lo ha señalado el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos (2021), que agrupa a más de 70 colectivos de búsqueda en el país— que un delito como la desaparición se vincula con las actividades delictivas que realizan grupos del narcotráfico como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y Los Zetas.

En el caso del primer grupo, su presencia en Jalisco desde 2007 ha ocasionado que este estado sea el de mayor número de personas desaparecidas en el país. En el caso de Tamaulipas, donde aún siguen operando los otros dos grupos delictivos, entre 2007 y 2016 la desaparición se usó como una estrategia de terror para obtener el control y dominio del territorio (Franco, 2019b).

La Gráfica 5 expone en términos temporales cómo es que la desaparición, en tanto práctica delictiva, se ha reportado en el país. Su repunte inició en el año 2006, lo que concuerda con el inicio de la afronta gubernamental contra el crimen organizado, aunque, como señala Oswaldo Zavala (2018), no se debe olvidar que esta fue también una narrativa para ocultar las redes del poder oficial que determinan los flujos de droga.

Anteriormente, la desaparición forzada de personas fue una estrategia que utilizó de manera sistemática el Estado Mexicano para desaparecer a adversarios políticos o a grupos disidentes que, desde su concepción, ponían en duda o en riesgo la ideología política dominante. En este sentido, es importante no olvidar que, si bien la desaparición es un delito importante en el presente, también lo fue en el pasado, pues la lucha por la localización de las y los desaparecidos de los años 60 o 70 constituye un marco organizativo e interpretativo importante para entender la manera en que las desapariciones actuales ocurren, articulando las relaciones de poder entre el Estado y un poder fáctico como lo es el crimen organizado (Vicente Ovalle, 2019).

En cuanto al género, podemos ver que el 75 por ciento de las personas que han sido desaparecidas en el país son hombres, el 24.5 por ciento son mujeres y de un porcentaje menor (514 personas en total) se desconoce su sexo. Es importante señalar, como podemos observar en la Gráfica 6, que quienes son las víctimas más reiteradas de la desaparición en México son jóvenes entre los 15 y 29 años de edad y que pertenecen a una clase media o baja. De las 90 196 personas desaparecidas en el país, 36 166 son jóvenes, es decir, el 40 por ciento de todas las desapariciones. De estos jóvenes desaparecidos, 25 235 son hombres, 10 786 mujeres y 145 de los que se desconoce su sexo.²

Esto significa que en México la generación nacida entre 1991 y 2014 se ha convertido en la principal víctima de desaparición. Ahora bien, en cuando a los estados donde más se desaparecen a los jóvenes, tenemos: Jalisco (6219 desapariciones), Estado de México (6243), Tamaulipas (5760), Nuevo León (3303), Sinaloa (2334), Michoacán (1964) y Sonora (1953). Estos estados conjuntan el 60 por ciento de todas las desapariciones de hombres y mujeres jóvenes del país.

¿Por qué se desaparece a los jóvenes en México?

Las aristas no solo son complejas, sino también múltiples y dependen de diversos factores como 1) la zona en donde ocurre la desaparición; 2) el sexo y edad de la persona desaparecida; 3) las autoridades que gobiernan en ese estado o municipio y, sobre todo, 4) el grupo de la delincuencia organizada que domina el territorio donde un hombre o mujer joven fueron desaparecidos. Esto último toma relevancia no porque los jóvenes tengan vinculación directa con el narcotráfico, sino porque son las actividades delincuenciales del crimen organizado las que generan las condiciones para que las desapariciones se perpetren, en la mayoría de los casos, con la colusión de las autoridades municipales, estatales y federales (Franco, 2018).

A continuación, se intentará explicar lo anterior con el contexto del estado donde he dedicado más de nueve años a investigar la desaparición de personas: Jalisco.

Este territorio ha estado bajo el dominio y terror del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde el año 2007, con lo cual podemos observar que el grupo delictivo surgió, creció y se consolidó en plena “guerra contra el narcotráfico”. El CJNG posee un dominio territorial sectorial, es decir, tiene encargados regionales que realizan no solo las tareas de control, sino también las de producción y trasiego de droga, principalmente, metanfetamina. Sus actividades incluyen tanto la protección del territorio contra grupos rivales como las relaciones de colusión y corrupción que se establecen con autoridades estatales y municipales, así como la comisión de delitos como extorsión, desaparición y homicidios.

A lo largo de las 13 regiones geográficas en las que se divide Jalisco, el CJNG ha logrado diversificar sus actividades ilícitas que requiere de una creciente mano de obra para funcionar como la maquinaria transnacional que es. Ahí es donde existe una posible explicación del por qué son los jóvenes, más que cualquier otra población, a quienes más se les desaparece, pues su fuerza laboral es, para esta organización criminal, un bien invaluable y necesario para:

1. El funcionamiento de la trata de blanca y el comercio sexual.

2. La siembra de marihuana o amapola.

3. La producción química de drogas sintéticas.

4. El trasiego de la droga.

5. Las labores de sicariato (vigilante) dentro y fuera del territorio dominado.

6. La extracción ilegal de minerales, principalmente hierro, para ser intercambiados en el mercado negro por los precursores químicos que el cártel utiliza para elaborar metanfetamina.

Existe, sin embargo, una última desaparición que implica la deshumanización del cuerpo y la disolución de la dignidad humana como si se tratasen, las y los desaparecidos, de cuerpos desechables en el marco de una “economía de muerte”. En esta economía, las personas “ya no se conciben como seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino que son reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles” (Mbembe, 2011: 15), ya sea que se usen como fuerza laboral forzada o como estafetas de un mensaje de terror y poder.

A continuación se presentan algunas historias que dan cuentan y, a la vez, confirman la desaparición de jóvenes en Jalisco para el trabajo y esclavitud forzada en el marco de una economía de muerte impulsada por prácticas de necropolítica y capitalismo gore.

Juan, de 19 años, es originario de la región serrana de Jalisco.³ Sus labores cotidianas se dividían entre el negocio familiar y sus estudios hasta que fue desaparecido, junto con otros jóvenes, en el municipio de San Gabriel. Él permaneció poco más de tres años en los grandes sembradíos de amapola que el CJNG posee en la serranía jalisciense, pero un día una distracción de sus captores le permitió escapar. Corrió durante tres días y vivió trepado en la copa de un árbol otros dos. Tenía miedo de ser descubierto, ya que sabía que la muerte era lo único que le esperaba, como sucedió con otros jóvenes que pelearon por su libertad dentro de esos campos de trabajos forzados y hoy sus cuerpos están en las fosas clandestinas que alguna vez Juan tuvo que cavar para enterrar a quienes, como él, solo fueron desaparecidos para satisfacer la producción de amapola de la organización criminal.

Otra historia de terror fue la que vivió Luis, de 21 años,⁴ quien acudió a una cita de trabajo en el municipio de Tala. La falta de oportunidades y de recursos lo hizo trasladarse a este municipio para obtener el empleo que le permitiría seguir estudiando. Todo pintaba bien, el empleo era atractivo y se lo habían otorgado, pero el problema surgió cuando le dijeron que antes de regresar a casa lo llevarían a conocer “la empresa de seguridad” que lo acababa de contratar; él aceptó ir y fue ahí cuando se le desapareció. La amenaza con la cual lo mantenían sometido era matar a su familia. Luis sabía que les había entregado todos los datos para localizar a su familia cuando se presentó en “la entrevista de trabajo”. Más de dos años vivió siendo un sicario a las órdenes de la organización criminal; como él, muchos otros jóvenes eran obligados a matar y desaparecer. Sus vidas y cuerpos eran desechables para el cártel.

Estos empleos como guardia de seguridad resultaron ser la fachada para los campos de adiestramiento forzado que el CJNG posee en diversos puntos de Jalisco. Ahí llegan decenas de jóvenes para ser entrenados en el manejo de armas de grueso calibre y posteriormente ser la primera línea de choque que el cártel usa en su combate contra grupos enemigos o contra elementos del Estado.

Como podemos ver con estas historias, se trata de la necropolítica (Mbembe, 2011) y el capitalismo gore (Valencia, 2016) en su máxima expresión, aunque aquí no se trata de un poder soberano, sino de un poder fáctico que:

concibe a los cuerpos como productos de intercambio que alteran y rompen las lógicas del proceso de producción del capital, ya que subvierten los términos de éste al sacar del juego la fase de producción de mercancía, sustituyéndola por una mercancía encarnada literalmente por el cuerpo y la vida humana, a través de técnicas predatorias de violencia extrema como el secuestro y el asesinato por encargo (Valencia, 2017: 25).

La historia de Luis se inscribe en estas lógicas de muerte que la filósofa Sayak Valencia ha construido para explicar que hoy en día México está subsumido en un proceso de narcoempoderamiento, donde lo que transforma todo contexto o situación no es la posibilidad de acción o autopoder, sino el alto grado de vulnerabilidad o subalternidad que se configura a través de “acciones distópicas y de autoafirmación perversa logradas por medio de prácticas violentas” (2016: 31). El narco-poder es una de las máximas expresiones de un capitalismo gore donde “la muerte se ha convertido en el negocio más rentable” (2016: 26).

Los arcos del milenioCJNG